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Constancia histórica
Iván Cepeda Castro
Esta semana en San Onofre, Sucre, la Fiscalía halló una fosa común que
contiene 20 cadáveres. Las denuncias hablan de que cerca de 200
campesinos, desaparecidos desde el 2001, estarían enterrados en ese
mismo lugar. Todo indica que la responsabilidad por estos hechos es del
grupo paramilitar "Héroes de los Montes de María".
Se trata de la misma
región, donde masacres como la de El Salado, perpetrada entre el 16 y el
19 de febrero de 2000, han sembrado el terror y la zozobra. Entre los
muchos actos de violencia cometidos por los grupos paramilitares, con la
complicidad de estamentos de la Fuerza Pública, la masacre de El Salado
pasará a la historia como el paradigma de la crueldad y los extremos a
los que se ha llegado en el ultraje a la dignidad humana en Colombia.
Según testimonios de los sobrevivientes, los paramilitares concentraron
a la población y colocaron en el centro de una cancha de fútbol la mesa
que utilizaba el cura párroco local como altar en la iglesia. Allí
torturaron a más de 40 personas que después ejecutaron. Los verdugos
obligaron a las mujeres de la comunidad a cocinarles y servirles. Se
emborracharon y, mientras unos seguían torturando, otros decidieron
bailar con algunas de ellas al son de una parranda vallenata. Luego las
violaron y asesinaron.
También maltrataron y
mataron a niñas y ancianos. Durante los días que duró esta orgía de
muerte no permitieron que nadie abandonara la cancha deportiva,
obligando así a la población a que presenciara los suplicios y
humillaciones de sus familiares, los líderes de su comunidad, sus amigos
y vecinos. Los testigos narran que el llanto y los gritos angustiados de
las víctimas eran motivo de risa para los agresores.
Es difícil determinar
a ciencia cierta el grado de destrucción y los efectos sociales que
masacres como éstas han provocado en muchas partes del país. Decir que
se perdieron vidas humanas, y que fueron aniquilados los lazos
colectivos, el espacio de la convivencia, las familias e instituciones
locales, es a todas luces insuficiente. A esta devastación se añade que
mientras los sobrevivientes padecen hoy el desplazamiento forzado y la
aflicción de los recuerdos de esas jornadas de horror, los criminales se
han convertido en los nuevos señores de la región, y ejercen el poder a
través de sus redes mafiosas sobre las comunidades sometidas.
A pesar de todas las
advertencias y recomendaciones hechas desde diversos sectores de la
sociedad colombiana y la comunidad internacional, el Gobierno ha
utilizado numerosas artimañas para hacer aprobar una ley de impunidad
que cobije actos aberrantes de semejante magnitud y sevicia. Frente a
esta situación, un sector minoritario de la oposición presentará en el
Congreso de la República una moción, suscrita también por numerosas
organizaciones de víctimas y movimientos sociales, pidiendo que se
archive el proyecto de ley. En esa proposición se advierte acerca de las
graves consecuencias sociales y jurídicas de un modelo de "alternatividad
penal" para crímenes de lesa humanidad y genocidio; una de las cuales -como
se desprende del reciente mensaje dirigido por el Fiscal de la Corte
Penal Internacional al Gobierno- sería la activación de los
mecanismos de la justicia internacional.
Por otra parte, el
próximo 7 de abril, en la Plaza de Bolívar, se hará un acto nacional por
la verdad, la justicia y la reparación integral.. Tanto la moción de los
congresistas como la demostración pública en homenaje a las víctimas de
las masacres, las desapariciones y los desplazamientos forzados, tienen
el valor de una constancia histórica ante la impunidad que se busca
legitimar.
El
terrorismo y el conflicto armado
JUAN MANUEL LOPEZ CABALLERO
Es usual que un
gobierno tienda a tildar de terroristas a quienes buscan subvertir al
Estado, y los subversivos a sindicar de ‘Terrorismo de Estado’ la
reacción de éste. Por lo evidente que es el propósito de manipular con
la ambigüedad del término ‘terrorismo’, y de usarlo para objetivos
políticos, es que los códigos universales lo han excluido.
Ni toda subversión es
terrorismo, ni en el caso de que se usen métodos terroristas deja de ser
subversión. El ataque a un cuartel militar es un acto de guerra y el
rematar a los soldados heridos es un crimen de guerra; pero ni el uno ni
el otro son en sí necesariamente actos de terrorismo. Al igual que el
carácter terrorista es en esos casos complemento o agravante, otro tanto
sucede con los conflictos armados: ni quien participa en ellos es
necesariamente terrorista, ni por tener propósitos terroristas un
conflicto armado deja de serlo. El conflicto armado es una situación de
hecho y él cuando se da lo establece el DIH como parte del Jus Cogens (o
sea de las leyes de la humanidad); esa situación vive hoy Colombia.
El presidente Uribe ha
logrado vender un falso dilema con el planteamiento ‘terrorismo’ o
‘conflicto armado’, presentándolos como si fueran excluyentes o como si
uno subsumiera el otro.
La confusión o
manipulación se extiende a otros conceptos al afirmar que dentro del DIH
se excluiría los canjes, cuando en la reunión preparatoria a los
Convenios de Ginebra se estableció la obligación de orientar los
esfuerzos a obtener: “... b) un trato humano para todos los detenidos
políticos, su canje y, dentro de lo posible, su liberación; c) el
respeto de la vida y la libertad de los no combatientes;...”1; o cuando
dice que no puede haber prisioneros civiles cuando el 3 Convenio de
Ginebra es para las personas civiles en tiempos de guerra y su artículo
37 se titula “personas detenidas”; o cuando, so pretexto que la
obligación implícita en el DIH es la liberación de todos los rehenes,
niega la posibilidad de aliviar la suerte de algunos.
Como señalara alguno
de los familiares de los retenidos por la guerrilla, ellos son ahora
víctimas de la posición del Gobierno que niega el derecho de aliviar su
situación al desobedecer los preceptos humanitarios.
Además de incumplir la
obligación de buscar acuerdos humanitarios, al ‘desaparecer’ el
conflicto armado en alguna forma le permite ignorar a quienes no son
víctimas del ‘terrorismo’ pero sí del conflicto armado: los miembros de
la guerrilla muertos, heridos o mutilados, y sus allegados; las familias
de las víctimas de ‘desaparición forzada’ (1.800 en 2003 y una cifra
superior en el 2004 según Asfaddes —asociación de familiares de los
desaparecidos—); los desplazados como consecuencia del enfrentamiento
que son indiferentes a cual de las partes sea la responsable (con un
crecimiento de 38% este año, según Codhes). Incluso los parientes de los
soldados que llevan años retenidos desde cuando fueron tomados
prisioneros en combate.
Nos encontramos
entonces en el círculo vicioso y perverso de que por engañar con el
término virtual o mediático de ‘terrorismo’ se ‘desvisibilizan’ las
víctimas causadas por el real conflicto armado, y en consecuencia, con
el falso argumento de que el terrorismo es lo que se ataca, se justifica
prolongar y multiplicar ese conflicto y en consecuencia las víctimas que
él produce.
La terminología
jurídica, y con más razón la penal, exige precisión en el lenguaje. No
es lo mismo la noción de uso diario que se refiere a la visión que tiene
quien utiliza el término, que la tipificación de la conducta que se
establece en el código. El presidente al utilizar el término
‘terroristas’ vaciándolo de todo contenido jurídico (ni siquiera lo
relaciona con el propósito de producir terror) y al omitir cualquier
marco de referencia para precisar de que habla (puesto que no reconoce,
ni menciona, ni explica su ausencia de los códigos humanitarios o su
tipificación en nuestro ámbito al usarlo) lo que hace simplemente es
volverlo sinónimo de ‘los malos’ sustituyendo una palabra por la otra.
Esto corresponde a una
visión —pero también a una estrategia—, que divide el mundo entre los
‘buenos’ y los ‘malos’; según la cual la función de los primeros es
erradicar a los segundos; según la cual para eso se tiene la fuerza y el
poder, y es mediante ellos que puede lograrlo; según la cual el fin
justifica los medios, y por lo tanto códigos, principios, y en general
las instituciones Políticas, de Derecho, o Humanitarias cuando son
obstáculo para ese propósito deben ser desatendidas y/o reformadas; y
obviamente, según la cual uno es el representante de los ‘buenos’ y
quien tiene esa ‘misión’ en la vida.
Es una visión
compartida a muchos niveles, y con diferentes expresiones según quien la
aplique: para unos justifica los negocios de droga y las motosierras;
para otros el acudir a la peor politiquería para la compra de votos y de
consciencias, y la negación de la jerarquía de la Constitución y del Jus
Cogens como marcos consensuales de obligatorio cumplimiento; y para
otros el derecho a adelantar ‘guerras preventivas’ y crear reductos
donde no rige ningún Derecho ni ninguna Justicia, como es la base de
Guantánamo. En alguna forma es lo que se llama el aire de los tiempos, y
evidentemente hay quienes cabalgan sobre esa ola.
1 Compilación de
jurisprudencia y doctrina. Derechos Humanos, Derecho Internacional
Humanitario y Derecho Penal Internacional, Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas, Bogotá, junio 2001; pag.2
La guerra en el Nordeste Antioqueño: Entre
las partes y contra la población civil
Cahucopana
Durante las últimas
semanas se vienen presentando en esta región
fuertes combates entre efectivos de la Brigada XIV del Ejército
Nacional y las guerrillas de las FARC-EP y el ELN.
El Ejército está
realizando ametrallamientos desde helicópteros de
manera indiscriminada en cercanías de objetivos civiles, poniendo en
alto riesgo a la población campesina.
En la vereda Carrizal,
en jurisdicción del municipio de Segovia, el
Ejército cerró una mina de oro de explotación artesanal dejando sin
trabajo e ingresos a 20 familias de este caserío. La razón para el
cierre que adujo el Ejército fue que esta mina pertenece a la
guerrilla. Argumento totalmente infundado que sirve sólo para reprimir
a los mineros en una clara violación del derecho al trabajo.
Los miembros del
Ejército acantonados en la vereda Carrizal han
pintado en las paredes de las casas y en los árboles consignas
alusivas a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), sigla bajo la
cual se esconden todos los carteles sicariales del narcotráfico al
servicio de la estrategia paramilitar de guerra sucia del Estado
colombiano.
Los militares están
amenazando a mineros y campesinos con la repetida
frase: "En cuanto nosotros salgamos prepárense que vienen los
paramilitares". El Ejército continúa utilizando en su accionar contra
civiles al reconocido paramilitar Carlos E. Lombana, identificado con
cédula de ciudadanía No. 3'557.848 de Puerto Salgar, Cundinamarca,
perteneciente al Bloque Central Bolívar de las AUC y residenciado en
la ciudad de Barrancabermeja.
Rechazamos la
situación de confinamiento a que están sometidos los
pobladores de las veredas Carrizal, Piñal y Lejanías por parte del
Ejército, que impide la libre movilización de los civiles sin su
previa autorización, además interrogando de dónde vienen y para dónde
van los campesinos.
Rechazamos igualmente
el uso indiscriminado de campos minados por
parte de la guerrilla en la zona, pues la utilización de las minas
antipersonales aumenta el grado de confinamiento, zozobra y temor
generalizado de las comunidades.
El operativo militar y
la política represiva del Estado colombiano se
realiza a pocos días de la realización de la Segunda Acción
Humanitaria al Nordeste Antioqueño (del 8 al 12 de abril),
pretendiendo inviabilizar esta acción de denuncia, atención y
acompañamiento a las comunidades victimizadas.
Ante esta situación
violatoria de los derechos humanos del
campesinado, invitamos a la comunidad nacional e internacional a
participar activamente en la Segunda Acción Humanitaria al Nordeste
Antioqueño, a observar, verificar y denunciar la difícil situación
humanitaria a la que están siendo sometidos los pobladores del
Nordeste Antioqueño en medio de la guerra.
HEMOS COMENZADO A DESPLAZAMOS ANTE LA PRESENCIA DE LA POLICIA
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO
La Comunidad de Paz de
San José de Apartadó anuncia que hoy 1 de abril hemos comenzado a
desplazarnos del corregimiento de San José. Desde el 30 de marzo, la
policía viene entrando al caserío de San José con psicólogos, sociólogos,
con personas filmándonos y entregando volantes donde se plantea un
trabajo conjunto de la policía con la comunidad y que ha sido concertado
con nosotros. El 30 de marzo entraron hacia las 2 p.m. y repartieron
volantes manifestando que la policía realizaría labores educativas con
los niños, resolución de conflictos, labores sociales; luego de
filmarnos, salieron hacia las 2:40 p.m. El 31 de marzo hacia las 11 a.m.
llegó hasta la entrada del caserío de San José una moto con dos personas
de civil con armas cortas, luego se presentó el sacerdote de la policía,
anunciando con un megáfono la llegada de la policía. Media hora después
entró una chiva repleta de unas 100 personas entre ellas varios policías
con dulces y tambores invitando a la comunidad a trabajar con la policía
y filmando el caserío y a sus pobladores. Varios niños se negaron a
recibir los regalos y dulces que estaban repartiendo y así mismo hizo la
comunidad. Frente a esta respuesta, varios policías y el sacerdote se
enojaron diciéndonos que la teníamos que pagar muy caro.
Es realmente
ultrajante lo que viene haciendo el gobierno. El ejército ha realizado
una masacre de ocho personas entre ellas un líder de la comunidad y como
respuesta nos manda la policía para supuestamente solucionar nuestros
problemas y realizar una labor social, olvidando las cuatro reuniones
que se tuvieron con el Vicepresidente frente a la supuesta concertación
sobre la instalación del puesto de policía (la última realizada en la
última semana de enero donde estaba Luis Eduardo, líder asesinado).
Ante esta situación,
vemos que no tiene sentido en estos momentos seguir dialogando con el
gobierno en la concertación de las medidas provisionales. Durante dos
años nos reunimos con sus delegados periódicamente dentro de la
concertación de dichas medidas y sólo vemos un incremento de agresiones
y la búsqueda de la destrucción de nuestro proceso. A través de un
derecho de petición solicitamos conocer cuál es la posición del gobierno
frente a la comunidad y si se tomarían en forma concertada las medidas
de protección como ordenó la Corte Interamericana. La única respuesta
que hemos obtenido es la entrada de la policía y sus acciones
psicosociales.. El gobierno tomó una decisión de guerra ante una
comunidad que cree en la paz y que vive en ella. Ahora guardaremos
silencio con las instancias del estado, sólo mantendremos comunicación
permanente con la defensoría del pueblo y con la procuraduría nacional
para que haya atención sobre nuestro albergue de casas y sea respetado
como propiedad privada que es.
Nos estamos
desplazando hacia la finca La Holandita, propiedad de la Comunidad.
Hemos venido dejando nuestros hogares cerrados y hemos pedido a la
defensoría que verifique como han quedado las casas en San José. Hemos
filmado el caserío para dejar constancia de cómo viene quedando y hemos
hecho un inventario por casa, para que no realicen montajes como los que
ha intentado hacer la fuerza pública durante años. Exigimos que se
respeten nuestras viviendas y esperamos regresar algún día. Esperamos
también que no sean tomadas por los paramilitares como ha sucedido en
muchos lugares del país.
