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CONTENIDO

América
El Mundo

Constancia histórica

Iván Cepeda Castro


Esta semana en San Onofre, Sucre, la Fiscalía halló una fosa común que contiene 20 cadáveres. Las denuncias hablan de que cerca de 200 campesinos, desaparecidos desde el 2001, estarían enterrados en ese mismo lugar. Todo indica que la responsabilidad por estos hechos es del grupo paramilitar "Héroes de los Montes de María".

Se trata de la misma región, donde masacres como la de El Salado, perpetrada entre el 16 y el 19 de febrero de 2000, han sembrado el terror y la zozobra. Entre los muchos actos de violencia cometidos por los grupos paramilitares, con la complicidad de estamentos de la Fuerza Pública, la masacre de El Salado pasará a la historia como el paradigma de la crueldad y los extremos a los que se ha llegado en el ultraje a la dignidad humana en Colombia. Según testimonios de los sobrevivientes, los paramilitares concentraron a la población y colocaron en el centro de una cancha de fútbol la mesa que utilizaba el cura párroco local como altar en la iglesia. Allí torturaron a más de 40 personas que después ejecutaron. Los verdugos obligaron a las mujeres de la comunidad a cocinarles y servirles. Se emborracharon y, mientras unos seguían torturando, otros decidieron bailar con algunas de ellas al son de una parranda vallenata. Luego las violaron y asesinaron.

También maltrataron y mataron a niñas y ancianos. Durante los días que duró esta orgía de muerte no permitieron que nadie abandonara la cancha deportiva, obligando así a la población a que presenciara los suplicios y humillaciones de sus familiares, los líderes de su comunidad, sus amigos y vecinos. Los testigos narran que el llanto y los gritos angustiados de las víctimas eran motivo de risa para los agresores.

Es difícil determinar a ciencia cierta el grado de destrucción y los efectos sociales que masacres como éstas han provocado en muchas partes del país. Decir que se perdieron vidas humanas, y que fueron aniquilados los lazos colectivos, el espacio de la convivencia, las familias e instituciones locales, es a todas luces insuficiente. A esta devastación se añade que mientras los sobrevivientes padecen hoy el desplazamiento forzado y la aflicción de los recuerdos de esas jornadas de horror, los criminales se han convertido en los nuevos señores de la región, y ejercen el poder a través de sus redes mafiosas sobre las comunidades sometidas.

A pesar de todas las advertencias y recomendaciones hechas desde diversos sectores de la sociedad colombiana y la comunidad internacional, el Gobierno ha utilizado numerosas artimañas para hacer aprobar una ley de impunidad que cobije actos aberrantes de semejante magnitud y sevicia. Frente a esta situación, un sector minoritario de la oposición presentará en el Congreso de la República una moción, suscrita también por numerosas organizaciones de víctimas y movimientos sociales, pidiendo que se archive el proyecto de ley. En esa proposición se advierte acerca de las graves consecuencias sociales y jurídicas de un modelo de "alternatividad penal" para crímenes de lesa humanidad y genocidio; una de las cuales -como se desprende del reciente mensaje dirigido por el Fiscal de la Corte Penal Internacional al Gobierno- sería la activación de los
mecanismos de la justicia internacional.

Por otra parte, el próximo 7 de abril, en la Plaza de Bolívar, se hará un acto nacional por la verdad, la justicia y la reparación integral.. Tanto la moción de los congresistas como la demostración pública en homenaje a las víctimas de las masacres, las desapariciones y los desplazamientos forzados, tienen el valor de una constancia histórica ante la impunidad que se busca legitimar.


El terrorismo y el conflicto armado

JUAN MANUEL LOPEZ CABALLERO

Es usual que un gobierno tienda a tildar de terroristas a quienes buscan subvertir al Estado, y los subversivos a sindicar de ‘Terrorismo de Estado’ la reacción de éste. Por lo evidente que es el propósito de manipular con la ambigüedad del término ‘terrorismo’, y de usarlo para objetivos políticos, es que los códigos universales lo han excluido.

Ni toda subversión es terrorismo, ni en el caso de que se usen métodos terroristas deja de ser subversión. El ataque a un cuartel militar es un acto de guerra y el rematar a los soldados heridos es un crimen de guerra; pero ni el uno ni el otro son en sí necesariamente actos de terrorismo. Al igual que el carácter terrorista es en esos casos complemento o agravante, otro tanto sucede con los conflictos armados: ni quien participa en ellos es necesariamente terrorista, ni por tener propósitos terroristas un conflicto armado deja de serlo. El conflicto armado es una situación de hecho y él cuando se da lo establece el DIH como parte del Jus Cogens (o sea de las leyes de la humanidad); esa situación vive hoy Colombia.

El presidente Uribe ha logrado vender un falso dilema con el planteamiento ‘terrorismo’ o ‘conflicto armado’, presentándolos como si fueran excluyentes o como si uno subsumiera el otro.

La confusión o manipulación se extiende a otros conceptos al afirmar que dentro del DIH se excluiría los canjes, cuando en la reunión preparatoria a los Convenios de Ginebra se estableció la obligación de orientar los esfuerzos a obtener: “... b) un trato humano para todos los detenidos políticos, su canje y, dentro de lo posible, su liberación; c) el respeto de la vida y la libertad de los no combatientes;...”1; o cuando dice que no puede haber prisioneros civiles cuando el 3 Convenio de Ginebra es para las personas civiles en tiempos de guerra y su artículo 37 se titula “personas detenidas”; o cuando, so pretexto que la obligación implícita en el DIH es la liberación de todos los rehenes, niega la posibilidad de aliviar la suerte de algunos.

Como señalara alguno de los familiares de los retenidos por la guerrilla, ellos son ahora víctimas de la posición del Gobierno que niega el derecho de aliviar su situación al desobedecer los preceptos humanitarios.

Además de incumplir la obligación de buscar acuerdos humanitarios, al ‘desaparecer’ el conflicto armado en alguna forma le permite ignorar a quienes no son víctimas del ‘terrorismo’ pero sí del conflicto armado: los miembros de la guerrilla muertos, heridos o mutilados, y sus allegados; las familias de las víctimas de ‘desaparición forzada’ (1.800 en 2003 y una cifra superior en el 2004 según Asfaddes —asociación de familiares de los desaparecidos—); los desplazados como consecuencia del enfrentamiento que son indiferentes a cual de las partes sea la responsable (con un crecimiento de 38% este año, según Codhes). Incluso los parientes de los soldados que llevan años retenidos desde cuando fueron tomados prisioneros en combate.

Nos encontramos entonces en el círculo vicioso y perverso de que por engañar con el término virtual o mediático de ‘terrorismo’ se ‘desvisibilizan’ las víctimas causadas por el real conflicto armado, y en consecuencia, con el falso argumento de que el terrorismo es lo que se ataca, se justifica prolongar y multiplicar ese conflicto y en consecuencia las víctimas que él produce.

La terminología jurídica, y con más razón la penal, exige precisión en el lenguaje. No es lo mismo la noción de uso diario que se refiere a la visión que tiene quien utiliza el término, que la tipificación de la conducta que se establece en el código. El presidente al utilizar el término ‘terroristas’ vaciándolo de todo contenido jurídico (ni siquiera lo relaciona con el propósito de producir terror) y al omitir cualquier marco de referencia para precisar de que habla (puesto que no reconoce, ni menciona, ni explica su ausencia de los códigos humanitarios o su tipificación en nuestro ámbito al usarlo) lo que hace simplemente es volverlo sinónimo de ‘los malos’ sustituyendo una palabra por la otra.

Esto corresponde a una visión —pero también a una estrategia—, que divide el mundo entre los ‘buenos’ y los ‘malos’; según la cual la función de los primeros es erradicar a los segundos; según la cual para eso se tiene la fuerza y el poder, y es mediante ellos que puede lograrlo; según la cual el fin justifica los medios, y por lo tanto códigos, principios, y en general las instituciones Políticas, de Derecho, o Humanitarias cuando son obstáculo para ese propósito deben ser desatendidas y/o reformadas; y obviamente, según la cual uno es el representante de los ‘buenos’ y quien tiene esa ‘misión’ en la vida.

Es una visión compartida a muchos niveles, y con diferentes expresiones según quien la aplique: para unos justifica los negocios de droga y las motosierras; para otros el acudir a la peor politiquería para la compra de votos y de consciencias, y la negación de la jerarquía de la Constitución y del Jus Cogens como marcos consensuales de obligatorio cumplimiento; y para otros el derecho a adelantar ‘guerras preventivas’ y crear reductos donde no rige ningún Derecho ni ninguna Justicia, como es la base de Guantánamo. En alguna forma es lo que se llama el aire de los tiempos, y evidentemente hay quienes cabalgan sobre esa ola.

1 Compilación de jurisprudencia y doctrina. Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Bogotá, junio 2001; pag.2


La guerra en el Nordeste Antioqueño: Entre las partes y contra la población civil

Cahucopana

 

Durante las últimas semanas se vienen presentando en esta región fuertes combates entre efectivos de la Brigada XIV del Ejército
Nacional y las guerrillas de las FARC-EP y el ELN.

El Ejército está realizando ametrallamientos desde helicópteros de manera indiscriminada en cercanías de objetivos civiles, poniendo en alto riesgo a la población campesina.