Siempre hemos dicho
que vivimos en medio de la guerra. No aceptamos los señalamientos que
nos han hecho y por eso nos mantenemos en nuestros principios de
neutralidad. Exigimos el respeto al lugar en que estamos y que es
propiedad privada. Exigimos el respeto de los actores armados a nuestro
proceso, a las zonas humanitarias y a las familias que han decidido
quedarse en el caserío de San José. No aceptamos la infamia de los que
quieren decir que las familias han sido obligadas a salir o que ha sido
simplemente una decisión de los líderes. Esta una decisión colectiva y
quienes no la comparten están en todo su derecho. Nosotros seguimos
firmes en la búsqueda del respeto de la población civil y ser ajena a
cualquier actor armado.
Pedimos la solidaridad
internacional y nacional ante estos momentos de destrucción que pretende
realizar de nuestro proceso. Sabemos que algún día la historia juzgará
estos hechos, estos atropellos, estas injusticias, este Crimen de Lesa
Humanidad que se ha realizado contra nuestra comunidad. También llegará
el día en que algún gobierno respete las iniciativas de paz que nacen
desde las comunidades civiles que sufren la guerra, creemos que lo que
han hecho con nosotros es un error histórico para el país y para la
humanidad y ésta algún día se encargará de juzgarlo.
Reacción de Amnistía Internacional ante la visita del presidente
Rodríguez Zapatero a Colombia
Ocasión perdida para una política exterior de derechos humanos
Amnistía Internacional Madrid
Amnistía Internacional se ha dirigido hoy por carta urgente al
presidente José Luis Rodríguez Zapatero para expresarle la preocupación
de la organización en relación con la política exterior española hacia
Colombia. Durante la reciente visita a este país del presidente del
Gobierno español, y según las informaciones aparecidas en la prensa, no
se ha tratado con la relevancia que merecen las preocupaciones sobre la
continuada crisis de derechos humanos a la que se enfrenta Colombia
desde hace décadas.
Para Amnistía
Internacional se trata de una ocasión perdida de desarrollar una
política exterior comprometida con los derechos humanos.
La organización
considera que el Gobierno español debería desarrollar un papel mucho más
relevante y comprometido con la defensa de los derechos humanos,
exigiendo al Gobierno colombiano que ponga en marcha las
recomendaciones de Naciones Unidas y no respaldando las políticas del
Gobierno colombiano contrarias a esas mismas recomendaciones.
En opinión de Amnistía
Internacional, el Gobierno español ignora en sus relaciones con Colombia
la sistemática violación de los derechos humanos y del derecho
internacional humanitario por parte de todas las partes armadas en el
conflicto colombiano, esto es, la fuerza pública colombiana, los grupos
paramilitares respaldados por el Ejército y los grupos armados de
oposición. Aunque en los últimos años algunos indicadores de la
violencia política han descendido, como el secuestro y los homicidios,
la situación de los derechos humanos en Colombia se mantiene muy crítica
, afectando con especial rigor a la población civil.
Los civiles continúan
sufriendo de manera desproporcionada el conflicto armado, mientras que
algunas de las políticas del Gobierno colombiano empujan aún más a los
civiles dentro del conflicto, como la creación de un ejército de
soldados campesinos o el establecimiento de una red de informantes
civiles. Mujeres y niñas han sido violadas, asesinadas, desaparecidas" y
mutiladas a manos de todas las partes en conflicto, con el fin de
aterrorizar a la población civil o por venganza entre los actores
armados. Al mismo tiempo, los defensores de los derechos humanos y los
activistas sociales siguen siendo perseguidos, amenazados y, en
ocasiones, asesinados.
Prueba de ello es la
reciente masacre ocurrida en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
En febrero de 2005, ocho miembros de la comunidad, incluidos mujeres y
niños de corta edad, murieron a manos de hombres armados que, según los
informes, se identificaron como miembros del ejército colombiano.
Amnistía Internacional
considera que el cumplimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas
sigue siendo la condición imprescindible para que se produzcan avances
en la protección y el respeto de los derechos humanos en Colombia, y por
tanto para mantener la asistencia internacional a ese país. En este
sentido, el Gobierno español debe tener en consideración la proposición
No de Ley aprobada en el Congreso de los Diputados en junio de
2004, promovida por el Partido Socialista, en la que se le insta, entre
otras cuestiones, a comprometer al Gobierno colombiano en el
cumplimiento de las 27 recomendaciones del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos.
CARTA ABIERTA
1 de abril de 2005
Señor
Álvaro Uribe Vélez
Presidente de Colombia
Palacio de Nariño, Bogotá
Sr. Presidente Uribe,
Quienes firmamos esta carta abierta, somos académicos,
investigadores, juristas o interlocutores en foros de reflexión y acción
sobre la realidad del mundo. Hasta nosotros y los espacios de nuestro
trabajo, desde hace años han llegado las voces de incontables e
inolvidables víctimas de la violencia social y política que vive
Colombia. Les hemos escuchado y sabemos de su sufrimiento. A muchas les
hemos acompañado, y de la mano del testimonio que han dado y de las
objetivas circunstancias de injusticia que comprobamos, hemos
profundizado nuestro conocimiento acerca de las causas y las
consecuencias de una de las confrontaciones más desgarradoras en el
planeta.
El pasado 21 de
febrero, se consumó una matanza espantosa, en San José de Apartadó,
Urabá, contra campesinos, niños y mujeres en estado de indefensión.
Estas personas humildes fueron asesinadas con la mayor sevicia. Sus
cuerpos estaban descuartizados. Es uno de esos crímenes de lesa
humanidad imborrables, de los cientos que militares y paramilitares han
cometido impunemente durante muchos años. Allí fue asesinado Luis
Eduardo Guerra, cofundador de una Comunidad de Paz que conocemos. Así
también el sábado 5 de marzo fue desaparecida, torturada y asesinada
Irma Areiza, de la Comunidad de Dabeiba. De igual forma, el 29 de enero
fue asesinado el líder Pedro Murillo, de la Comunidad de Jiguamiandó.
Las tres personas además de ser promotoras de resistencias civiles en
estas meritorias Comunidades, eran testigos directos de crímenes de la
estrategia paramilitar en la misma región. Al tiempo, personas como
Javier Giraldo, sacerdote jesuita a quien conocemos hace décadas, otros
miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y más defensores
de estas Comunidades, a quienes tratamos por su trabajo a favor de los
derechos humanos, han sido amenazados o acusados por organismos
estatales represivos, de ser apoyos o miembros de la insurgencia.
Su Gobierno en lugar
de pedir perdón públicamente y rectificar, ha amenazado de manera
reiterada y ordenado acabar con estas Comunidades, al anunciar que las
tropas que han sido sistemáticamente agresoras y homicidas, van a ocupar
militarmente las tierras de estas poblaciones, no sólo destruyendo su
principio rector de neutralidad y distinción en el conflicto, sino
asegurando el despojo de estos territorios y títulos colectivos, que ya
vienen siendo usurpados violentamente por salvajes proyectos económicos.
Ya tenemos claro, Sr. Presidente Uribe, con todos los elementos de
juicio, previos a la masacre y posteriores a ella, que está en marcha la
decisión de aniquilar esta valiosa y digna experiencia de construcción
social de valores de humanidad, que su Gobierno no está dispuesto a
compartir, como Usted lo ha expresado claramente en sus discursos de
ataque a la Comunidad, uno de ellos el 27 de mayo de 2004, y hace unos
días, el domingo 20 de marzo de 2005, en un consejo de seguridad, en la
misma zona donde fue cometida tan execrable masacre. En esta última
oportunidad, Usted ha apuntado que “líderes, patrocinadores y defensores”
de las Comunidades sirven a la subversión o al terrorismo. Mientras,
convergen aterradoras amenazas, en Cacarica y Jiguamiandó en esta última
semana, como el pasado martes 29 de marzo en Bogotá, con anuncios
anónimos de asesinato de los integrantes de Justicia y Paz.
La tragedia colombiana
nos conmueve e interpela éticamente. El silencio y la omisión nos
parecen terriblemente cómplices. No compartimos el objetivo de
tergiversar la realidad, como se pretende al punto de mantener la
absurda tesis de negar la existencia del conflicto, pisoteando la
memoria de las víctimas y atacando a quienes buscan sembrar esperanza en
medio de una guerra cruenta. Este mecanismo y otros de falseamiento,
operan a favor de la impunidad que su gobierno está consolidando.
Deseamos ver a Colombia en Paz y Justicia. Que no haya ni un muerto ni
un desaparecido más. Que ninguna persona sea detenida o amenazada por su
lucha por la verdad, la justicia y la reparación dignas.
Hacemos responsable
directamente al gobierno que Ud. preside, Sr. Uribe Vélez, si esto
continúa pasando, o algo más grave sucediera, en las personas de Javier
Giraldo, los miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz u
otro defensor de derechos humanos o integrante de las Comunidades de paz
y resistencia que ellos y otras organizaciones acompañan, como la
Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la Comunidad de Vida y Trabajo
La Balsita de Dabeiba, las zonas humanitarias de las Comunidades de
Autodeterminación, Vida y Dignidad del Cacarica, del Jiguamiandó, y de
Familias de Curvaradó.
Suficiente evidencia
existe a nuestros ojos que ellos y ellas están en peligro por la
eficacia moral de su ejemplo. Hacemos este llamado respetuoso,
compartido por cientos de personas en todo el mundo, para que recapacite
y tal estrategia se detenga.
Atentamente,
François Houtart, sacerdote, sociólogo, profesor emérito de la
Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, Juan José Tamayo, teólogo,
escritor, académico, España, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nóbel de la
Paz, Argentina, Pierre Galand, Senador de Bélgica, Franz Hinkelammert,
escritor, economista, profesor, Alemania, Pedro Casaldáliga, Obispo de
São Felix de Araguaia, Mato Grosso, Brasil, Boaventura de Sousa Santos,
sociólogo, profesor de la Universidad de Coimbra, Portugal, Thomas
Gumbleton, Obispo Auxiliar, Arquidiócesis de Detroit, Estados Unidos,
Aviva Chomsky, académica, historiadora, Salem State College, Estados
Unidos, Joaquín Herrera Flores, jurista, escritor, académico, España,
Leonardo Boff, teólogo, filósofo, Brasil, Uxue Barkos Berruezo, Diputada
por Navarra al Congreso de los Diputados, España, Carlos Taibo Arias,
académico, escritor, España, José Luis Galán, jurista, acusación en
juicios de Madrid, por crímenes contra la humanidad, España, Enrique
Santiago Romero, acusación en juicios de Madrid, por crímenes contra la
humanidad, Vicepresidente Federación de Asociaciones de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos, Secretario General de la Comisión
Española de Ayuda al Refugiado, España, Virginia Díaz, jurista,
acusación en juicios de Madrid, por crímenes contra la humanidad,
España, Manuel Ollé Sesé, jurista, profesor universitario de derecho
penal, acusación en juicios de Madrid, por crímenes contra la humanidad,
Presidente Asociación Pro Derechos Humanos, España, Carlos Slepoy Prada,
jurista, acusación en juicios de Madrid, por crímenes contra la
humanidad, Argentina – España, Luis Cobiella, escritor, Primer Diputado
del Común, Premio de Bellas Artes e Interpretación, Canarias, España,
Pierluigi Di Piazza, Sacerdote, escritor, Director del Centro Ernesto
Balducci, Udine, Italia, Francisco Javier Vitoria, sacerdote, doctor en
teología, profesor Universidad de Deusto, País Vasco, España, Luis
Capilla, sacerdote, investigador social, escritor, España, Tarsicio
Lozano Huertas, Superior de la Comunidad de Jesuitas de Cadalso, Madrid,
España, José María Díez Alegría, teólogo, escritor y profesor emérito,
España, Javier Ruiz de Arana, S.J., Presidente del Comité de Solidaridad
Monseñor Oscar Romero, Madrid, España, José Luis Gómez Morales, Capellán
de prisiones y párroco, España, Isaura Navarro Casillas, Diputada al
Congreso, Secretaria Cuarta del Congreso de los Diputados, España,
Agustín Drake Drake, Vicepresidente del Comité de Solidaridad Monseñor
Oscar Romero, Madrid, España, José Ángel Cuerda, jurista, ex alcalde de
Vitoria, País Vasco, España, Javier Ortigosa, profesor universitario,
Presidente de la Asociación de Psicoterapeutas, "Laureano Cuesta",
Director del Instituto de Interacción y Dinámica Personal, España, José
Antonio García Monge, profesor universitario, escritor, España, Ramón
Fernández Durán, escritor, investigador sobre economía mundial, España,
Samuel Ruiz, Obispo emérito de San Cristóbal, Chiapas, México, Juan
Genovés, artista, pintor, escultor, España,
Siguen firmas
Detienen a cinco militares de Estados Unidos por tráfico de cocaína
desde Colombia
El Tiempo
Son miembros del
cuerpo de instructores antinarcóticos de tropas colombianas. Cayeron por
"presuntamente transportar" 16 kilos en un avión militar.
La detención se
produjo la tarde del martes en un lugar que no fue revelado.
La droga, al parecer,
iba a ser entregada en E.U. a traficantes para su comercialización. El
kilo de cocaína puesto en Miami tiene un costo cercano a los 25.000
dólares (unos 57,5 millones de pesos), mientras que en Nueva York la
misma cantidad es comprada en 35.000 dólares.
Fuentes colombianas
agregaron que todo indica que las autoridades de ese país los estaban
esperando para atraparlos. "Puede ser que en otras ocasiones habían
cometido el ilícito y los venían siguiendo. También es probable que se
dieron cuenta esta vez cuando metieron la droga en el avión", explicó la
fuente.
Sobre el hecho, el
Comando Sur dijo ayer: "Están bajo investigación acusados de intentar
transportar aproximadamente 16 kilogramos de cocaína abordo de un avión
militar estadounidense".
La identidad de los
militares no fue suministrada. El teniente coronel Eduardo Villavicencio,
portavoz del Comando Sur, se negó a divulgar el sitio exacto dónde están
recluidos los militares. Solo afirmó: "Están en territorio
estadounidense'".
"Esta es una
investigación en desarrollo sobre un hecho delictivo", acotó
Villavicencio, quien se abstuvo de revelar más detalles sobre el caso.
En la tarde de ayer,
el Ministerio de Defensa de Colombia, expidió un comunicado en el que
afirma que las capturas son el resultado de investigaciones conjuntas
con las autoridades de E.U.
"El Departamento de
Defensa y otras agencias federales, en estrecha colaboración con el
Gobierno colombiano, están investigando estos cargos tanto en Estados
Unidos como en Colombia. La investigación está en curso. En este momento
no se dará a conocer más información para proteger la integridad de la
investigación", puntualiza el escueto comunicado.
El gobierno
estadounidense ha aportado en los últimos cinco años cerca de 3.000
millones de dólares a la lucha contra el narcotráfico en Colombia, y
tiene militares acantonados como equipo de apoyo.
El año pasado el
Congreso de E.U. aprobó duplicar a 800 el número de militares de ese
país que pueden estar en Colombia trabajando en asesorías y
entrenamientos, y aumentó a 600 el cupo de contratistas.
Esta no es la primera
vez que funcionarios estadounidenses en servicio en Colombia aparecen
involucrados en tráfico de cocaína.
En 1999, Laurie Hiett,
esposa del coronel James Hiett -encargado de un grupo militar de ese
país que luchaba contra el tráfico de drogas en Colombia-, fue capturada
en su país por haber hecho seis envíos de cocaína a través de la valija
diplomática.
Alfonso López convoca
a todas las fuerzas políticas para derrotar a Uribe en elecciones de
2006
Yamit Amat
El ex presidente, en
entrevista con Yamid Amat, cree que los paramilitares tendrán un papel
capital en la reelección de Uribe, "amenazando gente".
(Nota del autor. En el
siguiente reportaje no incluyo presentación. Y no la produzco para no
correr el riesgo de equivocarme en alguna interpretación de las palabras
del ex presidente Alfonso López Michelsen. Prefiero, simplemente, citar
una frase del ex presentador de noticias de la CBS Walter Cronkite, a
propósito de un debate sobre informes periodísticos y reportajes: "La
censura corporativa es tan peligrosa como la censura gubernamental, y la
autocensura puede ser la forma más insidiosa de acallar las voces
críticas")
Señor ex presidente,
el senador Mario Uribe dijo hace unos días, en un reportaje en 'El
Espectador': "Estamos pensando muy seriamente en una cosa: que Álvaro
Uribe Vélez sea nuestro candidato a la presidencia en el 2006,
independientemente de lo que falle la Corte Constitucional". ¿Qué opina
usted?
El uribismo está
jugando a crear un hecho político, con la colaboración de ciertos medios.
Yo le propongo al Partido Liberal que enarbole la bandera de llevar a
Álvaro Uribe, cuando sea candidato presidencial, a la segunda vuelta,
para derrotarlo. Frente a la propuesta monstruosa del senador Mario
Uribe, de desconocer un eventual fallo adverso de la Corte
Constitucional, propongo que todos los sectores políticos que respetan
la Constitución obliguen a Uribe a ir a la segunda vuelta.
¿Para qué?
Ya le dije, para
derrotarlo.
¿Evitar que Uribe sea
elegido en la primera vuelta?
Exacto. Hablo desde el
punto de vista político, constitucional y jurídico. Me explico: la
propuesta del senador Uribe es una maniobra politiquera.. Así hay que
considerarla sin divagar en argumentos jurídicos.
Si la Corte
Constitucional declara inconstitucional el proyecto, es imposible que el
presidente Uribe acepte ser candidato.
Posiblemente. Pero
presionan a la Corte para crear una situación política. El país debe
reaccionar contra ese atropello.
¿Su propuesta de que
el liberalismo evite que el presidente Uribe sea reelegido en la primera
vuelta electoral, es un desafío al uribismo?
No, señor. Ni desafío
ni amenaza. Sólo digo que el Partido Liberal debe asumir la defensa de
la Constitución y proponer, para el efecto, que se cree un movimiento
sin nombres propios que una a todo el antiurbismo, para obligar a una
segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Hay que llevar al
presidente Uribe a la segunda vuelta. Hay que llenar las plazas
liberales con la bandera de la segunda vuelta.
¿Usted estaría
dispuesto a ir de nuevo a la plaza pública?
Si no asisto al
congreso liberal, espero que el Partido Liberal acoja mi propuesta. Y si
lo hace, y mi presencia en la plaza pública contribuye en algo, estoy
dispuesto a acompañar a quien sea en todas las plazas, para defender el
respeto a la Constitución.
¿Usted considera que
la propuesta del senador Uribe es...
Es una propuesta de
desconocer la Constitución. Es una propuesta de consultar la opinión
pública sobre un tema ambiguo, como es tener a Uribe de candidato por
encima de la Corte.
¿Por qué está usted en
contra de la posición de quienes proponen desconocer la Constitución, si
usted la desconoció cuando se inscribió como candidato liberal, y la
Constitución, entonces bajo el Frente Nacional, imponía que el
Presidente debía ser conservador?
Le voy a explicar. Yo
tengo un fallo del Consejo de Estado donde se dice que el que desconoció
la Constitución fue el Gobierno, no yo. La demanda contra la prohibición
de inscribir mi nombre la falló el Consejo de Estado, diciendo que era
inconstitucional la prohibición de inscribir mi nombre, porque uno no
puede confundir las prohibiciones con las nulidades. Lo que decía la
Constitución era que sería nula la elección. No que se prohibía. Lo
grave es que una interpretación de la Corte, que mide la Constitución,
la desconozca Uribe. Además, yo era, entonces, un dirigente político de
oposición. No representaba al Estado.
¿Por qué al comienzo
del reportaje calificó como monstruosa la idea de los partidarios del
senador Uribe?
Porque es monstruoso
que la falta de escrúpulos llegue al extremo de proponer el
desconocimiento por parte de la opinión pública de los futuros fallos de
la Corte.
¿Al margen de lo que
piense el Presidente, que, seguramente, está en contra de la propuesta
del senador Uribe?
Es un hecho político
que ellos quieren crear y contra ese hecho político hay que crear el
contrario. Vamos a demostrar que brincándose la Constitución,
brincándose el fallo de la Corte, Uribe puede ser derrotado, si se lleva
a ser contado en la segunda
vuelta. Hay que
convertir al liberalismo en el defensor de la Constitución.
¿Por qué tiene dudas
sobre su asistencia al Congreso liberal?
No tengo claro qué
tanto interés puedo finalmente tener en una competencia de ex
presidentes por ver quién se queda con la jefatura del partido.
¿Le parece buena una
jefatura única para el Partido Liberal?
Sí, pero es que lo que
cuenta ahora es llevar a Uribe a la segunda vuelta.
¿Hasta dónde cree
usted posible que la Corte tumbe la reelección?
Me parece secundario
frente a que el Partido Liberal tumbe al grupo sin escrúpulos que
pretende la reelección manejada desde Palacio.
Con un favoritismo del
70 por ciento del presidente Uribe, ¿de dónde van a salir los votos para
derrotarlos en la segunda vuelta?
Del hecho de que no
tuvo el 51 por ciento para ser elegido en la primera. Y si eso ocurre,
sobrevendrá la desmoralización.
¿Y cómo se hace para
que no tenga el 51 por ciento?
Movilizando al Partido
Liberal, al Partido Conservador, a todos los que piensan que la
Constitución debe respetarse.
El senador Uribe
aclaró que su propuesta de votar por el Presidente a pesar del fallo de
la Corte era simplemente una constancia histórica.
Entendámonos: con un
tono de desafío, están jugando a crear opinión alrededor de que nueve
jueces, los magistrados miembros de la Corte Constitucional, no pueden
desconocer la opinión del país. Cambiemos de escenario: no es que a los
pobres jueces los responsabilicen de la no reelección; es que, aplicando
la Constitución, hay que llevar a Uribe a segunda vuelta.
Si el Presidente no
alcanza la victoria en la primera, ¿lo ve perdido?
Sí. Le voy a decir por
qué. Porque los votos antiuribistas se pueden dividir en la primera.
Pero otra cosa ocurrirá en la segunda.
Si hay segunda vuelta,
¿Uribe no gana?
No gana. ¿Qué pasó con
el referendo? Porque no lo ganó Uribe, con esa fuerza que tenía. ¿Por
qué no lo ganó?
Quizás porque él no
estaba en juego...
¿No estaba en juego? ¡Por
Dios! Cayó a cama cuando perdió.
Sí, pero la gente no
votó contra él, votó contra las propuestas del referendo.
¿Quién era el jefe de
debate del referendo?
Él.
Bueno.
¿En el caso de la
reelección podría ocurrir el mismo fenómeno?
¡Claro! La propuesta
de Mario Uribe es una exhibición de inseguridad, que muestra, en cierto
modo, que el prestigio de Uribe no es tan arrollador como creen.
¿Usted no cree que
Uribe es tan popular como dicen las encuestas?
No.
¿Y no se requiere un 'antiUribe'
para conducir esa campaña?
No. Es un trabajo
electoral, circunscripción por circunscripción, enfrentando a todos los
que creen que Uribe es una bandera victoriosa.
¿Usted no cree que la
popularidad que tiene hoy el Presidente se origina en que es un buen
Presidente?
Es porque maneja a los
medios. ¿Por qué no le ha ido bien a Juan Manuel Santos si resolvió
cabalgar sobre el prestigio de Uribe?
Tal vez porque el
prestigio del Presidente no es endosable...
Pues, bueno: cuando se
les cree la conciencia a los liberales de que el prestigio de Uribe no
es transferible, y ellos no sientan vacilar sus curules, yo quiero ver
en qué quedan las mayorías actuales de Uribe en el Congreso. Tomar la
muleta roja y mostrar, a quienes creían al animal muerto, que el toro
está vivo.
Gaviria fue candidato
presidencial por la ausencia de Galán. ¿Podría serlo si hay ausencia de
Uribe?
Sí, claro. Eso es lo
que está haciendo; colocándose como una opción muy fuerte, si se crea un
vacío a consecuencia del fallo de la Corte.
¿No corre el riesgo de
que lo identifiquen a usted como un pensador 'anti': antiUribe,
antirreelección, antiGaviria?
Yo creo que esa fama
la tengo ya.
En medio de semejante
debate como el planteado, ¿qué cree usted que va a pasar?
Que los paramilitares
van a desempeñar un papel capital en la reelección de Uribe, sin
escrúpulos, amenazando gente.
¿A usted no le da
temor decir eso?
Mientras yo esté
haciendo columnas filosóficas sobre la reelección, sobre lo que dicen
los profesores alemanes, no me pasa nada. Pero en cuanto vean las
manifestaciones
liberales, con el
propósito de debilitar a Uribe y llevarlo a la segunda vuelta, quién
sabe. No olvide que Pastrana, de Presidente, me desafió, a propósito de
mi oposición a que anticipara las elecciones, provocando un plebiscito,
que luego lo extendió a todo el Congreso y, finalmente, tuvo que
desistir enviándome como a su vocero al doctor Guillermo Fernández de
Soto, quien era el de la idea de revocar al Congreso por segunda vez.
YAMID AMAT
Especial para EL
TIEMPO
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Encuentro presidencial en Venezuela: significados y logros
ALEJO VARGAS VELÁSQUEZ*
El encuentro de los
Presidentes de Brasil, Colombia, España y Venezuela tiene significados e
implicaciones más allá de los acuerdos formales o comunicados, que no
siempre reflejan todo lo que se conversó, ni las implicaciones a futuro
de lo tratado.
Se desarrolló entre
dos Presidentes que han tenido tensiones con USA –el gran ausente, pero
presente-: España, por la retirada de tropas de Irak precipitada con el
triunfo socialista y el abandono de la incondicionalidad frente a USA
del anterior gobierno; Venezuela, por la antipatía no disimulada que le
produce a Estados Unidos la estrecha relación con Cuba y las políticas
de confrontación venezolanas frente a estrategias como el ALCA, los TLC,
o la política antidrogas.
Pero los otros dos
Presidentes representan posiciones diferentes: Uribe, el más
incondicional de la política norteamericana en Sudamérica -entre otras
razones por depender cada vez más de su ayuda- y por ello mismo el que
siempre recibe elogios de los altos responsables de USA; Lula,
Presidente de una potencia de nivel medio con un espacio geopolítico
propio y con quién USA no quiere tener una relación tensionante, a pesar
de provenir de un partido de izquierda y presidir un gobierno de ese
signo.
Pero la reunión se
hizo dentro de un contexto en el cual Estados Unidos intenta
distensionar la relación con la región, en especial con Venezuela y
Brasil. La Secretaria de Estado, Condolezza Rice, en recientes
declaraciones a un periódico norteamericano, que algunos analistas
consideran como conciliadoras, señaló que si bien con Venezuela "hemos
tenido diferencias", más adelante anotó que "nadie quiere ser enemigo de
Venezuela o de su liderazgo" y en relación con Brasil y el Presidente
Lula dijo "algunas de nuestras mejores relaciones son con gobiernos que
vienen de la izquierda. Tenemos una relación muy buena con el presidente
Lula, por ejemplo", declaraciones entendibles en una región como la
suramericana con cinco gobiernos de izquierda y un país como Brasil que
muy seguramente será uno de los nuevos miembros del Consejo Permanente
de la ONU.
La tensión en la
región se sitúa en el caso boliviano, con un movimiento indígena que
representa más del sesenta por ciento del total de la población y que ha
convertido al MAS (Movimiento al Socialismo) y a su líder, Evo Morales,
en el más seguro próximo presidente de Bolivia, quien hace diez años
lideró "una gran marcha desde el Chapare hasta La Paz denominada 'Por el
Territorio, la Coca y la Dignidad Nacional', donde miles de productores
de coca, colonizadores y campesinos, pero también otros sectores
sociales demandamos al Estado que escuche el clamor de la mayoría
nacional", como lo recuerda el propio Evo en un reciente análisis a
propósito de los diez años de creación de su movimiento.
Sin embargo, para USA
allí radica por el momento su principal preocupación. Condolezza Rice
anota que el riesgo del populismo se basa en "una demagogia sobre
diferencias de clases", y lo considera "más peligroso en esta región,
porque aquí tiene algo de historia", con lo cual tiene algo de razón,
porque en Latinoamérica hay una historia de populismo pero que en su
momento jugó un importante papel en la construcción de los
Estados-Nación.
La reunión de
Presidentes, tres de gobiernos de izquierda y uno de centro-derecha,
puede ser beneficiosa para cada uno de ellos –por ejemplo tener apoyos a
la solución de la confrontación con la guerrilla en Colombia, o el
espaldarazo que recibió Venezuela de España y Brasil- y para la región
en su conjunto, si se logran impulsar iniciativas que distensionen las
relaciones entre vecinos, mejoren las posibilidades con la UE y hagan
que USA respete los procesos de autonomía política que se están viviendo
en la región.
*Profesor Universidad
Nacional
San
José de Apartadó - La Paz Masacrada
Javier
Giraldo Moreno S.J.
Una llamada al
teléfono el pasado 23 de febrero me dejó confundido y conmocionado. Luis
Eduardo Guerra, uno de los impulsores más tenaces de la Comunidad de Paz
de San José de Apartadó, había desaparecido. Al otro lado del teléfono,
uno de los líderes actuales de la Comunidad me decía que todos los
indicios apuntaban a que había sido asesinado. Grupos numerosos de la
Comunidad ya habían partido en su búsqueda sin mucha esperanza. Las
llamadas se fueron multiplicando con el avance de las horas hasta que el
25 al amanecer me desplacé hacia San José en compañía de la ex Alcaldesa
de Apartadó, Gloria Cuartas, ya con la certeza trágica de que el cadáver
de Luis Eduardo había sido hallado, junto al de su compañera Bellanira y
al de su hijo Deiner Andrés, de 11 años. Otro líder de esa zona, Alfonso
Tuberquia, a quien yo también conocía y cuyo hijo, Santiago, había
bautizado pocas semanas antes, había sido masacrado junto con su esposa
y sus hijos.
Luego de 8 años de
registrar atrocidades perpetradas contra esa Comunidad heroica y de
denunciarlas ante todas las instancias posibles, me quedaba difícil, sin
embargo, decantar un análisis claro de lo que estaba ocurriendo. Por una
parte, me venían a la memoria las más de 500 agresiones denunciadas
anteriormente y me parecía que todo había ocurrido dentro de la misma
lógica y libreto de persecución y exterminio a que la Comunidad de Paz
venía siendo sometida desde su gestación en 1996; recordé con
estremecimiento muchas masacres anteriores y el hostigamiento permanente
a sus líderes e integrantes, lo que parecía imponerme una conclusión que
yo rehuía asumir por sus duros efectos desmoralizantes: nada ha cambiado;
la condena al exterminio se continúa aplicando implacablemente, así los
discursos del Estado hayan evolucionado. Pero, por otra parte, me venían
a la memoria tantas reuniones de concertación con el Estado, en
seguimiento a las medidas de protección que la Corte Interamericana de
Derechos Humanos había solicitado insistentemente al gobierno colombiano
desde octubre de 2000, precedidas por las Medidas Cautelares de la
Comisión Interamericana, asumidas desde noviembre de 1997. Recordé
especialmente muchas expresiones del Vicepresidente Francisco Santos y
de otros miembros de su despacho, que aseguraban que la Comunidad no iba
a ser destruida sino protegida por el Estado y que era una decisión
clara del gobierno actual concertar con la misma Comunidad lo más
conducente a su protección.