En la vereda Carrizal, en jurisdicción del municipio de Segovia, el Ejército cerró una mina de oro de explotación artesanal dejando sin
trabajo e ingresos a 20 familias de este caserío. La razón para el cierre que adujo el Ejército fue que esta mina pertenece a la guerrilla. Argumento totalmente infundado que sirve sólo para reprimir a los mineros en una clara violación del derecho al trabajo.

Los miembros del Ejército acantonados en la vereda Carrizal han pintado en las paredes de las casas y en los árboles consignas
alusivas a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), sigla bajo la cual se esconden todos los carteles sicariales del narcotráfico al servicio de la estrategia paramilitar de guerra sucia del Estado colombiano.

Los militares están amenazando a mineros y campesinos con la repetida frase: "En cuanto nosotros salgamos prepárense que vienen los paramilitares". El Ejército continúa utilizando en su accionar contra civiles al reconocido paramilitar Carlos E. Lombana, identificado con cédula de ciudadanía No. 3'557.848 de Puerto Salgar, Cundinamarca, perteneciente al Bloque Central Bolívar de las AUC y residenciado en la ciudad de Barrancabermeja.

Rechazamos la situación de confinamiento a que están sometidos los pobladores de las veredas Carrizal, Piñal y Lejanías por parte del Ejército, que impide la libre movilización de los civiles sin su previa autorización, además interrogando de dónde vienen y para dónde van los campesinos.

Rechazamos igualmente el uso indiscriminado de campos minados por parte de la guerrilla en la zona, pues la utilización de las minas antipersonales aumenta el grado de confinamiento, zozobra y temor generalizado de las comunidades.

El operativo militar y la política represiva del Estado colombiano se realiza a pocos días de la realización de la Segunda Acción
Humanitaria al Nordeste Antioqueño (del 8 al 12 de abril), pretendiendo inviabilizar esta acción de denuncia, atención y
acompañamiento a las comunidades victimizadas.

Ante esta situación violatoria de los derechos humanos del campesinado, invitamos a la comunidad nacional e internacional a
participar activamente en la Segunda Acción Humanitaria al Nordeste Antioqueño, a observar, verificar y denunciar la difícil situación
humanitaria a la que están siendo sometidos los pobladores del Nordeste Antioqueño en medio de la guerra.


HEMOS COMENZADO A DESPLAZAMOS ANTE LA PRESENCIA DE LA POLICIA

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó anuncia que hoy 1 de abril  hemos comenzado a desplazarnos del corregimiento de San José. Desde el 30 de marzo, la policía viene entrando al caserío de San José con psicólogos, sociólogos, con personas filmándonos y entregando volantes donde se plantea un trabajo conjunto de la policía con la comunidad y que ha sido concertado con nosotros. El 30 de marzo entraron hacia las 2 p.m. y repartieron volantes manifestando que la policía realizaría labores educativas con los niños, resolución de conflictos, labores sociales; luego de filmarnos, salieron hacia las 2:40 p.m. El 31 de marzo hacia las 11 a.m. llegó hasta la entrada del caserío de San José una moto con dos personas de civil con armas cortas, luego se presentó el sacerdote de la policía, anunciando con un megáfono la llegada de la policía.  Media hora después entró una chiva repleta de unas 100 personas entre ellas varios policías con dulces y tambores invitando a la comunidad a trabajar con la policía y filmando el caserío y a sus pobladores. Varios niños se negaron a recibir los regalos y dulces que estaban repartiendo y así mismo hizo la comunidad. Frente a esta respuesta, varios policías y el sacerdote se enojaron diciéndonos que la teníamos que pagar muy caro.

Es realmente ultrajante lo que viene haciendo el gobierno. El ejército ha realizado una masacre de ocho personas entre ellas un líder de la comunidad y como respuesta nos manda la policía para supuestamente solucionar nuestros problemas y realizar una labor social, olvidando las cuatro reuniones que se tuvieron con el Vicepresidente frente a la supuesta concertación sobre la instalación del puesto de policía (la última realizada en la última semana de enero donde estaba Luis Eduardo, líder asesinado).

Ante esta situación, vemos que no tiene sentido en estos momentos seguir dialogando  con el gobierno en la concertación de las medidas provisionales. Durante dos años nos reunimos con sus delegados periódicamente dentro de la concertación de dichas medidas y sólo vemos un incremento de agresiones y la búsqueda de la destrucción de nuestro proceso. A través de un derecho de petición solicitamos conocer cuál es la posición del gobierno frente a la comunidad y si se tomarían en forma concertada las medidas de protección como ordenó la Corte Interamericana. La única respuesta que hemos obtenido es la entrada de la policía y sus acciones psicosociales.. El gobierno tomó una decisión de guerra ante una comunidad que cree en la paz y que vive en ella. Ahora guardaremos silencio con las instancias del estado, sólo mantendremos comunicación permanente con la defensoría del pueblo y con la procuraduría nacional para que haya atención sobre nuestro albergue de casas y sea respetado como propiedad privada que es.

Nos estamos desplazando hacia la finca La Holandita, propiedad de la Comunidad. Hemos venido dejando nuestros hogares cerrados y hemos pedido a la defensoría que verifique como han quedado las casas en San José. Hemos filmado el caserío para dejar constancia de cómo viene quedando y hemos hecho un inventario por casa, para que no realicen montajes como los que ha intentado hacer la fuerza pública durante años. Exigimos que se respeten nuestras viviendas y esperamos regresar algún día. Esperamos también que no sean tomadas por los paramilitares como ha sucedido en muchos lugares del país.

Siempre hemos dicho que vivimos en medio de la guerra.  No aceptamos los señalamientos que nos han hecho y por eso nos mantenemos en nuestros principios de neutralidad. Exigimos el respeto al lugar en que estamos y que es propiedad privada. Exigimos el respeto de los actores armados a nuestro proceso, a las zonas humanitarias y a las familias que han decidido quedarse en el caserío de San José. No aceptamos la infamia de los que quieren decir que las familias han sido obligadas a salir o que ha sido simplemente una decisión de los líderes. Esta una decisión colectiva y quienes no la comparten están en todo su derecho. Nosotros seguimos firmes en la búsqueda del respeto de la población civil y ser ajena a cualquier actor armado.

Pedimos la solidaridad internacional y nacional ante estos momentos de destrucción que pretende realizar de nuestro proceso. Sabemos que algún día la historia juzgará estos hechos, estos atropellos, estas injusticias, este Crimen de Lesa Humanidad que se ha realizado contra nuestra comunidad. También llegará el día en que algún gobierno respete las iniciativas de paz que nacen desde las comunidades civiles que sufren la guerra, creemos que lo que  han hecho con nosotros es un error histórico para el país y para la humanidad y ésta algún día se encargará de juzgarlo.


Reacción de Amnistía Internacional ante la visita del presidente Rodríguez Zapatero a Colombia

Ocasión perdida para una política exterior de derechos humanos

Amnistía Internacional Madrid


Amnistía Internacional se ha dirigido hoy por carta urgente al
presidente José Luis Rodríguez Zapatero para expresarle la preocupación de  la organización en relación con la política exterior española hacia Colombia. Durante la reciente visita a este país del presidente del Gobierno español, y según las informaciones aparecidas en la prensa, no se ha tratado con la relevancia que merecen las preocupaciones sobre la continuada crisis de derechos humanos a la que se enfrenta Colombia desde hace décadas.

Para Amnistía Internacional se trata de una ocasión perdida de desarrollar una política exterior comprometida con los derechos humanos.

La organización considera que el Gobierno español debería desarrollar un papel mucho más relevante y comprometido con la defensa de los derechos humanos, exigiendo al Gobierno colombiano que ponga en marcha  las recomendaciones de Naciones Unidas y no respaldando las políticas del Gobierno colombiano contrarias a esas mismas recomendaciones.

En opinión de Amnistía Internacional, el Gobierno español ignora en sus relaciones con Colombia la sistemática  violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte de todas las partes armadas en el conflicto colombiano, esto es, la fuerza pública colombiana, los grupos paramilitares respaldados por el Ejército y los grupos armados de oposición. Aunque en los últimos años algunos indicadores de la violencia política han descendido, como el secuestro y los homicidios, la situación de los derechos humanos en Colombia se mantiene muy crítica , afectando con especial rigor a la población civil.

Los civiles continúan sufriendo de manera desproporcionada el conflicto armado, mientras que algunas de las políticas del Gobierno  colombiano empujan aún más a los civiles dentro del conflicto, como la creación de un ejército de soldados campesinos o el establecimiento de una red de informantes civiles. Mujeres y niñas han sido violadas, asesinadas, desaparecidas" y mutiladas a manos de todas las partes en conflicto, con el fin de aterrorizar a la población civil o por venganza entre los actores armados. Al mismo tiempo, los defensores de los derechos humanos y los activistas sociales siguen siendo perseguidos, amenazados y, en ocasiones, asesinados.

Prueba de ello es la reciente masacre ocurrida en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. En febrero de 2005, ocho miembros de la comunidad, incluidos mujeres y niños de corta edad, murieron a manos de hombres armados que, según los informes, se identificaron como miembros del ejército colombiano.