Lleno de interrogantes
llegué a San José de Apartadó aquel viernes 25 de febrero. Un
helicóptero del ejército sobrevoló el poblado con una enorme bolsa
colgante agitada por el viento. Las comunicaciones recibidas a través de
teléfonos satelitales de acompañantes internacionales, nos anunciaron
desde la zona de la masacre que ya habían sido exhumados y legalmente
levantados los despojos de cinco víctimas: Alfonso Tuberquia, su esposa
Sandra Milena Muñoz, sus hijos Natalia (5 años) y Santiago (18 meses) y
otro poblador de la zona, Alejandro Pérez Castaño. Todos los cuerpos
estaban mutilados y tenían estigmas de crueles torturas.
Con Gloria Cuartas y
algunos acompañantes internacionales decidimos ahorrarles a las familias
las penosas diligencias de reclamo de los cadáveres. Varias autoridades
se congregaron en el cementerio de Apartadó aquella tarde del sábado 26,
donde los trámites interminables de la entrega de los cuerpos se fueron
alternando con reclamos fuertes a las autoridades por la palpable
negligencia en el levantamiento de los otros cuerpos. En efecto, los
cadáveres de Luis Eduardo y de su familia no habían sido hallados, como
se creyó inicialmente, en ninguna de las dos fosas donde los victimarios
sepultaron apresuradamente a las últimas víctimas, en un campo de
cultivo de cacao, dentro de la finca de Alfonso, sino que fueron
encontrados a la intemperie, junto al río Mulatos, ya bastante devorados
por gallinazos y cerdos. Aunque la Fiscalía tuvo conocimiento del sitio
exacto en la tarde del viernes 25, solo llegó al lugar en la mañana del
domingo 27 a practicar los levantamientos legales, cuando ya el
agotamiento de los grupos de búsqueda era extremo y habían decidido
transportar los cuerpos sin esperar las diligencias oficiales.
Otro helicóptero
sobrevoló la zona con la macabra bolsa colgante y aquella tarde del
domingo se repitió la penosa experiencia de los trámites de entrega de
los cuerpos, en que los legalismos inútiles ofenden los sentimientos y
el sentido común. Una funeraria contratada por el Alcalde de Apartadó,
luego de los fuertes reclamos de Gloria Cuartas, se negó a transportar
los cuerpos porque era de noche. Un joven conductor de chiva se arriesgó
a llevarnos y dos días después fue amenazado de muerte por un
paramilitar protegido por el Coronel Duque, comandante del batallón que
controla la zona de San José. La destartalada "carroza fúnebre" pasó
cerca de la media noche por el Barrio Obrero de Apartadó, donde se
realizaba una verbena popular. Una multitud bailaba animada por consumo
generoso de alcohol. Nadie se dignó siquiera dedicar una mirada de
respeto a los féretros, interrumpiendo el baile. Era una comprobación
triste de la "cultura paramilitar" ya dominante en una ciudad que otrora
se distinguió por su elevada conciencia social.
Pasada la media noche
del domingo teníamos los ocho féretros reunidos en el kiosco que ha
servido para tantas asambleas comunitarias y donde se han tomado tantas
decisiones solidarias. Una vigilia con reflexiones, cantos y lecturas
bíblicas congregó a muchas personas en el amanecer del lunes 28,
esperando la hora del funeral, fijada para las 8 a.m. Con la voz
entrecortada presidí la Eucaristía exequial mientras era penetrado por
sentimientos intensos que se expresaban en cada gesto y en cada suspiro
de los participantes. Escogí un texto del cuarto Evangelio donde Jesús
afirma: "nadie me quita la vida sino que yo mismo la entrego para
volverla a recuperar", palabras que provocaron en sus oyentes el
veredicto de que "se había vuelto loco", mientras solo unos pocos
recapacitaron y dijeron: "alguien que le abre los ojos a los que están
ciegos, no puede estar loco". (Juan 10, 17-21). No solo veía reflejado
en ese texto el misterio de la muerte y de la vida de Luis Eduardo y
Bellanira, de Alfonso y Sandra, de Alejandro y de aquellos niños que
apenas se adentraban en la vida conducidos por unos padres convencidos y
heroicos, sino la vida y la muerte de toda esta Comunidad que ha pagado
el precio de más de 150 vidas por no someterse a unas estructuras de
muerte e indignidad que nos envuelven.
Algunos periodistas y
autoridades regionales consultaron por teléfono si podían asistir al
funeral. Quienes les respondieron, les expresaron la indignación ya
reinante en la Comunidad de Paz por las actitudes de autoridades y
periodistas, quienes en lugar de condenar tan horrendo crimen, iniciaban
ya una gigantesca campaña de estigmatización de las víctimas y de la
Comunidad, campaña que iría "in crescendo" en las semanas posteriores.
Las conversaciones con
más de 10 testigos presenciales me fueron permitiendo reconstruir el
itinerario del crimen. Unos de ellos fueron detenidos ilegalmente por
tropas del ejército que entraron el sábado 19 de febrero a la vereda La
Esperanza, confinándolos en una vivienda sin permitirles moverse de allí.
Otros vieron llegar las tropas en la tarde de ese sábado a la vereda Las
Nieves, donde al amanecer del domingo 20 irrumpieron violentamente en la
vivienda de Marcelino Moreno, disparándole mientras estaba acostado e
hiriendo a su niña. Marcelino, quien era miliciano, se levantó ya herido
a buscar un arma y se enfrentó a los soldados quienes lo mataron,
quedando herido en el enfrentamiento un soldado. Al recorrer la vereda
Las Nieves, dos de sus pobladores fueron perseguidos por los soldados,
quienes manifestaron en voz alta su intención de asesinarlos, pero un
encapuchado que no portaba uniforme militar les gritó que no dispararan
"porque iban a dañar el plan". Gracias a eso, los dos pobladores
lograron correr y esconderse sin ser alcanzados por la tropa, que al
parecer llevaba la consigna de no hacer mucho ruido con las armas para
que la gente no huyera. Al día siguiente, el lunes 21 de febrero, la
tropa aparece en la vereda Mulatos, contigua a Las Nieves, donde
encuentran por el camino a Luis Eduardo con su familia quien se dirige a
recoger un cacao en un cultivo de los suyos. Otro pariente que lo
acompañaba observó a un militar en el camino, a poca distancia, pero al
señalárselo a Luis Eduardo, el militar se agachó y se ocultó. Dicho
pariente invitó a Luis Eduardo a regresarse o huir porque era clara la
presencia del ejército, pero Luis Eduardo dijo que no iba a huir y que
si era necesario entraría en discusión con la tropa para que lo dejaran
recoger el cacao. Momentos después se fueron levantando por todos los
lados soldados que estaban ocultos a los lados del camino y le gritaron:
"alto y manos arriba". El pariente de Luis Eduardo huyó rápidamente por
entre el bosque y aunque gritaron que lo iban a detener, no le
dispararon, lo que permitió que se les escapara. Él afirmaría después: "ya
tenían a su presa principal y no la iban a soltar para perseguirme a mí".
Cuando iba a cierta distancia escuchó gritos de Luis Eduardo y de
Bellanira, su compañera, lo que permite concluir que fueron rápidamente
sometidos a torturas y muerte. Junto a sus cuerpos ya destrozados por
los animales, hallados a poca distancia del sitio donde fueron
capturados, fueron encontrados un garrote y un machete ensangrentados;
la cabeza de su hijo Deiner Andrés, de 11 años, fue hallada a 20 metros
de su cuerpo.
Las peculiares redes de comunicación de nuestros campesinos, que
funcionan con una rapidez difícil de entender para los citadinos,
pusieron en movimiento algunas alertas. Al medio día, un campesino llegó
a la casa de Alfonso Tuberquia, en la vereda La Resbalosa, a una hora de
distancia de Mulatos, mientras Alfonso, su familia y 4 trabajadores de
la finca estaban almorzando. Les alertó sobre la presencia del ejército
y la captura de Luis Eduardo y los invitó a desplazarse rápidamente,
pero mientras estaba comunicando esto, se dio cuenta de que ya la casa
de Alfonso estaba rodeada de tropa, y cuando todos salieron al patio, la
tropa disparó y ellos huyeron por un espacio aún no cercado por la tropa.
No pudieron recoger a Sandra y a los niños porque los disparos eran cada
segundo más intensos y los cálculos les decían que devolverse era ya
optar por la muerte. Alfonso y los trabajadores se refugiaron en una
casa distante a unos 20 minutos, pero a las 2 horas, cuando ya no se
escuchaban disparos, Alfonso decidió regresar a su casa a conocer la
suerte de su esposa y de sus hijos y a morir con ellos de ser necesario.
Prometió volver si era posible, pero luego de esperarlo hasta el medio
día siguiente, los trabajadores resolvieron acercarse a la finca a
indagar qué había ocurrido. Encontraron sangre y ropa ensangrentada por
todas partes y entendieron, profundamente conmovidos, en qué escenario
estaban. El cabello de la niña, Natalia, aparecía regado en diversos
sitios, en algunos con cuero cabelludo, como cercenado con un machete.
Luego de buscar mucho, encontraron tierra movida en el cultivo de cacao
y escarbaron un poco. Al reconocer pedazos mutilados del cuerpo de
Alfonso, horrorizados volvieron a tapar la fosa y huyeron. Alguien fue a
buscar rápidamente a los líderes de la Comunidad de Paz para
comunicarles lo ocurrido.
Los soldados avanzaron
en la misma tarde del lunes 21 hacia un sitio conocido como El Barro, en
los confines de las veredas Mulatos y Las Nieves, donde llegaron hacia
las 3 p.m. Allí vivían familiares de Luis Eduardo, quienes fueron
confinados con prohibición de moverse siquiera para tomar del campo algo
para comer. Sin saber de su parentesco, los soldados les contaron que
esa mañana "habían matado a tres guerrilleros", dando su descripción.
Los familiares comprendieron que las víctimas eran Luis Eduardo, su
compañera y su niño. Miembros de la tropa escribieron en un muro el
nombre de su unidad: "Contraguerrilla 33". Se trataba del Batallón de
Contraguerrilla No. 33 Cacique Lutaima, adscrito a la Brigada XVII del
ejército, el mismo que se identificaría luego, cuando llegaron los
fiscales a realizar el levantamiento de los cadáveres. En efecto, los
campesinos, expertos en rastreo de huellas, habían reconstruido el
recorrido de la tropa y habían comprobado que no existían huellas de
salida de la zona.
No quedaba duda.
Estábamos frente a un nuevo y horrendo crimen de Estado. La presencia de
algunos paramilitares mezclados en la tropa, cuya vestimenta es en gran
parte idéntica a la del ejército, solo confirma y agrava la
responsabilidad estatal en el crimen. Los campesinos han aprendido a
identificarlos plenamente a través de 9 años de experiencias horrendas.
Esfuerzos posteriores del gobierno por construir un relato ficticio
donde aparezca la insurgencia como autora del hecho, fueron tan
desafortunados que mostraron precisamente como "testigos" a dos jóvenes
que un año antes habían sido torturados por el Coronel Duque y sometidos
a un montaje judicial que sirvió de chantaje para obligarlos a ingresar
al "programa de reinserción", de modo que hoy están bajo la custodia de
sus propios victimarios, sin libertad alguna para tomar decisiones
autónomas. Pero como la inmensa mayoría de los colombianos no tiene
acceso a estas verdades, la difusión masiva de esas ignominias por los
medios de "información" se ha colocado como base de la campaña de
estigmatización de las víctimas y de la Comunidad de Paz, que el
gobierno está impulsando intensamente.
Se quiere hacer creer al país y al·
mundo que la fuerza pública no ha podido entrar, desde hace muchos años,
a San José de Apartadó, porque la Comunidad de Paz se lo prohíbe; cuando
la realidad es que casi no sale de allí.
Se quiere hacer creer al país y al mundo que·
la presencia de fuerza pública en todos los rincones del territorio
nacional es exigencia de la Constitución porque es para proteger a la
población y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Pero la
experiencia de San José revela, más bien, que siempre las ha pisoteado y
no ha protegido sino agredido permanentemente a la población civil,
perpetrando centenares de crímenes horrendos, como masacres, asesinatos,
desapariciones forzadas, torturas, violaciones carnales, saqueos y
pillajes de bienes de subsistencia, incineración de viviendas,
detenciones y allanamientos ilegales, robo de animales de carga, de los
dineros comunitarios y familiares, de herramientas de trabajo, amenazas
y actos de terrorismo; en pocas palabras, lo que la Constitución y las
leyes prohíben con mayor énfasis.
Se quiere hacer creer al país y al mundo que la comunidad "obstruye la
justicia", mientras la verdad es que ha rendido centenares de
declaraciones ante fiscales y procuradores sin ver jamás un acto de
justicia ni de reparación; mientras la verdad es que el Fiscal General
se ha negado a investigar, de acuerdo a Derecho, más de 300 crímenes de
lesa humanidad perpetrados contra la Comunidad de Paz, denunciados
formalmente en su despacho en noviembre de 2003; mientras la verdad es
que el gobierno se ha negado a constituir una Comisión de Evaluación de
la Justicia, pedida insistentemente por la Comunidad de Paz, ante la
evidencia de numerosas irregularidades en los procesos judiciales;
mientras la verdad es que incluso varios miembros de la Comunidad han
sido asesinados luego de rendir declaraciones.
Se quiere hacer creer
al país y al mundo que la Comunidad "tiene vínculos con la insurgencia",
mientras la verdad es que la insurgencia ha atacado 20 veces a miembros
de la Comunidad o a pobladores de la zona, siendo por ello fuertemente
cuestionada por la Comunidad en comunicados públicos; mientras la verdad
es que la Comunidad hace respetar de manera transparente su Reglamento
Interno que le impide colaborar con cualquier actor armado; mientras la
verdad es que las acusaciones sobre vínculos de miembros de la Comunidad
con la insurgencia han sido construidas en la Brigada XVII sobre falsos
testimonios de informantes pagados o extorsionados que no resistirían el
más mínimo análisis probatorio.
No hay duda de que la
Comunidad de Paz de San José de Apartadó, una propuesta plenamente
legítima para defender los derechos de la población civil en medio de la
guerra, atraviesa por momentos intensos de persecución que hacen
perentoria la solidaridad mundial.
27 de marzo de 2005.
PARLAMENTO EUROPEO E ITALIANO SOLICITAN RESPECTO DE LOS DERECHOS HUMANOS
EN COLOMBIA
Cristiano Morsolin
La masacre realizada
en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó el 21 de febrero,
despertó la movilización de la comunidad internacional; el Parlamento
Europeo reacciono expresando su profunda preocupación por la
salvaguardia de los Derechos Humanos en Colombia. El jueves 17 de marzo
un grupo de Senadores VERDES del Parlamento Italiano organizó en Roma
una conferencia de prensa para invocar justicia y verdad. El lunes 21 de
marzo la sociedad civil realizó una manifestación frente a la Embajada
Colombiana en Roma.
La reacción del
Parlamento Europeo
El 11 de marzo desde
Estrasburgo 60 miembros de izquierda del Parlamento Europeo (Monica
Frassoni - Presidenta del Grupo de los VERDES, Luisa Morgantini -
Presidenta de la Comisión Desarrollo, Helena Flautre - Presidenta de la
subcomisión Derechos Humanos, Alain Lipiez - Presidente de la Comisión
Andina, Francis Wurtz - Presidente del bloque de la Izquierda Unitaria
Europea GUE, entre otros) han enviado al Presidente Uribe una carta
colectiva para "expresar nuestra profunda preocupación por la masacre
que fue realizado en el distrito de San José de Apartado (Urabá) entre
el 21 y 22 de febrero. Entre las víctimas estaba Luis Eduardo Guerra,
un líder bien conocido de la comunidad de Paz de San José de Apartadó y
por lo menos cuatro menores de edad y dos mujeres.
Como ha sido indicado
por el Alto Comisionado de la ONU para los refugiados en su declaración
reciente que condenaban este masacre, "estos asesinatos son los últimos
de una cadena de ataques que, según la comunidad de San José de Apartadó,
han dejado 154 de sus miembros muertos desde 1997.
Las comunidades de paz
se establecieron a finales de los 90 en Urubá, región del noroeste de
Colombia compuesta por gente desplazada por el conflicto y que
gradualmente han retornado a sus comunidades. Las comunidades de paz
confían en la resistencia y la neutralidad civiles pacíficas. Rechazan
la presencia en su territorio de los grupos armados irregulares y del
ejército regular. El Sr. Guerra era un fundador de la comunidad de paz
de San José de Apartadó y la había representado en negociaciones con el
gobierno. Desde su fundación en 1997, UNHCR ha apoyado a San José de
Apartadó con varios proyectos. En 1997, la Comisión Interamericana para
los derechos humanos solicitó medidas especiales de protección a nombre
de la comunidad de paz de San José de Apartadó.
Vemos la iniciativa
pacífica de esta comunidad con buenos ojos, y por lo tanto consideramos
de extrema urgencia que sean tomadas las medidas inmediatas para
clarificar los hechos y los autores de esta masacre - particularmente
la participación de las fuerzas del Estado, y actuar para prevenir un
desplazamiento masivo en la comunidad. Le estamos escribiendo en el
contexto de las comisiones hechas por la Unión Europea en las
conclusiones del consejo de la EU de diciembre de 2004 y en la
declaración de Londres - ratificado en Cartagena en febrero de 2005,
sobre la importancia de garantizar la seguridad de esos individuos,
organizaciones o instituciones, incluyendo defensores de los derechos
humanos, que trabajan para la promoción y la protección de derechos
humanos, y proteger los derechos de minorías indígenas.
Con este fin,
preguntaríamos respetuosamente como considera las acciones siguientes:
- Realizar una
exhaustiva y imparcial investigación para clarificar los hechos
ocurridos, recolectando todos los testimonios para llevarlos a la
justicia, y para proporcionar la reparación para los parientes de las
víctimas y para la comunidad de Paz.
- Informar a la
comunidad internacional sobre las acciones que el gobierno realizará
para prevenir una acción similar en el futuro, en el marco del respeto
por los principios de la comunidad. Específicamente, cómo pondrá en
ejecución la sentencia T 327, emitida por la Corte Constitucional en
2004. Esta medida obliga a la brigada 17ma del ejército a garantizar y
proteger los derechos fundamentales de los habitantes de la comunidad de
Paz de San José de Apartadó, en acuerdo con las medidas provisionales
concedidas por la Corte Interamericana de derechos humanos desde el año
2000.·
- Garantizar a la
comunidad de la paz su derecho a tener un proyecto no-violento de la
vida permitiendo que permanezcan fuera del conflicto, sin que sufran
amenazas o ataques debido a esto, como es indicado por el principio de
la distinción observado por la ley International Humanitaria".
El 10 de Marzo de
2005 el grupo de la Izquierda Unitaria Europea - Nueva Izquierda Verde
(GUE/NGL) del Parlamento europeo - firmada por el Presidente Francis
WURTZ, envío una carta al Presidente Uribe para expresar "su más
profunda indignación frente a la masacre que ha sido cometida en
Colombia, en San José de Apartado entre el 21 y el 22 de febrero,
mediante la cual hombres armados asesinaron y cometieron sevicias contra
los civiles Luís Eduardo Guerra, líder muy conocido de la Comunidad de
Paz, así como dos mujeres y al menos cuatro niños menores.
Los indicios conocidas
hasta el momento, y todos los informes de organismos de derechos humanos
independientes señalan la responsabilidad del ejército colombiano en
estos hechos atroces.
Luís Eduardo Guerra
era un militante activo para la causa de la paz. Había sido invitado al
Foro Social de las Américas donde había expuesto el proyecto novedoso de
declarar objetora de consciencia toda la Comunidad de Paz de San José.
El grupo GUE/NGL pide
a la Unión europea velar porque una investigación imparcial e
internacional de estos gravísimos hechos sea realizada y que los autores
sean efectivamente sancionados.
Pide asimismo que la
Unión europea refuerce su acción a favor del respeto de los derechos
humanos fundamentales y para la paz en Colombia, mediante el
cumplimiento de los compromisos de la declaración de Londres y de las
recomendaciones de Naciones Unidas. Estima que la adopción de un marco
legal definido dentro del derecho internacional es indispensable para
que el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares sea real,
lo contrario incrementaría la impunidad que opera en Colombia".
Reacción del
Parlamento Italiano
El pasado jueves 17
de marzo, los Senadores del partido VERDES de Italia,
Tana de Zulueta (www.tanadezulueta.it
) y Francesco Martone (www.francescomartone.org
- integrantes la Comisión Derechos Humanos del Parlamento
Italiano) han organizado una conferencia de prensa en Roma – Palacio
Madama (sede del Senado de la Republica), para denunciar la masacre de 8
miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y para invocar
justicia y verdad. El evento fue organizado en conjunto con la Fundación
Internacional “Lelio Basso”, con la Red Italiana de solidaridad con las
Comunidades colombianas de Paz, Amnistía Internacional, capitulo Italia.
El Senador Martone,
presentando el llamado urgente firmado por numerosos senadores de
izquierda (Martone, Boco, De Zulueta, De Petris, Zancan, Malabarba,
Iovene, Bedin, Bonfietti, entre otros) y dirigido al Gobierno Italiano,
ha subrayado que la situación de violencia estructural en Colombia,
donde los civiles sufren las brutalidades del ejercito gubernativo, de
los paramilitares y de la guerrilla de la FARC, ha golpeado también el
“ciudadano italiano Sabino Mobile, secuestrado y asesinado el 2 de marzo
por grupos armados de la Autodefensas Unidas de Colombia AUC, formación
paramilitar considerada cercana a las fuerzas gobernativas e integrada
en la lista de organizaciones terroristas elaborada por el Departamento
de Estado de la Casa Blanca”.
Se ha recordado el
martirio de Luis Eduardo Guerra,
leader de la Comunidad de Paz, ejemplo de no violencia y de opción por
la neutralidad en el conflicto que había inspirado la formación de otras
12 comunidades en toda Colombia y que había participado en Italia en
diferentes manifestaciones como la Marcha de Paz Perugia-Assisi.
En el llamado urgente
se evidencia “la responsabilidad de esta masacre, en acuerdo a lo que
han verificado los miembros de la comunidad de Paz de San José Apartadó,
es de la XVII Brigada del ejercito regular colombiano.(..)El ataque en
contra la Comunidad de paz de San José Apartado se ubica en una precisa
estrategia de reducción de los
resguardos, territorios parcialmente autónomos que la ley
colombiana admite por determinados tipos de comunidad, como por ejemplo
los pueblos indígenas”.
Por esta razón los
senadores Verdes solicitan cuales “presiones internacionales el Gobierno
italiano entiende actuar para llevar a un tribunal a los militares de la
XVII Brigada”.
Michele Ciricillo,
representante de la Fundación Internacional “Lelio Basso” ha denunciado
que “150 homicidios de miembros de la Comunidad de Paz han sido
denunciados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha
acordado protección a la Comunidad pero ningún culpable ha sido
procesado”. El Senador Martone ha adjunto que “la colaboración
judiciaria con el gobierno colombiano se refiere también a brigadas de
la policía colombiana que se han ensuciado de crímenes contra la
humanidad" preguntando porque "la Embajada italiana es la única
institución diplomática que no recibe los miembros de la Comunidad de
paz".
La senadora De Zulueta,
en representación de todos lo participantes ha enfatizado con fuerza las
solicitudes al gobierno colombiano: "El Gobierno Uribe tiene que aclarar
los asesinatos y que los responsables sean llevados ante la justicia y
que se garantize la protección a las comunidades que se declaran
neutrales, como fue solicitado por ONU. (..) Tenemos la obligación de
ofrecer las condiciones para que las comunidades, como aquella de San
José de Apartado, puedan realizar su opción de paz, con el apoyo de
diferentes administraciones locales (Alcaldía de Roma y Narni, Gobiernos
regionales de Toscana y Umbría, entre otras) y organizaciones no
gubernamentales italianas". Respondiendo a una pregunta, la senadora de
origen colombiana, no ha excluido la posibilidad de una misión
parlamentaria en las Comunidades colombiana de paz: "el valor simbólico
de una misión puede tener un fuerte sentido" - ha observado en la
conclusión de la conferencia de prensa.
La manifestación del
la sociedad civil en Roma
El lunes 21 de marzo,
la sociedad civil italiana ha organizado un sit-in, una manifestación de
protesta frente a la embajada de Colombia en Roma.
La Red italiana de Solidaridad con las
Comunidades colombianas de Paz
de Choco y Uruba (integrada
por varios gobiernos locales y ONG como, la Fundación Internacional
“Lelio Basso”, MIR, la Asociación ASUD -
www.asud.net
) ha entregado al Embajador Colombiano una carta para expresar su
preocupación y su indignación subrayando que "el Ministro de la Defensa
Jorge Alberto Uribe, ha declarado que no se puede permitir que en el
país existan lugares donde el Estado no puede estar presente con su
ejercito, anunciando la inminente militarización de las Comunidades de
paz. Frente a esta amenaza las Comunidades reafirman con fuerza su
derecho a la neutralidad con relación a cualquier actor armado
comunicando que, cuando se realizara la militarización de la área, serán
obligados a un nuevo desplazamiento forzado porque la presencia de uno
de los actores armado adentro de la Comunidad, les convertiría
automáticamente en posibles objetivos militares del grupo armado
contrario".
La senadora Verde
TANA DE ZULUETA ha declarado
que "el gobierno colombiano tiene una obligación, reconocida por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, de proteger las Comunidades de
Paz. Por eso tiene que desarrollarse una investigación independiente que
tome en consideración los testimonios de los integrantes de la Comunidad
de Paz de San José de Apartadó, como fue solicitado por la Oficina del
Alto Comisionado ONU para los derechos en Colombia. Solo a través de una
investigación de este tipo se puede descubrir la verdad y encontrar
justicia para las víctimas”.
Francesco
Martone (secretario de la Comisión Derechos Humanos al Senado Italiano)
ha declarado que “las últimas masacres contra de la Comunidad de San
José de Apartadó, y las reacciones políticas a la indignación de la
izquierda Europea, solo confirman la estrategia de genocidio social con
que el Gobierno Uribe esta actuando en el País. La intensificación de
los ataques contra la Sociedad civil, los sindicatos y las comunidades
de paz son la consecuencia de la política de guerra total que el
Presidente Uribe implementa con el apoyo de Washington. Por eso
seguiremos denunciando estas graves violaciones de los derechos humanos,
y la impunidad que los hace posibles. Paralelamente presionaremos a la
comunidad internacional, a Europa y al Gobierno italiano para que toda
forma de cooperación internacional con Colombia no sea relacionada a la
política de seguridad nacional y a la doctrina comunitaria del gobierno
Uribe”.
Carta al Presidente
Uribe
El 4 de marzo, la
senadora italiana Tana de Zulueta (de origen colombiana) ha escrito una
carta al Presidente Uribe donde subraya que “las noticias que nos llegan
de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó son desoladoras. Según la
denuncia de la Comunidad, LUIS EDUARDO GUERRA, líder de la comunidad y
miembro del Consejo Interno, su esposa BELLANIRA AREIZA GUZMAN, su hijo
DEINER ANDRES GUERRA de 11 años, ALFONSO BOLIVAR TUBERQUIA GRACIANO
miembro del Consejo de Paz de las zona humanitaria de Mulatos, su esposa
SANDRA MILENA MUÑOZ POZO, sus hijos SANTIAGO TUBERQUIA MUÑOZ de 2 años y
NATALIA ANDREA TUBERQUIA UÑOZ de 6 años.
han sido masacradas
por militares de la Brigada 17 en la vereda La Resbalosa, jurisdicción
del corregimiento de San José de Apartadó. LUIS EDUARDO GUERRA participó
en representación de la Comunidad en la segunda versión del Foro
Colombia Vive!, organizado por nuestra Red de Solidaridad en la ciudad
de Terni Italia en octubre de 2003.Según un testigo que logró escapar a
la masacre, fueron los militares quienes en la vereda Mulatos,
detuvieron ilegalmente a Luis Eduardo, su esposa y su hijo de 11 años,
los llevaron a la vereda La Resbalosa y allí los asesinaron junto con
otra familia campesina. Los cuerpos de las victimas fueron encontrados
despedazados en una fosa.
Cientos de campesinos
de la Comunidad de Paz y acompañantes de diversas organizaciones
nacionales e internacionales, están emprendiendo la marcha hacia la
vereda la Resbalosa para recuperar los cuerpos. La masacre ha sido
antecedida por bombardeos indiscriminados perpetrados por helicópteros
del ejército en las veredas Bellavista, Alto Bonito y Buenos Aires, por
amenazas y detenciones arbitrarias contra miembros de la Comunidad de
Paz en la cabecera municipal de Apartadó, amenazas, detenciones e
interrogatorios en los que, de acuerdo a las denuncias de la Comunidad,
sigue estando presente, junto a unidades militares y de policía, el
señor Wimar Durán, señalado como reconocido paramilitar.
A usted señor
Presidente le pedimos que en ejercicio de sus deberes constitucionales,
garantice la realización de una investigación que conduzca a la captura
y condena de las personas responsables de tan abominable hecho; vele por
la seguridad de todas y cada una de las personas que se desplazan a la
vereda La Resbalosa con el ánimo de recuperar los cuerpos de las
víctimas; intervenga para que en los operativos militares que se
realizan en la zona, se tenga un estricto respeto de los Derechos
Humanos y del Derecho Internacional Humanitario; intervenga para que no
continúen los bombardeos indiscriminados, para que no continúen los
atropellos, para que se evite un nuevo desplazamiento forzado de las
comunidades campesinas de la zona; le solicitamos comedidamente, tomar
las medidas necesarias para contrarrestar en manera eficaz la peligrosa
estigmatización de que son víctimas los integrantes de la Comunidad de
Paz; le pedimos igualmente que se brinden las condiciones necesarias
para la acción de posibles comisiones internacionales que pudieran
colaborar en la aclaración objetiva de los hechos antes denunciados.
Nuestra organización estará particularmente atenta al desarrollo de
sucesivas eventualidades. Estamos seguros que el señor Presidente y las
demás autoridades colombianas, no dejarán que este crimen permanezca en
la impunidad”.
Para no concluir
Las últimas
declaraciones de Uribe Vélez del pasado domingo en las que calumnia a la
comunidad de Paz de San José de Apartadó, acusándola de tener vínculos
con las FARC y de obstruir la justicia, y en donde ordena la
militarización de la comunidad, evidencian la complejidad del conflicto
colombiano.