Amnistía Internacional considera que el cumplimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas sigue siendo la condición imprescindible para que se produzcan avances en la protección y el respeto de los derechos humanos en Colombia, y por tanto para mantener la asistencia internacional a ese país. En este sentido, el Gobierno español debe tener en consideración la proposición No de Ley aprobada en el Congreso de los Diputados en junio de 2004, promovida por el Partido Socialista, en la que se le insta, entre  otras cuestiones, a comprometer al Gobierno colombiano en el cumplimiento de las 27 recomendaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.


 

CARTA ABIERTA

1 de abril de 2005
 
Señor
Álvaro Uribe Vélez
Presidente de Colombia
Palacio de Nariño, Bogotá


            Sr. Presidente Uribe,


             Quienes firmamos esta carta abierta, somos académicos, investigadores, juristas o interlocutores en foros de reflexión y acción sobre la realidad del mundo. Hasta nosotros y los espacios de nuestro trabajo, desde hace años han llegado las voces de incontables e inolvidables víctimas de la violencia social y política que vive Colombia. Les hemos escuchado y sabemos de su sufrimiento. A muchas les hemos acompañado, y de la mano del testimonio que han dado y de las objetivas circunstancias de injusticia que comprobamos, hemos profundizado nuestro conocimiento acerca de las causas y las consecuencias de una de las confrontaciones más desgarradoras en el planeta.

El pasado 21 de febrero, se consumó una matanza espantosa, en San José de Apartadó, Urabá, contra campesinos, niños y mujeres en estado de indefensión. Estas personas humildes fueron asesinadas con la mayor sevicia. Sus cuerpos estaban descuartizados. Es uno de esos crímenes de lesa humanidad imborrables, de los cientos que militares y paramilitares han cometido impunemente durante muchos años. Allí fue asesinado Luis Eduardo Guerra, cofundador de una Comunidad de Paz que conocemos. Así también el sábado 5 de marzo fue desaparecida, torturada y asesinada Irma Areiza, de la Comunidad de Dabeiba. De igual forma, el 29 de enero fue asesinado el líder Pedro Murillo, de la Comunidad de Jiguamiandó. Las tres personas además de ser promotoras de resistencias civiles en estas meritorias Comunidades, eran testigos directos de crímenes de la estrategia paramilitar en la misma región. Al tiempo, personas como Javier Giraldo, sacerdote jesuita a quien conocemos hace décadas, otros miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y más defensores de estas Comunidades, a quienes tratamos por su trabajo a favor de los derechos humanos, han sido amenazados o acusados por organismos estatales represivos, de ser apoyos o miembros de la insurgencia.

Su Gobierno en lugar de pedir perdón públicamente y rectificar, ha amenazado de manera reiterada y ordenado acabar con estas Comunidades, al anunciar que las tropas que han sido sistemáticamente agresoras y homicidas, van a ocupar militarmente las tierras de estas poblaciones, no sólo destruyendo su principio rector de neutralidad y distinción en el conflicto, sino asegurando el despojo de estos territorios y títulos colectivos, que ya vienen siendo usurpados violentamente por salvajes proyectos económicos. Ya tenemos claro, Sr. Presidente Uribe, con todos los elementos de juicio, previos a la masacre y posteriores a ella, que está en marcha la decisión de aniquilar esta valiosa y digna experiencia de construcción social de valores de humanidad, que su Gobierno no está dispuesto a compartir, como Usted lo ha expresado claramente en sus discursos de ataque a la Comunidad, uno de ellos el 27 de mayo de 2004, y hace unos días, el domingo 20 de marzo de 2005, en un consejo de seguridad, en la misma zona donde fue cometida tan execrable masacre. En esta última oportunidad, Usted ha apuntado que “líderes, patrocinadores y defensores” de las Comunidades sirven a la subversión o al terrorismo. Mientras, convergen aterradoras amenazas, en Cacarica y Jiguamiandó en esta última semana, como el pasado martes 29 de marzo en Bogotá, con anuncios anónimos de asesinato de los integrantes de Justicia y Paz.

La tragedia colombiana nos conmueve e interpela éticamente. El silencio y la omisión nos parecen terriblemente cómplices. No compartimos el objetivo de tergiversar la realidad, como se pretende al punto de mantener la absurda tesis de negar la existencia del conflicto, pisoteando la memoria de las víctimas y atacando a quienes buscan sembrar esperanza en medio de una guerra cruenta. Este mecanismo y otros de falseamiento, operan a favor de la impunidad que su gobierno está consolidando. Deseamos ver a Colombia en Paz y Justicia. Que no haya ni un muerto ni un desaparecido más. Que ninguna persona sea detenida o amenazada por su lucha por la verdad, la justicia y la reparación dignas.

Hacemos responsable directamente al gobierno que Ud. preside, Sr. Uribe Vélez, si esto continúa pasando, o algo más grave sucediera, en las personas de Javier Giraldo, los miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz u otro defensor de derechos humanos o integrante de las Comunidades de paz y resistencia que ellos y otras organizaciones acompañan, como la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la Comunidad de Vida y Trabajo La Balsita de Dabeiba, las zonas humanitarias de las Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad del Cacarica, del Jiguamiandó, y de Familias de Curvaradó.

Suficiente evidencia existe a nuestros ojos que ellos y ellas están en peligro por la eficacia moral de su ejemplo. Hacemos este llamado respetuoso, compartido por cientos de personas en todo el mundo, para que recapacite y tal estrategia se detenga.
 
Atentamente,
 
 
François Houtart, sacerdote, sociólogo, profesor emérito de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, Juan José Tamayo, teólogo, escritor, académico, España, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nóbel de la Paz, Argentina, Pierre Galand, Senador de Bélgica, Franz Hinkelammert, escritor, economista, profesor, Alemania, Pedro Casaldáliga, Obispo de São Felix de Araguaia, Mato Grosso, Brasil, Boaventura de Sousa Santos, sociólogo, profesor de la Universidad de Coimbra, Portugal, Thomas Gumbleton, Obispo Auxiliar, Arquidiócesis de Detroit, Estados Unidos, Aviva Chomsky, académica, historiadora, Salem State College, Estados Unidos, Joaquín Herrera Flores, jurista, escritor, académico, España, Leonardo Boff, teólogo, filósofo, Brasil, Uxue Barkos Berruezo, Diputada por Navarra al Congreso de los Diputados, España, Carlos Taibo Arias, académico, escritor, España, José Luis Galán, jurista, acusación en juicios de Madrid, por crímenes contra la humanidad, España, Enrique Santiago Romero, acusación en juicios de Madrid, por crímenes contra la humanidad, Vicepresidente Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Secretario General de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, España, Virginia Díaz, jurista, acusación en juicios de Madrid, por crímenes contra la humanidad, España, Manuel Ollé Sesé, jurista, profesor universitario de derecho penal, acusación en juicios de Madrid, por crímenes contra la humanidad, Presidente Asociación Pro Derechos Humanos, España, Carlos Slepoy Prada, jurista, acusación en juicios de Madrid, por crímenes contra la humanidad, Argentina – España, Luis Cobiella, escritor, Primer Diputado del Común, Premio de Bellas Artes e Interpretación, Canarias, España, Pierluigi Di Piazza, Sacerdote, escritor, Director del Centro Ernesto Balducci, Udine, Italia, Francisco Javier Vitoria, sacerdote, doctor en teología, profesor Universidad de Deusto, País Vasco, España, Luis Capilla, sacerdote, investigador social, escritor, España, Tarsicio Lozano Huertas, Superior de la Comunidad de Jesuitas de Cadalso, Madrid, España, José María Díez Alegría, teólogo, escritor y profesor emérito, España, Javier Ruiz de Arana, S.J., Presidente del Comité de Solidaridad Monseñor Oscar Romero, Madrid, España, José Luis Gómez Morales, Capellán de prisiones y párroco, España, Isaura Navarro Casillas, Diputada al Congreso, Secretaria Cuarta del Congreso de los Diputados, España, Agustín Drake Drake, Vicepresidente del Comité de Solidaridad Monseñor Oscar Romero, Madrid, España, José Ángel Cuerda, jurista, ex alcalde de Vitoria, País Vasco, España, Javier Ortigosa, profesor universitario, Presidente de la Asociación de Psicoterapeutas, "Laureano Cuesta", Director del Instituto de Interacción y Dinámica Personal, España, José Antonio García Monge, profesor universitario, escritor, España, Ramón Fernández Durán, escritor, investigador sobre economía mundial, España, Samuel Ruiz, Obispo emérito de San Cristóbal, Chiapas, México, Juan Genovés, artista, pintor, escultor, España,

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Detienen a cinco militares de Estados Unidos por tráfico de cocaína desde Colombia

El Tiempo

Son miembros del cuerpo de instructores antinarcóticos de tropas colombianas. Cayeron por "presuntamente transportar" 16 kilos en un avión militar.

La detención se produjo la tarde del martes en un lugar que no fue revelado.

La droga, al parecer, iba a ser entregada en E.U. a traficantes para su comercialización. El kilo de cocaína puesto en Miami tiene un costo cercano a los 25.000 dólares (unos 57,5 millones de pesos), mientras que en Nueva York la misma cantidad es comprada en 35.000 dólares.