El jesuita Javier
Giraldo y la ex alcaldesa Gloria Cuartas fueron amenazados tras señalar
a militares de la fuerza militar regular como presuntos responsables de
la matanza de la comunidad pacifista en resistencia civil de San José de
Apartadó.
El Ministro explicó
que la masacre pudo ser evitada si el Ejército hubiera tenido acceso
para proteger a la población. "La presencia del Ejército en San José de
Apartadó no ha sido defensora, ha sido agresora", dijo, por su parte, el
sacerdote Javier Giraldo, director del Centro de Investigaciones y
Educación Popular CINEP -
www.cinep.org.co,
uno de los gestores de la creación de la Comunidad de Paz en ese
municipio. Giraldo aseguró que desde que se creó la comunidad, en 1997,
165 campesinos han sido asesinados o desaparecidos. De estos crímenes 20
se atribuyen a las Farc y 145 al Ejército y los paramilitares. "Por eso,
y porque los militares están agrediendo permanentemente a la población,
ellos piden que esos asesinos no vuelvan a pisar su territorio", agregó
el sacerdote (fuente:
http://www2.elespectador.com/historico/2005-03-08/contenido_MI-617.htm
).
El mismo Padre Javier
Giraldo integro la delegación de defensores de derechos humanos de
Colombia que el 1 de diciembre 2004 presento frente al Parlamento
Europeo -
http://www.choike.org/nuevo/informes/2398.html (un
seminario organizado por Monica Frassoni - Co-Presidenta del Grupo de
los VERDES al Parlamento Europeo -
http://www.selvas.org/newsCO0504.html ) en Bruselas el
informe "El embrujo continua"
(http://www.plataforma-colombiana.org/biblioteca%20pag/embrujo.htm
)que documenta las violaciones de los derechos humanos en el segundo año
de presidencia Uribe. Entre los panelistas estaba también Hildebrando
Velez, profesor universitario y activista del movimiento ambientalista
CENSAT (www.censat.org
), representante en Colombia por los Amigos de la Tierra Internacional;
el 7 de febrero la sede de CENSAT fue asaltada por un grupo de hombres
armados...
El
proceso para encontrar justicia en Colombia es todavía largo y
complicado...
Así
tienen a Simón Trinidad en Estados Unidos
Oficina de Redacción
Aislado en una celda
de 1,50 por 3 metros que sólo tiene una cama de hierro,
un colchón, un lavamanos y un inodoro; sin opción de lecturas, llamadas
telefónicas, papel para escribir o visitas personales; con una intensa
luz
artificial blanca que nunca se apaga; sin relojes ni instrumento alguno
para
medir el tiempo, permanece en una hermética cárcel de Virginia, en
Estados
Unidos, el extraditado guerrillero de las Farc Simón Trinidad.
Cada cinco días tiene
opción de bañarse, y cuando lo hace es llevado a la
ducha encadenado de pies y manos y se le encierra con candado. Cuando es
requerido por los abogados, esposado y con cadenas es conducido a un
cubículo y, máximo media hora, conversa vía telefónica, sin contacto
físico
y separado de sus interlocutores por un vidrio. Recibe tres comidas al
día,
con dieta balanceada, en empaques de cartón o icopor y con cubiertos
desechables.
Su único vestido es un
uniforme de color anaranjado con medias blancas de
lana y zapatillas de tela azul con suelas de caucho blanco. En su
pabellón
de máxima seguridad hay 20 celdas más, pero ninguno de los presos tiene
un
segundo de sol ni opción de aire libre. La temperatura está regulada por
un
sistema de aire acondicionado y existe otro de calefacción central. No
hay
televisión ni música, y mucho menos espacio para practicar algún deporte.
Como no hay horarios
ni momentos de oscuridad, los presos duermen de día o
de noche. Con excepción del guerrillero Simón Trinidad, los demás
prisioneros son de raza negra. A veces gritan, en otras ocasiones
insultan a
los guardianes, también negros, o de repente unen sus voces y entonan
cantos
religiosos aprendidos en las iglesias. También se rompe el silencio con
letanías de memorizados versículos de La Biblia o enseñanzas del Corán.
Por su condición de
acusado de narcoterrorismo, los guardianes extreman su
vigilancia al guerrillero. Por eso, cuando acude a revisión médica o a
consulta con abogados, es escoltado por tres guardias armados y las
áreas
donde permanece son despejadas. Cuando regresa a su celda, además de los
elementos de aseo, lo único autorizado es un libro de inglés básico.
Pero
tiene dificultad para consultarlo porque no ha recobrado sus gafas.
El procesado
Desde el pasado 31 de
diciembre, fecha en que fue extraditado a Estados
Unidos,Simón Trinidad afronta el rigor de la justicia norteamericana.
Aunque
en el mismo avión que lo condujo a Washington el guerrillero le dijo a
un
agente del FBI que de su parte no habrá colaboración, ni ayuda, ni nada
parecido, el agente le aclaró que lo consideran una pieza clave para
obtener
a liberación de los tres norteamericanos en poder de las Farc.
El mismo día, antes de
concluir el año 2004, esposado y encadenado desde la
cintura a los pies, fue llevado al Palacio de Justicia de Washington,
donde
le designaron abogado de oficio, conoció a los dos fiscales que lo
acusan y
en audiencia pública le leyeron los cargos en su contra: narcotráfico,
toma
de rehenes y terrorismo. El guerrillero Simón Trinidad se declaró
inocente y
el juez fijó una segunda audiencia para el 5 de enero.
El miércoles 5 de
enero volvió a la Corte. Con traducción simultánea le
ampliaron los cargos. Al concluir la diligencia, los fiscales
advirtieron
que el procesado es de altísima peligrosidad para la sociedad americana,
y
lo sindicaron de ser jefe de una organización terrorista y traficante de
droga por toneladas. De inmediato el juez le negó cualquier opción de
libertad bajo fianza y ordenó su reclusión en una cárcel de máxima
seguridad.
Antes de la tercera
audiencia, del 9 de febrero, los abogados de la defensa
acudieron cinco veces a la cárcel a explicarle a Simón Trinidad cómo
funciona el sistema judicial norteamericano y escuchar sus argumentos.
En la
tercera audiencia el juez ordenó estudiar el primer cargo: toma de
rehenes.
Los fiscales presentaron sus pruebas y el juez aplazó el caso por seis
meses
para establecer más evidencias. Desde entonces el guerrillero aguarda en
su
celda.
Sin correspondencia ni
opción de estudio. Con escasos o nulos contactos con
su familia. Atento a cualquier dato que le suministren sus abogados de
Estados Unidos y Colombia, pendiente de regular su aplazado tratamiento
médico para la próstata, y a la expectativa de que se le permita el
ingreso
de libros, que sólo podrá comprar directamente a las editoriales y
recibirlos por correo, siempre y cuando sus carátulas no sean de tapa
dura.
Así vive el
extraditado guerrillero Simón Trinidad. Lejos de la guerra o de
la negociación política, dedicado a pensar en que sus pruebas
documentales
puedan repatriarlo algún día, a la saga de noticias de los 96 procesos
penales que lo esperan en su país y pendiente de la lista de teléfonos y
correos electrónicos que le prometió devolver un agente de la Dijín
horas
antes de abordar el lujoso jet que lo llevó a Estados Unidos.
Lo demás son recuerdos
de sus andanzas y peleas. Como su último forcejeo en
la cárcel de Cómbita, ad portas de ser enviado a EE.UU., cuando se
empecinó
en lucir un buzo con la imagen del libertador Simón Bolívar, hasta que
ocho
guardias del Inpec, de casi dos metros de estatura cada uno, lo
sujetaron
como un muñeco, le quitaron el suéter, lo vistieron de camuflado y lo
dejaron listo para su viaje al insondable mundo de los extraditados.
"Sonia" y "El Señor",
a la espera
En el mismo callejón
donde esperaron impacientemente, a finales del año
pasado, el negociador de las Farc Simón Trinidad y Gilberto Rodríguez
Orejuela, del extinto cartel de Cali, están hoy también Miguel Rodríguez
- el
Señor- y la guerrillera Omaira Rojas Cabrera o Sonia cuya extradición
fue
aprobada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el pasado 23
de
febrero. Simón y Gilberto Rodríguez fueron enviados a Estados Unidos en
diciembre de 2004, en tanto que los dos últimos aguardan que el
presidente
Álvaro Uribe Vélez, en menos de 15 días, avale o no su extradición al
mismo
país, donde los procesarán por narcotráfico. Aunque después de la
autorización del Ejecutivo, que se considera como un hecho, ambos
tendrán
cinco días para imponer el recurso de reposición, de hecho, nada haría
cambiar que la justicia estadounidense los procese.
Juicios con
audiovideos
Si bien a Simón
Trinidad le puede esperar un largo juicio en Estados Unidos,
su situación jurídica en Colombia tampoco es muy optimista. Al momento
de su
extradición, además de una condena a 81 meses de prisión por el delito
de
rebelión, sentencia proferida por un juez especializado de Valledupar,
le
quedaron pendientes 96 procesos más. "Hasta por el robo de un caballo en
Guasca está sindicado", comentó uno de sus abogados, Óscar Silva Duque.
El
abogado presentó una tutela en el Consejo de la Judicatura, en busca de
la
repatriación del guerrillero, pero fue negada el pasado 3 de febrero.
Sin
embargo el Consejo de la Judicatura dispuso que Simón Trinidad debe ser
notificado en E.U. de todo lo que suceda penalmente en Colombia, y
cuando
deba comparecer en juicio, las autoridades deben utilizar medios
electrónicos o audiovideos para escucharlo.
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¿Uribismo
o paramilitarismo?
JUAN MANUEL LOPEZ CABALLERO
Han producido bastante
escozor los planteamientos según los cuales hay una identidad muy grande
entre el Dr. Uribe y el paramilitarismo.
Evidentemente no es
verdad que sea lo mismo sostener que Uribe es un paramilitar a que los
paramilitares son uribistas.
Pero no por parecer
escandalosa tal afirmación debe asumirse la posición contraria y aceptar,
como lo pretende el Gobierno, que sus posiciones son antagónicas.
De hecho todo
individuo está condicionado por el medio al cual pertenece: el habitante
del Caguán que ha vivido rodeado de militantes guerrilleros, bajo la
información de que los miembros del ejercito son el enemigo, y que
probablemente ha tenido antecedentes en su familia de víctimas a manos
de ellos, tendrá tendencia a compartir la visión de quienes se
encuentran en la misma situación; de igual manera, es de presumir que el
Presidente Uribe tendrá afinidad con quien comparte el vecindario de sus
propiedades, con quien desarrolla las mismas actividades ganaderas o
caballistas, con quien ha sido sujeto de las mismas presiones de la
subversión, con quien ha alternado en negocios a lo largo de la vida,
con quien como él ha sufrido el secuestro y asesinato de su padre por la
guerrilla.
Esa visión compartida
no lleva necesariamente a las mismas acciones pero infortunadamente sí
muy probablemente a la misma interpretación de mundo. Por eso Mancuso
reivindica que debe ser visto como otra víctima, de la misma manera que
para Uribe solo existe el fenómeno del terrorismo y no hay conflicto; y
el uno encuentra justificación para el uso de la motosierra, mientras el
otro considera un mal necesario el acudir a cualquier medio politiquero,
incluyendo el más bajo o cuestionable, para sacar sus propósitos
adelante. En el fondo la coincidencia es alrededor de un concepto de
Estado fundamentalista o maniqueista, según el cual su función es
legitimar que ‘nosotros los buenos’ debemos acabar a los ‘malos’, donde
el orden y la autoridad y no el consenso representan su columna
vertebral, en el cual el sentido de ‘democrático’ se reduce a la regla
de las mayorías y no al propósito de universalizar el poder, el derecho,
y las oportunidades para todos.
No es casualidad que
el 30% del Congreso del que hablaba el vocero paramilitar sea
determinante al sacar leyes antiterroristas que resultan ser
anticonstitucionales; o que coincidan el Comisionado de Paz en la mesa
de Santa Fe de Ralito recordando a sus interlocutores que de la
reelección depende la seguridad de que no serán extraditados, con las
declaraciones de ellos donde consideran que son sus enemigos quienes se
oponen a ella; o en términos generales, que unan sus voluntades
alrededor de un mal llamado ‘proceso de paz’ donde se admite que
supuestamente el paramilitarismo también era una fuerza que defendía al
Estado.
Diferencias también
las hay. El Senador y precandidato Carlos Gaviria ha insistido en que
por no tener la misma esencia se debe utilizar categorías distintas y en
consecuencia instrumentos distintos para el tratamiento de la guerrilla
y el de los paramilitares. Paradójicamente lo que distanciaría a estos
grupos sería parecido a lo que no comparten presidente y paras. A saber,
que mientras la motivación original y final de los armados en armas
contra la guerrilla es personal y en alguna forma egoísta (la defensa de
sus bienes), la de los subversivos y la de Uribe tiene en común algo
altruista, un algo político idealista, que en la medida que contiene una
dosis de mesianismo se vuelve apasionado, irrazonable y en últimas
dañino por lo intransable, por lo reacio a reconocer una realidad
diferente a la convicción que los motiva.
Pero el problema de
quiénes son ‘buenos’ y quiénes ‘malos’ no es válido como justificación
de la política de guerra del Gobierno, como tampoco es apropiado para
calificar a quiénes —como el Presidente— actúan de acuerdo a la visión
que tienen sobre lo que vive el país.
En cambio el artículo
‘Vida Nueva’ aparecido en Semana (# 1.192) es una radiografía de lo que
configura la muestra más representativa del problema de Colombia.
Vemos como: no se
diferencia en nada -a nivel tropa- el guerrillero del paramilitar, ni en
cuanto a la razón de su vinculación o retiro del grupo armado, ni en
cuanto a la dificultad para ‘reinsertarse’; el perfil típico es el del
desarraigado, falto de educación, de empleo, y sobre todo de
reconocimiento de su dignidad como ser humano; la participación en el
conflicto les ofrece una importancia y un reconocimiento que de otra
forma nunca tendrían; por eso fracasan las alternativas de solución que
presentan los programas de gobierno; aunque los convierten en
‘privilegiados’ con una oferta que otros compatriotas no tienen, no es
esa la respuesta que requieren; la ‘resocialización’ de ellos —como la
de lo millones de colombianos— depende de que puedan tener acceso a
varios años de educación, oportunidades de trabajo y un mínimo de
garantías sociales.
Se entiende porqué
escogen la guerra; porqué es solución para ellos; porqué hay conflicto (aunque
el gobierno lo niegue); porque el conflicto es armado; porque hay cola
para participar en él; porqué cada peso invertido en esos programas es
perdido; y porqué cada peso gastado en la ‘solución final’ de guerra
adelantada por el gobierno actual, además de malgastado es perjudicial,
en la medida que distrae recursos de la posible solución y alimenta el
factor venganza en el sinnúmero de víctimas que produce. Pero sobre todo,
aunque no se deduce cual es el camino a seguir, sí señala cual no lo es.
Mala racha
Alfredo Molano Bravo
No han sido buenos los
últimos días para la imagen del Gobierno, sobre todo en el exterior. En
Liverpool, Don Francisco, el vicepresidente de la República, en vez de
aplausos a su intervención en un foro sobre Derechos Humanos, recibió
una bomba de tinta roja contra su humanidad. Más tarde, al desembarcar
en Dinamarca —ser o no ser—, lo esperaba una demanda por homicidio,
tortura y secuestro aceptada por la Policía No. 1 de Copenhague. Debió
quedar aburrido Don Francisco con este nuevo baldado de agua fría
porque, entre otras cosas, él iba tras la extradición de los miembros de
la ONG que donó unos dólares a las Farc. Ir por lana —dice el refrán— y
salir trasquilado.