Fuentes colombianas agregaron que todo indica que las autoridades de ese país los estaban esperando para atraparlos. "Puede ser que en otras ocasiones habían cometido el ilícito y los venían siguiendo. También es probable que se dieron cuenta esta vez cuando metieron la droga en el avión", explicó la fuente.

Sobre el hecho, el Comando Sur dijo ayer: "Están bajo investigación acusados de intentar transportar aproximadamente 16 kilogramos de cocaína abordo de un avión militar estadounidense".

La identidad de los militares no fue suministrada. El teniente coronel Eduardo Villavicencio, portavoz del Comando Sur, se negó a divulgar el sitio exacto dónde están recluidos los militares. Solo afirmó: "Están en territorio estadounidense'".

"Esta es una investigación en desarrollo sobre un hecho delictivo", acotó Villavicencio, quien se abstuvo de revelar más detalles sobre el caso.

En la tarde de ayer, el Ministerio de Defensa de Colombia, expidió un comunicado en el que afirma que las capturas son el resultado de investigaciones conjuntas con las autoridades de E.U.

"El Departamento de Defensa y otras agencias federales, en estrecha colaboración con el Gobierno colombiano, están investigando estos cargos tanto en Estados Unidos como en Colombia. La investigación está en curso. En este momento no se dará a conocer más información para proteger la integridad de la investigación", puntualiza el escueto comunicado.

El gobierno estadounidense ha aportado en los últimos cinco años cerca de 3.000 millones de dólares a la lucha contra el narcotráfico en Colombia, y tiene militares acantonados como equipo de apoyo.

El año pasado el Congreso de E.U. aprobó duplicar a 800 el número de militares de ese país que pueden estar en Colombia trabajando en asesorías y entrenamientos, y aumentó a 600 el cupo de contratistas.

Esta no es la primera vez que funcionarios estadounidenses en servicio en Colombia aparecen involucrados en tráfico de cocaína.

En 1999, Laurie Hiett, esposa del coronel James Hiett -encargado de un grupo militar de ese país que luchaba contra el tráfico de drogas en Colombia-, fue capturada en su país por haber hecho seis envíos de cocaína a través de la valija diplomática.


Alfonso López convoca a todas las fuerzas políticas para derrotar a Uribe en elecciones de 2006

Yamit Amat

El ex presidente, en entrevista con Yamid Amat, cree que los paramilitares tendrán un papel capital en la reelección de Uribe, "amenazando gente".

(Nota del autor. En el siguiente reportaje no incluyo presentación. Y no la produzco para no correr el riesgo de equivocarme en alguna interpretación de las palabras del ex presidente Alfonso López Michelsen. Prefiero, simplemente, citar una frase del ex presentador de noticias de la CBS Walter Cronkite, a propósito de un debate sobre informes periodísticos y reportajes: "La censura corporativa es tan peligrosa como la censura gubernamental, y la autocensura puede ser la forma más insidiosa de acallar las voces críticas")

Señor ex presidente, el senador Mario Uribe dijo hace unos días, en un reportaje en 'El Espectador': "Estamos pensando muy seriamente en una cosa: que Álvaro Uribe Vélez sea nuestro candidato a la presidencia en el 2006, independientemente de lo que falle la Corte Constitucional". ¿Qué opina usted?

El uribismo está jugando a crear un hecho político, con la colaboración de ciertos medios. Yo le propongo al Partido Liberal que enarbole la bandera de llevar a Álvaro Uribe, cuando sea candidato presidencial, a la segunda vuelta, para derrotarlo. Frente a la propuesta monstruosa del senador Mario Uribe, de desconocer un eventual fallo adverso de la Corte Constitucional, propongo que todos los sectores políticos que respetan la Constitución obliguen a Uribe a ir a la segunda vuelta.

¿Para qué?

Ya le dije, para derrotarlo.

¿Evitar que Uribe sea elegido en la primera vuelta?

Exacto. Hablo desde el punto de vista político, constitucional y jurídico. Me explico: la propuesta del senador Uribe es una maniobra politiquera.. Así hay que considerarla sin divagar en argumentos jurídicos.

Si la Corte Constitucional declara inconstitucional el proyecto, es imposible que el presidente Uribe acepte ser candidato.

Posiblemente. Pero presionan a la Corte para crear una situación política. El país debe reaccionar contra ese atropello.

¿Su propuesta de que el liberalismo evite que el presidente Uribe sea reelegido en la primera vuelta electoral, es un desafío al uribismo?

No, señor. Ni desafío ni amenaza. Sólo digo que el Partido Liberal debe asumir la defensa de la Constitución y proponer, para el efecto, que se cree un movimiento sin nombres propios que una a todo el antiurbismo, para obligar a una segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Hay que llevar al presidente Uribe a la segunda vuelta. Hay que llenar las plazas liberales con la bandera de la segunda vuelta.

¿Usted estaría dispuesto a ir de nuevo a la plaza pública?

Si no asisto al congreso liberal, espero que el Partido Liberal acoja mi propuesta. Y si lo hace, y mi presencia en la plaza pública contribuye en algo, estoy dispuesto a acompañar a quien sea en todas las plazas, para defender el respeto a la Constitución.

¿Usted considera que la propuesta del senador Uribe es...

Es una propuesta de desconocer la Constitución. Es una propuesta de consultar la opinión pública sobre un tema ambiguo, como es tener a Uribe de candidato por encima de la Corte.

¿Por qué está usted en contra de la posición de quienes proponen desconocer la Constitución, si usted la desconoció cuando se inscribió como candidato liberal, y la Constitución, entonces bajo el Frente Nacional, imponía que el Presidente debía ser conservador?

Le voy a explicar. Yo tengo un fallo del Consejo de Estado donde se dice que el que desconoció la Constitución fue el Gobierno, no yo. La demanda contra la prohibición de inscribir mi nombre la falló el Consejo de Estado, diciendo que era inconstitucional la prohibición de inscribir mi nombre, porque uno no puede confundir las prohibiciones con las nulidades. Lo que decía la Constitución era que sería nula la elección. No que se prohibía. Lo grave es que una interpretación de la Corte, que mide la Constitución, la desconozca Uribe. Además, yo era, entonces, un dirigente político de oposición. No representaba al Estado.

¿Por qué al comienzo del reportaje calificó como monstruosa la idea de los partidarios del senador Uribe?

Porque es monstruoso que la falta de escrúpulos llegue al extremo de proponer el desconocimiento por parte de la opinión pública de los futuros fallos de la Corte.

¿Al margen de lo que piense el Presidente, que, seguramente, está en contra de la propuesta del senador Uribe?

Es un hecho político que ellos quieren crear y contra ese hecho político hay que crear el contrario. Vamos a demostrar que brincándose la Constitución, brincándose el fallo de la Corte, Uribe puede ser derrotado, si se lleva a ser contado en la segunda vuelta. Hay que convertir al liberalismo en el defensor de la Constitución.

¿Por qué tiene dudas sobre su asistencia al Congreso liberal?

No tengo claro qué tanto interés puedo finalmente tener en una competencia de ex presidentes por ver quién se queda con la jefatura del partido.

¿Le parece buena una jefatura única para el Partido Liberal?

Sí, pero es que lo que cuenta ahora es llevar a Uribe a la segunda vuelta.

¿Hasta dónde cree usted posible que la Corte tumbe la reelección?

Me parece secundario frente a que el Partido Liberal tumbe al grupo sin escrúpulos que pretende la reelección manejada desde Palacio.

Con un favoritismo del 70 por ciento del presidente Uribe, ¿de dónde van a salir los votos para derrotarlos en la segunda vuelta?

Del hecho de que no tuvo el 51 por ciento para ser elegido en la primera. Y si eso ocurre, sobrevendrá la desmoralización.

¿Y cómo se hace para que no tenga el 51 por ciento?

Movilizando al Partido Liberal, al Partido Conservador, a todos los que piensan que la Constitución debe respetarse.

El senador Uribe aclaró que su propuesta de votar por el Presidente a pesar del fallo de la Corte era simplemente una constancia histórica.

Entendámonos: con un tono de desafío, están jugando a crear opinión alrededor de que nueve jueces, los magistrados miembros de la Corte Constitucional, no pueden desconocer la opinión del país. Cambiemos de escenario: no es que a los pobres jueces los responsabilicen de la no reelección; es que, aplicando la Constitución, hay que llevar a Uribe a segunda vuelta.

Si el Presidente no alcanza la victoria en la primera, ¿lo ve perdido?

Sí. Le voy a decir por qué. Porque los votos antiuribistas se pueden dividir en la primera. Pero otra cosa ocurrirá en la segunda.

Si hay segunda vuelta, ¿Uribe no gana?

No gana. ¿Qué pasó con el referendo? Porque no lo ganó Uribe, con esa fuerza que tenía. ¿Por qué no lo ganó?

Quizás porque él no estaba en juego...

¿No estaba en juego? ¡Por Dios! Cayó a cama cuando perdió.

Sí, pero la gente no votó contra él, votó contra las propuestas del referendo.

¿Quién era el jefe de debate del referendo?

Él.

Bueno.

¿En el caso de la reelección podría ocurrir el mismo fenómeno?

¡Claro! La propuesta de Mario Uribe es una exhibición de inseguridad, que muestra, en cierto modo, que el prestigio de Uribe no es tan arrollador como creen.

¿Usted no cree que Uribe es tan popular como dicen las encuestas?

No.

¿Y no se requiere un 'antiUribe' para conducir esa campaña?

No. Es un trabajo electoral, circunscripción por circunscripción, enfrentando a todos los que creen que Uribe es una bandera victoriosa.

¿Usted no cree que la popularidad que tiene hoy el Presidente se origina en que es un buen Presidente?

Es porque maneja a los medios. ¿Por qué no le ha ido bien a Juan Manuel Santos si resolvió cabalgar sobre el prestigio de Uribe?

Tal vez porque el prestigio del Presidente no es endosable...

Pues, bueno: cuando se les cree la conciencia a los liberales de que el prestigio de Uribe no es transferible, y ellos no sientan vacilar sus curules, yo quiero ver en qué quedan las mayorías actuales de Uribe en el Congreso. Tomar la muleta roja y mostrar, a quienes creían al animal muerto, que el toro está vivo.

Gaviria fue candidato presidencial por la ausencia de Galán. ¿Podría serlo si hay ausencia de Uribe?

Sí, claro. Eso es lo que está haciendo; colocándose como una opción muy fuerte, si se crea un vacío a consecuencia del fallo de la Corte.

¿No corre el riesgo de que lo identifiquen a usted como un pensador 'anti': antiUribe, antirreelección, antiGaviria?

Yo creo que esa fama la tengo ya.

En medio de semejante debate como el planteado, ¿qué cree usted que va a pasar?

Que los paramilitares van a desempeñar un papel capital en la reelección de Uribe, sin escrúpulos, amenazando gente.

¿A usted no le da temor decir eso?

Mientras yo esté haciendo columnas filosóficas sobre la reelección, sobre lo que dicen los profesores alemanes, no me pasa nada. Pero en cuanto vean las manifestaciones liberales, con el propósito de debilitar a Uribe y llevarlo a la segunda vuelta, quién sabe. No olvide que Pastrana, de Presidente, me desafió, a propósito de mi oposición a que anticipara las elecciones, provocando un plebiscito, que luego lo extendió a todo el Congreso y, finalmente, tuvo que desistir enviándome como a su vocero al doctor Guillermo Fernández de Soto, quien era el de la idea de revocar al Congreso por segunda vez.

YAMID AMAT



Especial para EL TIEMPO

 

Encuentro presidencial en Venezuela: significados y logros
ALEJO VARGAS VELÁSQUEZ*

El encuentro de los Presidentes de Brasil, Colombia, España y Venezuela tiene significados e implicaciones más allá de los acuerdos formales o comunicados, que no siempre reflejan todo lo que se conversó, ni las implicaciones a futuro de lo tratado.

Se desarrolló entre dos Presidentes que han tenido tensiones con USA –el gran ausente, pero presente-: España, por la retirada de tropas de Irak precipitada con el triunfo socialista y el abandono de la incondicionalidad frente a USA del anterior gobierno; Venezuela, por la antipatía no disimulada que le produce a Estados Unidos la estrecha relación con Cuba y las políticas de confrontación venezolanas frente a estrategias como el ALCA, los TLC, o la política antidrogas.

Pero los otros dos Presidentes representan posiciones diferentes: Uribe, el más incondicional de la política norteamericana en Sudamérica -entre otras razones por depender cada vez más de su ayuda- y por ello mismo el que siempre recibe elogios de los altos responsables de USA; Lula, Presidente de una potencia de nivel medio con un espacio geopolítico propio y con quién USA no quiere tener una relación tensionante, a pesar de provenir de un partido de izquierda y presidir un gobierno de ese signo.

Pero la reunión se hizo dentro de un contexto en el cual Estados Unidos intenta distensionar la relación con la región, en especial con Venezuela y Brasil. La Secretaria de Estado, Condolezza Rice, en recientes declaraciones a un periódico norteamericano, que algunos analistas consideran como conciliadoras, señaló que si bien con Venezuela "hemos tenido diferencias", más adelante anotó que "nadie quiere ser enemigo de Venezuela o de su liderazgo" y en relación con Brasil y el Presidente Lula dijo "algunas de nuestras mejores relaciones son con gobiernos que vienen de la izquierda. Tenemos una relación muy buena con el presidente Lula, por ejemplo", declaraciones entendibles en una región como la suramericana con cinco gobiernos de izquierda y un país como Brasil que muy seguramente será uno de los nuevos miembros del Consejo Permanente de la ONU.

La tensión en la región se sitúa en el caso boliviano, con un movimiento indígena que representa más del sesenta por ciento del total de la población y que ha convertido al MAS (Movimiento al Socialismo) y a su líder, Evo Morales, en el más seguro próximo presidente de Bolivia, quien hace diez años lideró "una gran marcha desde el Chapare hasta La Paz denominada 'Por el Territorio, la Coca y la Dignidad Nacional', donde miles de productores de coca, colonizadores y campesinos, pero también otros sectores sociales demandamos al Estado que escuche el clamor de la mayoría nacional", como lo recuerda el propio Evo en un reciente análisis a propósito de los diez años de creación de su movimiento.

Sin embargo, para USA allí radica por el momento su principal preocupación. Condolezza Rice anota que el riesgo del populismo se basa en "una demagogia sobre diferencias de clases", y lo considera "más peligroso en esta región, porque aquí tiene algo de historia", con lo cual tiene algo de razón, porque en Latinoamérica hay una historia de populismo pero que en su momento jugó un importante papel en la construcción de los Estados-Nación.

La reunión de Presidentes, tres de gobiernos de izquierda y uno de centro-derecha, puede ser beneficiosa para cada uno de ellos –por ejemplo tener apoyos a la solución de la confrontación con la guerrilla en Colombia, o el espaldarazo que recibió Venezuela de España y Brasil- y para la región en su conjunto, si se logran impulsar iniciativas que distensionen las relaciones entre vecinos, mejoren las posibilidades con la UE y hagan que USA respete los procesos de autonomía política que se están viviendo en la región.

*Profesor Universidad Nacional


 

San José de Apartadó - La Paz Masacrada

Javier Giraldo Moreno S.J.

Una llamada al teléfono el pasado 23 de febrero me dejó confundido y conmocionado. Luis Eduardo Guerra, uno de los impulsores más tenaces de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, había desaparecido. Al otro lado del teléfono, uno de los líderes actuales de la Comunidad me decía que todos los indicios apuntaban a que había sido asesinado. Grupos numerosos de la Comunidad ya habían partido en su búsqueda sin mucha esperanza. Las llamadas se fueron multiplicando con el avance de las horas hasta que el 25 al amanecer me desplacé hacia San José en compañía de la ex Alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, ya con la certeza trágica de que el cadáver de Luis Eduardo había sido hallado, junto al de su compañera Bellanira y al de su hijo Deiner Andrés, de 11 años. Otro líder de esa zona, Alfonso Tuberquia, a quien yo también conocía y cuyo hijo, Santiago, había bautizado pocas semanas antes, había sido masacrado junto con su esposa y sus hijos.

Luego de 8 años de registrar atrocidades perpetradas contra esa Comunidad heroica y de denunciarlas ante todas las instancias posibles, me quedaba difícil, sin embargo, decantar un análisis claro de lo que estaba ocurriendo. Por una parte, me venían a la memoria las más de 500 agresiones denunciadas anteriormente y me parecía que todo había ocurrido dentro de la misma lógica y libreto de persecución y exterminio a que la Comunidad de Paz venía siendo sometida desde su gestación en 1996; recordé con estremecimiento muchas masacres anteriores y el hostigamiento permanente a sus líderes e integrantes, lo que parecía imponerme una conclusión que yo rehuía asumir por sus duros efectos desmoralizantes: nada ha cambiado; la condena al exterminio se continúa aplicando implacablemente, así los discursos del Estado hayan evolucionado. Pero, por otra parte, me venían a la memoria tantas reuniones de concertación con el Estado, en seguimiento a las medidas de protección que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había solicitado insistentemente al gobierno colombiano desde octubre de 2000, precedidas por las Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana, asumidas desde noviembre de 1997. Recordé especialmente muchas expresiones del Vicepresidente Francisco Santos y de otros miembros de su despacho, que aseguraban que la Comunidad no iba a ser destruida sino protegida por el Estado y que era una decisión clara del gobierno actual concertar con la misma Comunidad lo más conducente a su protección.

Lleno de interrogantes llegué a San José de Apartadó aquel viernes 25 de febrero. Un helicóptero del ejército sobrevoló el poblado con una enorme bolsa colgante agitada por el viento. Las comunicaciones recibidas a través de teléfonos satelitales de acompañantes internacionales, nos anunciaron desde la zona de la masacre que ya habían sido exhumados y legalmente levantados los despojos de cinco víctimas: Alfonso Tuberquia, su esposa Sandra Milena Muñoz, sus hijos Natalia (5 años) y Santiago (18 meses) y otro poblador de la zona, Alejandro Pérez Castaño. Todos los cuerpos estaban mutilados y tenían estigmas de crueles torturas.