En su gira de intrigas
diplomáticas debió enterarse del comunicado de la Oficina del Alto
Comisionado de la ONU en el que pide prudencia sobre las sindicaciones
hechas por el Gobierno colombiano a la Comunidad de San José, cuando
justifica de hecho la matanza al asegurar que algunos de sus miembros
están vinculados con las guerrillas. También la Comisión Interamericana
de la OEA condenó la masacre y pidió explicaciones sobre las medidas
concretas que el Estado colombiano debió haber tomado desde que fue
decretada la “protección tutelar” y que el Gobierno se ha pasado por la
faja.
Mientras Don Francisco
temblequea en Ginebra defendiendo la Seguridad Democrática en la sesión
anual sobre Derechos Humanos en el mundo, donde a Colombia le va siempre
como a los perros en misa, la Corte Penal Internacional acoge la
denuncia para investigar el caso de “miles de personas han sido
asesinadas, torturadas, secuestradas y desplazadas desde noviembre del
2002, cuando entró en vigencia ese tribunal” y que coincide —agregamos—
con la ejecución del Plan Patriota. Pero, además, les anuncia al
Gobierno y al Congreso que estará muy pendiente del proyecto llamado de
justicia y paz. El comisionado, doctor Restrepo, debe estar preocupado
con la notificación. Y no sólo por esta advertencia, sino por el hecho
de que uno de los comandantes del bloque “Héroes de los Montes de María”,
de las paramilitares que residen en Ralito, es acusado por la Fiscalía
del asesinato, la desaparición forzada y la tortura de 3.000 campesinos
desde el año 90. Todo tan coincidencial como que dos y dos sean cuatro.
La mala racha se dejó
ver también en la distancia que tomaron Zapatero, Lula y Chávez en la
Cumbre de Guyana con respecto a Uribe. El País de España informó que “el
aliado estrecho de Washington, el único líder latinoamericano que apoyó
la invasión de Iraq, llegó al encuentro aislado en un subcontinente que
ha mudado drásticamente de color político”. Uribe no quiso firmar una
declaración conjunta que sindicaba el hambre como un arma de destrucción
masiva y que rechazaba las acciones unilaterales de un Estado por fuera
de la ONU. Más arrodillado ya sería sospechoso.
Para rematar, cinco de
los héroes del Plan Patriota, soldados norteamericanos, fueron pillados
en territorio colombiano con 16 kilos de cocaína. Se los cargaron para
E.U., a pesar de que el delito fue cometido en el país. El Ministro de
Defensa declaró, pomposo, que el narcotráfico era humano, muy humano. ¿Sospechará
alguna forma de colaboración de los hombres a su mando con el cruce? Don
Francisco debe estar más azorado que nunca defendiendo en Ginebra el
Plan Colombia que, según cifras de la propia Central de Inteligencia
Americana, no ha logrado reducir la producción de coca y, según la
Contraloría General de la República, tampoco el secuestro. Y eso a pesar
de que País Libre es su mano izquierda, especializada en la elaboración
de resultados oficiales sobre el tema.
Otra vez sobre el narcotráfico
Álvaro Camacho Guizado
Recientemente se han
publicado dos documentos cuya lectura por parte del Gobierno deberían
hacerlo reflexionar seriamente sobre el curso de su política
antinarcóticos. El primero, del Internacional Crisis Group (Guerra y
droga en Colombia); el segundo, de Wola (¿Ya llegamos? Midiendo el
Progreso Obtenido en la Guerra contra las Drogas en Latinoamérica). En
el primero se destaca cómo durante el actual gobierno se ha fumigado y
se han destruido más laboratorios que en cualquier otro período, y sin
embargo, las exportaciones no se han reducido. El segundo muestra cifras
que indican que la reducción de cultivos en 2003 fue sólo del 5% en
relación con 1999, y que los precios en Estados Unidos disminuyeron en
2003 en 20% respecto a 1981, sin que los niveles de pureza descendieran.
Más aún, se nota una tendencia alcista en el consumo actual de cocaína.
Si hay algo que se
destaca de las cifras estadounidenses, a pesar de la desigualdad de las
mismas según diferentes fuentes oficiales, es el fracaso de la
estrategia del combate a la oferta, en particular mediante la fumigación.
Y esto se debe a que han dado cambios importantes en las respuestas de
los productores, tales como la introducción de nuevas variedades más
precoces, productivas y resistentes al glifosato, el desplazamiento de
las siembras a lotes dispersos menos detectables por la inspección aérea
y el recurso a nuevas técnicas de refinación.
Y respecto de las
incautaciones, el informe muestra cómo las autoridades estadounidenses
no pueden físicamente controlar el enorme influjo de mercancías que
entran al país, entre las cuales se pueden ocultar cantidades ingentes
de cocaína y heroína.
El ICG se concentra en
la relación entre el narcotráfico y la guerra, y luego de resaltar que
la insistencia de Uribe en negar la existencia de un conflicto en el
país poco ayuda en la formulación de una política más eficiente, resalta
que el Gobierno no ha logrado reducir las redes del narcoparamilitarismo
ni la capacidad de control de las Farc sobre algunas regiones
productoras. Y por tanto hace un llamado al Gobierno para que modifique
sus políticas. En concreto, recomienda que se concentre más en la
interdicción de drogas y precursores y en el castigo a los traficantes
con medidas fuertes de extinción de dominio contra el lavado de activos.
Recomienda también que se diseñe una política más eficaz de desarrollo
alternativo acompañado de erradicación manual. Le pide al Gobierno que
garantice que la desmovilización de los paramilitares se traduzca en la
eliminación del paramilitarismo y el narcotráfico. Y que se aproveche el
proceso de desmovilización de los paramilitares para negociar seriamente
la desmovilización de las Farc y el Eln, mediando, desde luego, la
investigación sobre crímenes atroces, la confiscación de bienes ilícitos
y la terminación de todo vínculo con el narcotráfico. Sugiere que se
establezca una política de alianzas con Estados Unidos y países de
Europa en torno a reforzar una política de reducción del daño y de
desestímulo a los consumos.
El ICG hace también
recomendaciones al gobierno de Estados Unidos, a la Unión Europea y sus
Estados miembros, a los gobiernos de los países vecinos de Colombia, a
la Asamblea General de las Naciones Unidas y a las instituciones
financieras internacionales. Todas las sugerencias son sensatas y buscan
mecanismos más razonables y eficientes para acabar con el narcotráfico.
Sin embargo, la parte mala del cuento es que dada la proverbial
terquedad del gobierno de Estados Unidos y la actitud obsecuente del
colombiano, es muy dudoso que les paren bolas a estos informes e
insistan en una política dañina e ineficiente como la que hace años se
viene proclamando como exitosa.
El gobierno de la isla
está formando gratis a diez mil médicos procedentes de clases más
humildes de países pobres
La
gran exportación de Cuba al mundo
Pascual Serrano
El
gobierno cubano está formando como médicos a más de diez mil jóvenes
de todo el mundo procedentes de familias humildes o grupos étnicos
marginados. Durante siete años, el Programa Nacional de Salud les
acoge gratuitamente en la Universidad Latinoamericana de Medicina, les
ofrece los libros y el material necesario, asistencia sanitaria,
alojamiento, comida y cien pesos mensuales para sus gastos. De los
28.071 estudiantes de medicina que hay en Cuba, 10.403 son extranjeros
en esta situación, de ellos, 9.024 son del continente americano y el
resto del Caribe y Africa. Cada año se matriculan mil quinientos
alumnos.
Se trata una
iniciativa adoptada por Fidel Castro tras el desastre humanitario que
provocaron los huracanes que asolaron Centroamérica en 1998. En 92
días, la Escuela de Marina, en un enclave habanero privilegiado frente
al mar, se convirtió en un complejo educativo para convertir en
médicos a jóvenes latinoamericanos y africanos de más de 27 países.
Este años se titulará la primera promoción.
Los alumnos son
seleccionados de entre los sectores de población más humildes,
comunidades rurales y grupos étnicos marginados, hay incluso 50
norteamericanos de estrato social pobre. Sus gobiernos de origen no
tienen una estructura educativa para formarlos si no disponen de
dinero, apoyan este proyecto cubano y si algunos no lo hacen, son los
grupos de solidaridad quienes solicitan becas, es el caso de México
que no se interesó al principio o países como El Salvador que no
mantiene relaciones diplomáticas con Cuba. Razón que nunca fue
importante para el gobierno cubano. Algunos países muy empobrecidos,
como Haití, tienen a 606 jóvenes en esa Universidad.
A la carrera de seis
años, hubo que añadirle uno más para uniformizar el nivel antes de
comenzarla. Una vez en el tercer año los jóvenes se distribuyen por
las 21 escuelas de medicina que hay por todo el país.
En Cuba reciben un
enfoque medico comunitario, son formados en la ética y el sentido
humanitario de la medicina. El reto es que se tendrán que insertar
luego en un modelo médico neoliberal.
El objetivo era
continuar la asistencia sanitaria a los más pobres que históricamente
Cuba ha estado llevando a los rincones más humildes y remotos del
planeta. La isla tiene en la actualidad 23.964 cooperantes de la salud,
de ellos 17.013 son médicos, distribuidos por 76 países del mundo.
Todos ellos se van voluntarios durante un tiempo que suele ser de dos
años, cobran el sueldo establecido para un médico en Cuba y una ayuda
para la familia que dejan en su país. La región que les acoge sólo
debe colaborar en la manutención del profesional. En la isla, una de
las actividades que despierta mayor reconocimiento social es haber
participado como médico en esas campañas de solidaridad.
Los alumnos de la
Universidad Latinoamericana de Medicina nos hacen llegar sus
impresiones sobre la experiencia. Fredy Punciano, de Perú, afirma que
“es una experiencia única que nos da este país, aquí nos encontramos
gente de muchos países y aprendemos, nuestro objetivo es ser médicos
integrales y humanistas”. Diana, de Panamá, señala que “en mi país
estudiar medicina es muy caro y Cuba nos da una oportunidad única,
nosotros somos una gran familia, podemos compartir con los cubanos y
conocer a esta gente”. Una alumna norteamericana de raza negra también
nos comenta su experiencia, “yo vine porque las escuelas en mi país
son muy diferentes, allí las clases no son con tan solo veinte alumnos
y cada trimestre cuesta 50.000 dólares mas los libros, la comida y
muchos otros gastos, aquí todo es gratis”. “Además –añade- la
enseñanza aquí es muy diferente, en Cuba estudias para prevenir y
ayudar a una comunidad, en Estados Unidos es para curar sólo a algunas
personas”.
La mayoría de ellos
reconoce que la imagen que les ofrecieron en su país de los cubanos
era falsa. La panameña Diana afirma: “me decían que aquí mucha gente
estaba presa y había mucha represión, por eso yo al principio no
quería venir y ahora vi que todo era mentira”. También el peruano
Fredy recibió la misma información: “teníamos una imagen traumática,
yo leí que en Cuba venían a formarse los futuros terroristas de
América Latina, había una buena reputación sobre la medicina cubana,
pero se decía que aquí no se respetaban los derechos humanos, es
evidente que eso no es verdad”.
También insisten en
el modelo educativo de cooperación y ayuda que domina en Cuba.
Carolina, de Chile con unos rangos inconfundiblemente indígenas, añade
que “aquí hay más práctica y relación con el paciente, en mi país es
mucho más teoría, hasta el cuarto año no ves un enfermo”.. El
boliviano Anel también lo aclara, “allí te enseñan a luchar solo, a
solucionar tus problemas individualmente, aquí te dicen que hay que
luchar en grupo, que solo no puedes resolver los problemas”. Anibal
Lara, de Panamá, es de la misma opinión: “En mi país dejan aparte la
solidaridad de esta profesión, todo es una competencia para que
aprueben 40 de los 200 que empiezan la carrera, compiten, aquí miran
que seas un estudiante integral, que demuestres que ayudas a tus
compañeros, no que quieras superarles. Propician que el estudiante sea
solidario”.
Taria Hart, de
Honduras, explica la razón por la que quisieron venir a estudiar a
Cuba: “En primer lugar por recursos económicos, somos pobres o de
etnias abandonadas por el Estado. Aquí hemos aprendido a ser más
humanistas, en Cuba lo primero es la ética y la moral, mientras que en
nuestros países lo primero es el dinero. En mi país si no tienes
dinero te mueres, aquí se aprende a ser más social, más humanista. Es
lo mejor que nos pudo haber pasado”. La peruana Camila también explica
los problemas en su país. “Yo soy afroperuana, allí tenemos muchas
trabas, no tenemos acceso a buena salud, buena educación o buena
alimentación, aquí nos han enseñado la convivencia, tenemos
discusiones que nos ayudan a crecer, desde que estamos aquí nos
sentimos más preocupados por nuestro entorno”.
El colombiano Yobani,
destaca la convivencia entre los pueblos que supone estudiar en Cuba:
“Percibo que aquí la gente aprende a querer su tierra, eso es
fundamental, aquí uno hace un análisis del sistema de salud y saca una
conclusión real, que debe colaborar a la transformación de su propia
sociedad. También observo que las etnias en nuestras sociedades son
olvidadas, en Cuba nos mezclamos y somos una única familia
latinoamericana que nos quitamos esa costumbre mala de competir y no
aceptar al hermano. Esto son experiencias únicas en la vida”. “Uno
sabe que no se va a graduar solo en medicina, sino en pluricultura y
plurisociedad”, añade. “Si yo me levanto por la mañana –afirma-, me
quito la cobija (sábana) y miro a un lado y veo a un chileno y miro al
otro, y veo un ecuatoriano, eso es muy bonito y yo pienso entonces en
Martí y en Bolivar.
Les preguntamos si
echan de menos su tierra y cuáles son sus proyectos a su vuelta.
Carolina, la chilena, dice que “muchos tienen ganas de volver a su
casa, pero sé que, al poco tiempo, querrán volver de nuevo aquí”.
Camila dice que no podrá olvidar su agradecimiento a Cuba cuando
vuelva al mundo neoliberal: “hay un compromiso de amor al país que te
enseñó todo esto”. Taria, la hondureña, afirma que “debemos ampliar
todo lo que hemos aprendido aquí, yo estudio por mi vocación, pero
también para ayudar a la falta de médicos en mi país. Allí es
diferente, los hijos de los pobres están en las aula públicas de bajo
nivel educativo, aquí entre los cubanos también hay diferentes niveles
económicos, pero todos son iguales en las aulas”.
Una duda que se nos
plantea es por qué no existe nada parecido en sus países. Yobani nos
responde: “Allí es una cuestión productiva, lo que hay es competencia
por la plaza en la universidad primero y en el hospital después. A
nuestros gobiernos no les conviene una universidad gratuita, si el
sistema político no cambia nunca habrá otro modelo de educación, a
nuestro sistema y a nuestro médico no les preocupa si el vecino no
pudo comer o si el niño de al lado está muy enfermo. No les interesa
que la gente se eduque, sólo explotarla”.
Antet, de Bolivia,
también es crítica con su país: “Sólo podemos hacer lo que dice el
gobierno, allí no se aprende a ser críticos. En cambio, aquí los
cubanos lo comparten todo mientras en nuestros países no se preocupan
por el desarrollo de la persona”.