Con Gloria Cuartas y algunos acompañantes internacionales decidimos ahorrarles a las familias las penosas diligencias de reclamo de los cadáveres. Varias autoridades se congregaron en el cementerio de Apartadó aquella tarde del sábado 26, donde los trámites interminables de la entrega de los cuerpos se fueron alternando con reclamos fuertes a las autoridades por la palpable negligencia en el levantamiento de los otros cuerpos. En efecto, los cadáveres de Luis Eduardo y de su familia no habían sido hallados, como se creyó inicialmente, en ninguna de las dos fosas donde los victimarios sepultaron apresuradamente a las últimas víctimas, en un campo de cultivo de cacao, dentro de la finca de Alfonso, sino que fueron encontrados a la intemperie, junto al río Mulatos, ya bastante devorados por gallinazos y cerdos. Aunque la Fiscalía tuvo conocimiento del sitio exacto en la tarde del viernes 25, solo llegó al lugar en la mañana del domingo 27 a practicar los levantamientos legales, cuando ya el agotamiento de los grupos de búsqueda era extremo y habían decidido transportar los cuerpos sin esperar las diligencias oficiales.

Otro helicóptero sobrevoló la zona con la macabra bolsa colgante y aquella tarde del domingo se repitió la penosa experiencia de los trámites de entrega de los cuerpos, en que los legalismos inútiles ofenden los sentimientos y el sentido común. Una funeraria contratada por el Alcalde de Apartadó, luego de los fuertes reclamos de Gloria Cuartas, se negó a transportar los cuerpos porque era de noche. Un joven conductor de chiva se arriesgó a llevarnos y dos días después fue amenazado de muerte por un paramilitar protegido por el Coronel Duque, comandante del batallón que controla la zona de San José. La destartalada "carroza fúnebre" pasó cerca de la media noche por el Barrio Obrero de Apartadó, donde se realizaba una verbena popular. Una multitud bailaba animada por consumo generoso de alcohol. Nadie se dignó siquiera dedicar una mirada de respeto a los féretros, interrumpiendo el baile. Era una comprobación triste de la "cultura paramilitar" ya dominante en una ciudad que otrora se distinguió por su elevada conciencia social.

Pasada la media noche del domingo teníamos los ocho féretros reunidos en el kiosco que ha servido para tantas asambleas comunitarias y donde se han tomado tantas decisiones solidarias. Una vigilia con reflexiones, cantos y lecturas bíblicas congregó a muchas personas en el amanecer del lunes 28, esperando la hora del funeral, fijada para las 8 a.m. Con la voz entrecortada presidí la Eucaristía exequial mientras era penetrado por sentimientos intensos que se expresaban en cada gesto y en cada suspiro de los participantes. Escogí un texto del cuarto Evangelio donde Jesús afirma: "nadie me quita la vida sino que yo mismo la entrego para volverla a recuperar", palabras que provocaron en sus oyentes el veredicto de que "se había vuelto loco", mientras solo unos pocos recapacitaron y dijeron: "alguien que le abre los ojos a los que están ciegos, no puede estar loco". (Juan 10, 17-21). No solo veía reflejado en ese texto el misterio de la muerte y de la vida de Luis Eduardo y Bellanira, de Alfonso y Sandra, de Alejandro y de aquellos niños que apenas se adentraban en la vida conducidos por unos padres convencidos y heroicos, sino la vida y la muerte de toda esta Comunidad que ha pagado el precio de más de 150 vidas por no someterse a unas estructuras de muerte e indignidad que nos envuelven.

Algunos periodistas y autoridades regionales consultaron por teléfono si podían asistir al funeral. Quienes les respondieron, les expresaron la indignación ya reinante en la Comunidad de Paz por las actitudes de autoridades y periodistas, quienes en lugar de condenar tan horrendo crimen, iniciaban ya una gigantesca campaña de estigmatización de las víctimas y de la Comunidad, campaña que iría "in crescendo" en las semanas posteriores.

Las conversaciones con más de 10 testigos presenciales me fueron permitiendo reconstruir el itinerario del crimen. Unos de ellos fueron detenidos ilegalmente por tropas del ejército que entraron el sábado 19 de febrero a la vereda La Esperanza, confinándolos en una vivienda sin permitirles moverse de allí. Otros vieron llegar las tropas en la tarde de ese sábado a la vereda Las Nieves, donde al amanecer del domingo 20 irrumpieron violentamente en la vivienda de Marcelino Moreno, disparándole mientras estaba acostado e hiriendo a su niña. Marcelino, quien era miliciano, se levantó ya herido a buscar un arma y se enfrentó a los soldados quienes lo mataron, quedando herido en el enfrentamiento un soldado. Al recorrer la vereda Las Nieves, dos de sus pobladores fueron perseguidos por los soldados, quienes manifestaron en voz alta su intención de asesinarlos, pero un encapuchado que no portaba uniforme militar les gritó que no dispararan "porque iban a dañar el plan". Gracias a eso, los dos pobladores lograron correr y esconderse sin ser alcanzados por la tropa, que al parecer llevaba la consigna de no hacer mucho ruido con las armas para que la gente no huyera. Al día siguiente, el lunes 21 de febrero, la tropa aparece en la vereda Mulatos, contigua a Las Nieves, donde encuentran por el camino a Luis Eduardo con su familia quien se dirige a recoger un cacao en un cultivo de los suyos. Otro pariente que lo acompañaba observó a un militar en el camino, a poca distancia, pero al señalárselo a Luis Eduardo, el militar se agachó y se ocultó. Dicho pariente invitó a Luis Eduardo a regresarse o huir porque era clara la presencia del ejército, pero Luis Eduardo dijo que no iba a huir y que si era necesario entraría en discusión con la tropa para que lo dejaran recoger el cacao. Momentos después se fueron levantando por todos los lados soldados que estaban ocultos a los lados del camino y le gritaron: "alto y manos arriba". El pariente de Luis Eduardo huyó rápidamente por entre el bosque y aunque gritaron que lo iban a detener, no le dispararon, lo que permitió que se les escapara. Él afirmaría después: "ya tenían a su presa principal y no la iban a soltar para perseguirme a mí". Cuando iba a cierta distancia escuchó gritos de Luis Eduardo y de Bellanira, su compañera, lo que permite concluir que fueron rápidamente sometidos a torturas y muerte. Junto a sus cuerpos ya destrozados por los animales, hallados a poca distancia del sitio donde fueron capturados, fueron encontrados un garrote y un machete ensangrentados; la cabeza de su hijo Deiner Andrés, de 11 años, fue hallada a 20 metros de su cuerpo.
Las peculiares redes de comunicación de nuestros campesinos, que funcionan con una rapidez difícil de entender para los citadinos, pusieron en movimiento algunas alertas. Al medio día, un campesino llegó a la casa de Alfonso Tuberquia, en la vereda La Resbalosa, a una hora de distancia de Mulatos, mientras Alfonso, su familia y 4 trabajadores de la finca estaban almorzando. Les alertó sobre la presencia del ejército y la captura de Luis Eduardo y los invitó a desplazarse rápidamente, pero mientras estaba comunicando esto, se dio cuenta de que ya la casa de Alfonso estaba rodeada de tropa, y cuando todos salieron al patio, la tropa disparó y ellos huyeron por un espacio aún no cercado por la tropa. No pudieron recoger a Sandra y a los niños porque los disparos eran cada segundo más intensos y los cálculos les decían que devolverse era ya optar por la muerte. Alfonso y los trabajadores se refugiaron en una casa distante a unos 20 minutos, pero a las 2 horas, cuando ya no se escuchaban disparos, Alfonso decidió regresar a su casa a conocer la suerte de su esposa y de sus hijos y a morir con ellos de ser necesario. Prometió volver si era posible, pero luego de esperarlo hasta el medio día siguiente, los trabajadores resolvieron acercarse a la finca a indagar qué había ocurrido. Encontraron sangre y ropa ensangrentada por todas partes y entendieron, profundamente conmovidos, en qué escenario estaban. El cabello de la niña, Natalia, aparecía regado en diversos sitios, en algunos con cuero cabelludo, como cercenado con un machete. Luego de buscar mucho, encontraron tierra movida en el cultivo de cacao y escarbaron un poco. Al reconocer pedazos mutilados del cuerpo de Alfonso, horrorizados volvieron a tapar la fosa y huyeron. Alguien fue a buscar rápidamente a los líderes de la Comunidad de Paz para comunicarles lo ocurrido.

Los soldados avanzaron en la misma tarde del lunes 21 hacia un sitio conocido como El Barro, en los confines de las veredas Mulatos y Las Nieves, donde llegaron hacia las 3 p.m. Allí vivían familiares de Luis Eduardo, quienes fueron confinados con prohibición de moverse siquiera para tomar del campo algo para comer. Sin saber de su parentesco, los soldados les contaron que esa mañana "habían matado a tres guerrilleros", dando su descripción. Los familiares comprendieron que las víctimas eran Luis Eduardo, su compañera y su niño.  Miembros de la tropa escribieron en un muro el nombre de su unidad: "Contraguerrilla 33". Se trataba del Batallón de Contraguerrilla No. 33 Cacique Lutaima, adscrito a la Brigada XVII del ejército, el mismo que se identificaría luego, cuando llegaron los fiscales a realizar el levantamiento de los cadáveres. En efecto, los campesinos, expertos en rastreo de huellas, habían reconstruido el recorrido de la tropa y habían comprobado que no existían huellas de salida de la zona.