Les recuerdo que
probablemente cuando vuelvan a su país, titulados en medicina, puedan
encontrar un buen trabajo en la medicina privada y neoliberal, alejada
de sus comunidades. “Yo sé que eso nos lo van a proponer -dice
Carolina-, pero yo creo que no debemos perder lo humano, estoy segura
de que si alguien no tiene un peso para ir al médico yo no lo voy a
abandonar”. La afroperuana Camila me lo deja muy claro: “aquí ya se
viene con un compromiso humano y social, y ese compromiso no se
abandona”.
No me deja de
sorprender el caso de la joven norteamericana de Nueva Yersey, ella
viene del país más rico y poderoso del mundo a estudiar a una pequeña
isla del Tercer Mundo: “yo vengo a decir que nuestros pueblos deben de
convivir en paz, mi gobierno piensa que no tengo derecho a venir aquí,
por eso yo sé que están vigilando a mi familia para saber qué estoy
haciendo en Cuba, no puedo estar de acuerdo con la política de mi
gobierno contra los cubanos”.
Pero hay algo
excepcional que observo en cada uno de ellos y que no está en sus
palabras, es la resolución en sus afirmaciones, la desenvoltura en su
conversación. Los peruanos, bolivianos y ecuatorianos que conozco en
España trabajando como emigrantes, la mayoría explotados e ilegales,
son discretos, sumisos, callados. Una de las responsables de la
Escuela Latinoamericana de Medicina, sin saberlo, me está dando la
explicación. “Cuando vienen aquí lo primero que les tenemos que decir
es levanten la mirada, miren a los
ojos, ustedes son nuestros hermanos y amigos”. Nadie les
dice eso cuando llegan a Europa.
Ecología y capitalismo se niegan frontalmente
Leonardo Boff
No
hay acuerdo posible. Si, a pesar de ello, la lógica del capital asume el
discurso ecológico... o es para obtener lucro, o para espiritualizarlo y
así vaciarlo, o simplemente para imposibilitarlo y, por tanto, para
destruirlo.
El capitalismo no sólo
quiere dominar la naturaleza, sino arrancar todo de ella, depredarla. La
lógica del capital, como modo de producción y como cultura, es ésta:
producir acumulación mediante la explotación -de la fuerza del trabajo
de las personas, por la dominación de clases, por el sometimiento de los
pueblos y finalmente por el pillaje contra la naturaleza-.
Un análisis incluso
superficial entre ecología y capitalismo identifica una contradicción
básica. Donde impera la práctica capitalista se envía al exilio o al
limbo la preocupación ecológica.
Hoy, por la
unificación del espacio económico mundial en los moldes capitalistas, el
saqueo sistemático del proceso industrial contra la naturaleza y contra
la humanidad, hace al capitalismo claramente incompatible con la vida.
Se plantea así una bifurcación: o el capitalismo triunfa al ocupar todos
los espacios como pretende, y entonces acaba con la ecología y pone en
riesgo el sistema-Tierra, o triunfa la ecología y destruye al
capitalismo, o lo somete a tales transformaciones y reconversiones que
no pueda ya ser reconocible como tal. Esta vez no va a haber un arca de
Noé que nos salve a algunos y deje perecer a los demás. O nos salvamos
todos o pereceremos todos.
El capitalismo produjo
también una cultura, derivada de su modo de producción, asentado en la
exportación y el pillaje. Sin una cultura capitalista que vehicula las
mil razones justificadoras del orden del capital, el capitalismo no
sobrevivirá. La cultura capitalista exalta el valor del individuo, le
garantiza la apropiación privada de la riqueza, hecha por el trabajo de
todos, coloca como quicio de su dinamismo la competencia de todos contra
todos, intenta maximizar las ganancias con la mínima inversión posible,
procura transformar todo en mercancía para tener siempre beneficios,
instaura el mercado, hoy mundializado, como el mecanismo articulador de
todos los procesos de producción, de competencia y de distribución...
Si alguien busca
solidaridad, respeto a las alteridades, compasión y veneración frente a
la vida y al misterio del mundo... que no los busque en la cultura del
capital. George Soros, uno de los mayores especuladores de las finanzas
mundiales y profundo conocedor de la lógica de la acumulación sin piedad
(vive de eso), afirma claramente en su libro La crisis del Capital que
el capitalismo mundialmente integrado amenaza a todos los valores
societarios democráticos, poniendo en riesgo el futuro de las sociedades
humanas.
Queremos mostrar cómo
el capitalismo, en cuanto modo de producción y en cuanto cultura,
inviabiliza la ecología tanto ambiental como social.
Comencemos con la
ecología ambiental. A este respecto, las hipótesis acerca del futuro de
la Tierra son dramáticas. Grandes analistas confiesan que el tiempo
actual se asemeja mucho a las épocas de gran ruptura en el proceso de
evolución, épocas caracterizadas por extinciones en masa. Efectivamente,
la humanidad se encuentra ante una situación inaudita. Debe decidir si
quiere continuar viviendo, o si prefiere su propia autodestrucción. Por
primera vez en el proceso conocido como hominización, el ser humano se
ha dado a sí mismo los instrumentos de su propia destrucción. Se creó el
principio de autodestrucción que tiene en el principio de
responsabilidad y de cuidado su contrapartida. De ahora en adelante la
existencia de la biosfera estará a merced de la decisión humana. Para
continuar viviendo el ser humano deberá quererlo positivamente.
Los indicadores son
alarmantes. Dejan poco margen de tiempo para los cambios necesarios.
Estimaciones optimistas establecen la fecha límite del año 2030-2034. A
partir de ahí, si no se toman medidas urgentes y eficaces, la
sostenibilidad de sistema-Tierra, ya no estará garantizada.
Entre otros, tres son
los nudos problemáticos creados por el orden del capital, que deben ser
desatados: el nudo del agotamiento de los recursos, el de la
sostenibilidad de la Tierra y el de la injusticia social mundial.
1.
El nudo de la
extinción de los recursos naturales.
Cada día desaparecen
para siempre 10 especies de seres vivos. Desde la época de la
desaparición de los dinosaurios, 65 millones de años atrás, nunca se ha
visto un exterminio tan rápido. Con esos seres vivos desaparece para
siempre una biblioteca de conocimientos que la naturaleza sabiamente
había acumulado.
A partir de 1972 la
desertificación en el mundo creció igual al tamaño de todas las tierras
cultivadas de China y de Nigeria juntas. Se perdieron cerca de 480
millones de toneladas de suelo fértil, una superficie equivalente a las
tierras cultivables de India y Francia juntas. El 65% de las tierras que
un día fueron cultivables, hoy ya no lo son. La mitad de las selvas
existentes en el mundo en 1950 han sido tumbadas. Sólo en los últimos 30
años han sido derribados 600 mil km2 de selva amazónica brasileña, el
equivalente a la Alemania unida, o a dos veces el Zaire.
Las inmensas reservas
naturales de agua, formadas a lo largo de millones y millones de años,
en este siglo pasado han sido sistemáticamente bombeados y están
próximos a agotarse. El agua potable ya es uno de los recursos naturales
más escasos, pues solamente el 0’7% de toda el agua dulce es accesible
al uso humano. Va a haber guerras por las fuentes de agua potable.
Tras este proceso de
pillaje, se oculta una imagen reduccionista de la Tierra. Es vista sólo
como un almacén muerto de recursos a explotar. No es respetada en su
alteridad y autonomía ni se le reconoce ninguna sacralidad. Mucho menos
todavía es amada como un superorganismo vivo, la Gran Madre de los
antiguos, la Pacha Mama de nuestros indígenas y la Gaia de los
cosmólogos.
2.
El nudo de la
sostenibilidad de la Tierra
¿Cuánta agresión
aguanta la Tierra sin desestructurarse? Las 60 mil armas nucleares
construidas, si explotaran podrían causar un invierno nuclear. Las finas
partículas del humo de los grandes incendios por ellas producidos, junto
con los elementos radioactivos inyectados en la atmósfera, oscurecerían
y enfriarían la Tierra de forma más intensa que en las eras glaciales
del pleistoceno. Habría un colapso de la humanidad y de todo el sistema
de vida, consecuencias perversas siempre descuidadas por las potencias
militaristas.
Otra amenaza
importante es representada por el calentamiento creciente de la Tierra.
Es el así llamado efecto invernadero. La quema de petróleo, de carbón y
de las selvas, libera el dióxido de carbono que calienta la atmósfera.
En el último siglo la temperatura de la tierra ha aumentado entre 0’3 y
0’6† C. Para los próximos 100 años se calcula un aumento de entre 1’5† a
5’5† C. Tales cambios provocarán desastres descomunales, como sequías y
deshielo de los cascotes polares. Las inundaciones de las costas
marítimas, donde vive el 60% de la población mundial, causarían millones
de víctimas.
¿Qué capacidad tiene
la tierra frente a tantas agresiones producidas primordialmente por el
modo de producción capitalista? Se teme que el efecto acumulativo de las
agresiones llegue a un punto crítico tal que quiebre el equilibro
físico-químico-biológico de la Tierra.
3.
El nudo de la
injusticia social mundial.
Pasemos a la ecología
social: ¿Cuánta injusticia y violencia aguanta el espíritu humano? Es
injusto y sin piedad que, en el actual orden del capital mundializado,
el 20% de la humanidad detente el 83% de los medios de vida (en 1970 era
el 70%) y el 20% más pobre tiene que contentarse con sólo 1’4% (en 1960
era 2’3%) de los recursos. Este cataclismo social no es inocente ni
natural. Es resultado directo de un tipo de desarrollo que no mide las
consecuencias sobre la naturaleza y sobre las relaciones sociales. Por
eso constituye una trampa del sistema capitalista el llamado «desarrollo
sostenible», que evidencia una
contradicción en su
mismo nombre.
La categoría «desarrollo»
está tomada del área de la economía capitalista. El desarrollo
capitalista (deberíamos decir el crecimiento) es profundamente desigual:
crea acumulación apropiada por unos pocos a costa de la explotación y
del perjuicio de las grandes mayorías.. Ese crecimiento pretende ser
lineal y siempre creciente.
La categoría «sostenibilidad»
proviene de otro ámbito: de la biología y la ecología. Significa
capacidad que un ecosistema tiene de incluir a todos, de mantener un
equilibrio dinámico que permita la subsistencia de la mayor
biodiversidad posible, sin explotar ni excluir.
Como se ve,
sostenibilidad y desarrollo capitalista se niegan mutuamente; no
combinan los intereses de la producción humana con los intereses de la
conservación ecológica; al contrario, se niegan y destruyen. Lo que se
necesita es una sociedad sostenible que se dé a sí un desarrollo que
satisfaga las necesidades de todos, y del entorno biótico. Que el
planeta sea sostenible y pueda mantener su equilibrio dinámico, rehacer
sus pérdidas y mantenerse abierto a ulteriores formas de desarrollo.
Además de haber sido,
en el pasado, suicidas, homicidas y etnocidas, ahora comenzamos a ser
ecocidas. El capitalismo ¿nos llevará a ser, pronto, también geocidas?
Pero una esperanza nos
acompaña: en su historia, la Tierra pasó por cerca de 15 grandes
exterminios. Siempre salió con más energía y biodiversidad. Ahora no
será diferente. Superaremos la enfermedad del capitalismo con la
solidaridad, la cooperación y las interdependencias asumidas, pues ellas
garantizaron el futuro de la Tierra. Y garantizarán también nuestro
futuro.
El pontífice del pueblo
Ignacio Ramonet
Nadie
sabe si la historia clasificará a Juan Pablo II como conservador o no.
Ha sido conservador en su relación con el Opus Dei, en sus
amonestaciones sobre la moral sexual, las parejas que utilizan la
píldora o el preservativo, los homosexuales, los Estados que legalizan
el aborto y la eutanasia. También ha sido conservador en su
obstinación en rechazar el acceso de las mujeres al sacerdocio, el
matrimonio de los curas, en el perfil de los obispos que ha nombrado,
o en su actitud hostil hacia los teólogos modernistas y en particular
hacia los partidarios latinoamericanos de la teología de la liberación.
Pero ha tenido otros
aspectos desconcertantes: su compromiso en favor del diálogo
interreligioso con los protestantes, los judíos y los musulmanes; sus
llamamientos repetidos para la anulación de la deuda de los países
pobres y sus invitaciones a construir un mundo más solidario. También
hay que recordar sus denuncias repetidas de la guerra de Irak, así
como su deseo de ver a la Iglesia y a las organizaciones católicas
participar de modo masivo en las manifestaciones populares de protesta
contra esa guerra.
Algunos se
sorprendieron de esa actitud tan antibelicista del difunto Papa.
Olvidaban que Juan Pablo II se percató muy pronto de que la invasión
de Irak, en marzo del 2003, podía haber sido interpretada en muchos
países del Sur como un conflicto entre ricos y pobres, o como un
enfrentamiento de civilizaciones.
Oponiéndose a esa
guerra, el Papa fallecido consiguió evitar que los musulmanes del
mundo la interpretasen como un choque entre cristianos y musulmanes..
Y también, de esa
manera, Juan Pablo II quiso subrayar que el cristianismo ya no es
reductible a Occidente. Si, hace cincuenta años, las tres primeras
naciones católicas del mundo eran Francia, Italia y Alemania, hoy lo
son Brasil, México y Filipinas. La mayoría de los católicos viven
ahora en el Sur. El catolicismo se ha convertido en una religión del
tercer mundo, en una fe de los pobres. Por eso, entre las
especulaciones que circulan sobre la identidad del próximo Papa,
muchos apuestan sobre la posibilidad de que el sucesor de Juan Pablo
II sea, por vez primera en la historia milenaria de la Iglesia, un no
europeo, un latinoamericano o un asiático.
En los Evangelios,
los pobres ocupan un lugar central. La Iglesia siempre ha estado
preocupada, acosada o atormentada por la cuestión de los pobres. Juan
Pablo II decidió hacer suya la causa de los pobres y desafiar la
globalización liberal. Por eso condenó muchas veces, de manera
radical, el ultraliberalismo económico. Ya en 1987, en la encíclica
Sollicitudo Rei Socialis, afirmaba que un crecimiento económico que no
respetaba los derechos de los trabajadores «no era digno del hombre».
En 1991, en Centessimus Annus, denunció los estragos de la
globalización: despidos, precarización, salarios indecentes,
marginalización de los inmigrantes y explotación de los países del
Sur. En el 2001, ante la Academia Pontificia de Ciencias Sociales,
declaró que «la globalización es una inundación destructora que
amenaza las normas sociales». Llegó a afirmar, como lo hacen los
altermundialistas , que
eran legítimas «las luchas contra un sistema económico que establece
la superioridad absoluta del capital y de la propiedad de los
instrumentos de producción sobre la libertad y la dignidad del trabajo
del hombre».
En innumerables
ocasiones, Juan Pablo II recordó que consideraba los derechos
sociales, económicos y culturales como indivisibles. Y lamentó que
estos derechos reciban mucha menos atención que los derechos políticos.
Estimaba que había violación de los derechos de los más humildes
cuando los medios financieros se oponían a la supresión de la deuda
externa de los países pobres. En 1998 declaró que había una
contradicción entre liberalismo económico y cristianismo, y repitió
que «la pobreza constituye una de las situaciones que violan de la
manera más grave el pleno ejercicio de los derechos humanos».
Hijo de una familia
de trabajadores, Juan Pablo II deja el recuerdo de un Papa del pueblo,
defensor de los derechos de los trabajadores. Queda ahora por esperar
que el futuro pontífice no sea menos progresista frente a la
globalización. Pero que lo sea muchísimo más en materia de doctrina y
de moral.
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