No quedaba duda. Estábamos frente a un nuevo y horrendo crimen de Estado. La presencia de algunos paramilitares mezclados en la tropa, cuya vestimenta es en gran parte idéntica a la del ejército, solo confirma y agrava la responsabilidad estatal en el crimen. Los campesinos han aprendido a identificarlos plenamente a través de 9 años de experiencias horrendas. Esfuerzos posteriores del gobierno por construir un relato ficticio donde aparezca la insurgencia como autora del hecho, fueron tan desafortunados que mostraron precisamente como "testigos" a dos jóvenes que un año antes habían sido torturados por el Coronel Duque y sometidos a un montaje judicial que sirvió de chantaje para obligarlos a ingresar al "programa de reinserción", de modo que hoy están bajo la custodia de sus propios victimarios, sin libertad alguna para tomar decisiones autónomas. Pero como la inmensa mayoría de los colombianos no tiene acceso a estas verdades, la difusión masiva de esas ignominias por los medios de "información" se ha colocado como base de la campaña de estigmatización de las víctimas y de la Comunidad de Paz, que el gobierno está impulsando intensamente.
 Se quiere hacer creer al país y al
· mundo que la fuerza pública no ha podido entrar, desde hace muchos años, a San José de Apartadó, porque la Comunidad de Paz se lo prohíbe; cuando la realidad es que casi no sale de allí.
 Se quiere hacer creer al país y al mundo que
· la presencia de fuerza pública en todos los rincones del territorio nacional es exigencia de la Constitución porque es para proteger a la población y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Pero la experiencia de San José revela, más bien, que siempre las ha pisoteado y no ha protegido sino agredido permanentemente a la población civil, perpetrando centenares de crímenes horrendos, como masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, violaciones carnales, saqueos y pillajes de bienes de subsistencia, incineración de viviendas, detenciones y allanamientos ilegales, robo de animales de carga, de los dineros comunitarios y familiares, de herramientas de trabajo, amenazas y actos de terrorismo; en pocas palabras, lo que la Constitución y las leyes prohíben con mayor énfasis.
 Se quiere hacer creer al país y al mundo que la comunidad "obstruye la justicia", mientras la verdad es que ha rendido centenares de declaraciones ante fiscales y procuradores sin ver jamás un acto de justicia ni de reparación; mientras la verdad es que el Fiscal General se ha negado a investigar, de acuerdo a Derecho, más de 300 crímenes de lesa humanidad perpetrados contra la Comunidad de Paz, denunciados formalmente en su despacho en noviembre de 2003; mientras la verdad es que el gobierno se ha negado a constituir una Comisión de Evaluación de la Justicia, pedida insistentemente por la Comunidad de Paz, ante la evidencia de numerosas irregularidades en los procesos judiciales; mientras la verdad es que incluso varios miembros de la Comunidad han sido asesinados luego de rendir declaraciones.

 Se quiere hacer creer al país y al mundo que la Comunidad "tiene vínculos con la insurgencia", mientras la verdad es que la insurgencia ha atacado 20 veces a miembros de la Comunidad o a pobladores de la zona, siendo por ello fuertemente cuestionada por la Comunidad en comunicados públicos; mientras la verdad es que la Comunidad hace respetar de manera transparente su Reglamento Interno que le impide colaborar con cualquier actor armado; mientras la verdad es que las acusaciones sobre vínculos de miembros de la Comunidad con la insurgencia han sido construidas en la Brigada XVII sobre falsos testimonios de informantes pagados o extorsionados que no resistirían el más mínimo análisis probatorio.

No hay duda de que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, una propuesta plenamente legítima para defender los derechos de la población civil en medio de la guerra, atraviesa por momentos intensos de persecución que hacen perentoria la solidaridad mundial.

27 de marzo de 2005.


PARLAMENTO EUROPEO E ITALIANO SOLICITAN RESPECTO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

Cristiano Morsolin

 La masacre realizada en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó el 21 de febrero, despertó la movilización de la comunidad internacional; el Parlamento Europeo reacciono expresando su profunda preocupación por la salvaguardia de los Derechos Humanos en Colombia. El jueves 17 de marzo un grupo de Senadores VERDES del Parlamento Italiano organizó en Roma una conferencia de prensa para invocar justicia y verdad. El lunes 21 de marzo la sociedad civil realizó una manifestación frente a la Embajada Colombiana en Roma.

 La reacción del Parlamento Europeo

 El 11 de marzo desde Estrasburgo 60 miembros de izquierda del Parlamento Europeo (Monica Frassoni - Presidenta del Grupo de los VERDES, Luisa Morgantini - Presidenta de la Comisión Desarrollo, Helena Flautre - Presidenta de la subcomisión Derechos Humanos, Alain Lipiez - Presidente de la Comisión Andina, Francis Wurtz - Presidente del bloque de la Izquierda Unitaria Europea GUE, entre otros) han enviado al Presidente Uribe una carta colectiva para "expresar nuestra profunda preocupación por la masacre que fue realizado en el distrito de San José de Apartado (Urabá) entre el 21 y 22 de febrero.  Entre las víctimas estaba Luis Eduardo Guerra, un líder bien conocido de la comunidad de Paz de San José de Apartadó y por lo menos cuatro menores de edad y dos mujeres.

Como ha sido indicado por el Alto Comisionado de la ONU para los refugiados en su declaración reciente que condenaban este masacre, "estos asesinatos son los últimos de una cadena de ataques que, según la comunidad de San José de Apartadó, han dejado 154 de sus miembros muertos desde 1997.

Las comunidades de paz se establecieron a finales de los 90 en Urubá, región del noroeste de Colombia compuesta por gente desplazada por el conflicto y que gradualmente han retornado a sus comunidades.  Las comunidades de paz confían en la resistencia y  la neutralidad civiles pacíficas.  Rechazan la presencia en su territorio de los grupos armados irregulares y del ejército regular.  El Sr. Guerra era un fundador de la comunidad de paz de San José de Apartadó y la había representado en negociaciones con el gobierno.  Desde su fundación en 1997, UNHCR ha apoyado a San José de Apartadó con varios proyectos.  En 1997, la Comisión Interamericana para los derechos humanos solicitó medidas especiales de protección a nombre de la comunidad de paz  de San José de Apartadó.

 Vemos la iniciativa pacífica de esta comunidad con buenos ojos, y por lo tanto consideramos de extrema urgencia que sean tomadas las medidas inmediatas para clarificar los hechos y los autores de esta masacre -  particularmente la participación de las fuerzas del Estado, y actuar para prevenir un desplazamiento masivo en la comunidad.  Le estamos escribiendo en el contexto de las comisiones hechas por la Unión Europea en las conclusiones del consejo de la EU de diciembre de 2004 y en la declaración de Londres - ratificado en Cartagena en febrero de 2005, sobre la importancia de garantizar la seguridad de esos individuos, organizaciones o instituciones, incluyendo defensores de los derechos humanos, que trabajan para la promoción y la protección de derechos humanos, y proteger los derechos de minorías indígenas.

 Con este fin, preguntaríamos respetuosamente como considera las acciones siguientes:

- Realizar una exhaustiva y imparcial investigación para clarificar los hechos ocurridos, recolectando todos los testimonios para llevarlos a la justicia, y para proporcionar la reparación para los parientes de las víctimas y para la comunidad de Paz.

 - Informar a la comunidad internacional sobre las acciones que el gobierno realizará para prevenir una acción similar en el futuro, en el marco del respeto por los principios de la comunidad.  Específicamente, cómo pondrá en ejecución la sentencia T 327, emitida por la Corte Constitucional en 2004.  Esta medida obliga a la  brigada 17ma del ejército a garantizar y proteger los derechos fundamentales de los habitantes de la comunidad de Paz de San José de Apartadó, en acuerdo con las medidas provisionales concedidas por la Corte Interamericana de derechos humanos desde el año 2000.·

 - Garantizar a la comunidad de la paz su derecho a tener un proyecto no-violento de la vida permitiendo que permanezcan fuera del conflicto, sin que sufran  amenazas o  ataques debido a esto, como es indicado por el principio de la distinción observado por la ley International Humanitaria".

 El 10 de Marzo de 2005 el grupo de la Izquierda Unitaria Europea - Nueva Izquierda Verde (GUE/NGL) del Parlamento europeo - firmada por el Presidente Francis WURTZ, envío una carta al Presidente Uribe para expresar "su más profunda indignación frente a la masacre que ha sido cometida en Colombia, en San José de Apartado entre el 21 y el 22 de febrero, mediante la cual hombres armados asesinaron y cometieron sevicias contra los civiles Luís Eduardo Guerra, líder muy conocido de la Comunidad de Paz, así como dos mujeres y al menos cuatro niños menores.

Los indicios conocidas hasta el momento, y todos los informes de organismos de derechos humanos independientes señalan la responsabilidad del ejército colombiano en estos hechos atroces.

Luís Eduardo Guerra era un militante activo para la causa de la paz. Había sido invitado al Foro Social de las Américas donde había expuesto el proyecto novedoso de declarar objetora de consciencia toda la Comunidad de Paz de San José.

El grupo GUE/NGL pide a la Unión europea velar porque una investigación imparcial e internacional de estos gravísimos hechos sea realizada y que los autores sean efectivamente sancionados.

Pide asimismo que la Unión europea refuerce su acción a favor del respeto de los derechos humanos fundamentales y para la paz en Colombia, mediante el cumplimiento de los compromisos de la declaración de Londres y de las recomendaciones de Naciones Unidas. Estima que la adopción de un marco legal definido dentro del derecho internacional es indispensable para que el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares sea real, lo contrario incrementaría la impunidad que opera en Colombia".

Reacción del Parlamento Italiano

 El pasado jueves 17 de marzo, los Senadores del partido VERDES de Italia, Tana de Zulueta (www.tanadezulueta.it ) y Francesco Martone (www.francescomartone.org - integrantes la Comisión Derechos Humanos del Parlamento Italiano) han organizado una conferencia de prensa en Roma – Palacio Madama (sede del Senado de la Republica), para denunciar la masacre de 8 miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y para invocar justicia y verdad. El evento fue organizado en conjunto con la Fundación Internacional “Lelio Basso”, con la Red Italiana de solidaridad con las Comunidades colombianas de Paz, Amnistía Internacional, capitulo Italia.

El Senador Martone, presentando el llamado urgente firmado por numerosos senadores de izquierda (Martone, Boco, De Zulueta, De Petris, Zancan, Malabarba, Iovene, Bedin, Bonfietti, entre otros) y dirigido al Gobierno Italiano, ha subrayado que la situación de violencia estructural en Colombia, donde los civiles sufren las brutalidades del ejercito gubernativo, de los paramilitares y de la guerrilla de la FARC, ha golpeado también el “ciudadano italiano Sabino Mobile, secuestrado y asesinado el 2 de marzo por grupos armados de la Autodefensas Unidas de Colombia AUC, formación paramilitar considerada cercana a las fuerzas gobernativas e integrada en la lista de organizaciones terroristas elaborada por el Departamento de Estado de la Casa Blanca”.

Se ha recordado el martirio de Luis Eduardo Guerra, leader de la Comunidad de Paz, ejemplo de no violencia y de opción por la neutralidad en el conflicto que había inspirado la formación de otras 12 comunidades en toda Colombia y que había participado en Italia en diferentes manifestaciones como la Marcha de Paz Perugia-Assisi.

En el  llamado urgente se evidencia “la responsabilidad de esta masacre, en acuerdo a lo que han verificado los miembros de la comunidad de Paz de San José Apartadó, es de la XVII Brigada del ejercito regular colombiano.(..)El ataque en contra la Comunidad de paz de San José Apartado se ubica en una precisa estrategia de reducción de los resguardos, territorios parcialmente autónomos que la ley colombiana admite por determinados tipos de comunidad, como por ejemplo los pueblos indígenas”.

Por esta razón los senadores Verdes solicitan cuales “presiones internacionales el Gobierno italiano entiende actuar para llevar a un tribunal a los militares de la XVII Brigada”.

 Michele Ciricillo, representante de la Fundación Internacional “Lelio Basso” ha denunciado que “150 homicidios de miembros de la Comunidad de Paz han sido denunciados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha acordado protección a la Comunidad pero ningún culpable ha sido procesado”. El Senador Martone ha adjunto que “la colaboración judiciaria con el gobierno colombiano se refiere también a brigadas de la policía colombiana que se han ensuciado de crímenes contra la humanidad" preguntando porque "la Embajada italiana es la única institución diplomática que no recibe los miembros de la Comunidad de paz".

La senadora De Zulueta, en representación de todos lo participantes ha enfatizado con fuerza las solicitudes al gobierno colombiano: "El Gobierno Uribe tiene que aclarar los asesinatos y que los responsables sean llevados ante la justicia y que se garantize la protección a las comunidades que se declaran neutrales, como fue solicitado por ONU. (..) Tenemos la obligación de ofrecer las condiciones para que las comunidades,  como aquella de San José de Apartado, puedan realizar su opción de paz, con el apoyo de diferentes administraciones locales (Alcaldía de Roma y Narni, Gobiernos regionales de Toscana y Umbría, entre otras) y organizaciones no gubernamentales italianas". Respondiendo a una pregunta, la senadora de origen colombiana, no ha excluido la posibilidad de una misión parlamentaria en las Comunidades colombiana de paz: "el valor simbólico de una misión puede tener un fuerte sentido" - ha observado en la conclusión de la conferencia de prensa.

 La manifestación del la sociedad civil en Roma

 El lunes 21 de marzo, la sociedad civil italiana ha organizado un sit-in, una manifestación de protesta frente a la embajada de Colombia en Roma. La Red italiana de Solidaridad con las Comunidades colombianas de Paz de Choco y Uruba (integrada por varios gobiernos locales y ONG como, la Fundación Internacional “Lelio Basso”, MIR, la Asociación ASUD - www.asud.net ) ha entregado al Embajador Colombiano una carta para expresar su preocupación y su indignación subrayando que "el Ministro de la Defensa Jorge Alberto Uribe, ha declarado que no se puede permitir que en el país existan lugares donde el Estado no puede estar presente con su ejercito, anunciando la inminente militarización de las Comunidades de paz. Frente a esta amenaza las Comunidades reafirman con fuerza su derecho a la neutralidad con relación a cualquier actor armado comunicando que, cuando se realizara la militarización de la área, serán obligados a un nuevo desplazamiento forzado porque la presencia de uno de los actores armado adentro de la Comunidad, les convertiría automáticamente en posibles objetivos militares del grupo armado contrario".

 La senadora Verde TANA DE ZULUETA ha declarado que "el gobierno colombiano tiene una obligación, reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de proteger las Comunidades de Paz. Por eso tiene que desarrollarse una investigación independiente que tome en consideración los testimonios de los integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, como fue solicitado por la Oficina del Alto Comisionado ONU para los derechos en Colombia. Solo a través de una investigación de este tipo se puede descubrir la verdad y encontrar justicia para las víctimas”.

 Francesco Martone (secretario de la Comisión Derechos Humanos al Senado Italiano) ha declarado que “las últimas masacres contra de la Comunidad de San José de Apartadó, y las reacciones políticas a la indignación de la izquierda Europea, solo confirman la estrategia de genocidio social con que el Gobierno Uribe esta actuando en el País. La intensificación de los ataques contra la Sociedad civil, los sindicatos y las comunidades de paz son la consecuencia de la política de guerra total que el Presidente Uribe implementa con el apoyo de Washington. Por eso seguiremos denunciando estas graves violaciones de los derechos humanos, y la impunidad que los hace posibles. Paralelamente presionaremos a la comunidad internacional, a Europa y al Gobierno italiano para que toda forma de cooperación internacional con Colombia no sea relacionada a la política de seguridad nacional y a la doctrina comunitaria del gobierno Uribe”.

 Carta al Presidente Uribe

El 4 de marzo, la senadora italiana Tana de Zulueta (de origen colombiana) ha escrito una carta al Presidente Uribe donde subraya que “las noticias que nos llegan de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó son desoladoras. Según la denuncia de la Comunidad, LUIS EDUARDO GUERRA, líder de la comunidad y miembro del Consejo Interno, su esposa BELLANIRA AREIZA GUZMAN, su hijo DEINER ANDRES GUERRA de 11 años, ALFONSO BOLIVAR TUBERQUIA GRACIANO miembro del Consejo de Paz de las zona humanitaria de Mulatos, su esposa SANDRA MILENA MUÑOZ POZO, sus hijos SANTIAGO TUBERQUIA MUÑOZ de 2 años y NATALIA ANDREA TUBERQUIA UÑOZ de 6 años.

han sido masacradas por militares de la Brigada 17 en la vereda La Resbalosa, jurisdicción del corregimiento de San José de Apartadó. LUIS EDUARDO GUERRA participó en representación de la Comunidad en la segunda versión del Foro Colombia Vive!, organizado por nuestra Red de Solidaridad en la ciudad de Terni Italia en octubre de 2003.Según un testigo que logró escapar a la masacre, fueron los militares quienes en la vereda Mulatos, detuvieron ilegalmente a Luis Eduardo, su esposa y su hijo de 11 años, los llevaron a la vereda La Resbalosa y allí los asesinaron junto con otra familia campesina. Los cuerpos de las victimas fueron encontrados despedazados en una fosa.

Cientos de campesinos de la Comunidad de Paz y acompañantes de diversas organizaciones nacionales e internacionales, están emprendiendo la marcha hacia la vereda la Resbalosa para recuperar los cuerpos. La masacre ha sido antecedida por bombardeos indiscriminados perpetrados por helicópteros del ejército en las veredas Bellavista, Alto Bonito y Buenos Aires, por amenazas y detenciones arbitrarias contra miembros de la Comunidad de Paz en la cabecera municipal de Apartadó, amenazas, detenciones e interrogatorios en los que, de acuerdo a las denuncias de la Comunidad, sigue estando presente, junto a unidades militares y de policía, el señor Wimar Durán, señalado como reconocido paramilitar.

A usted señor Presidente le pedimos que en ejercicio de sus deberes constitucionales, garantice la realización de una investigación que conduzca a la captura y condena de las personas responsables de tan abominable hecho; vele por la seguridad de todas y cada una de las personas que se desplazan a la vereda La Resbalosa con el ánimo de recuperar los cuerpos de las víctimas; intervenga para que en los operativos militares que se realizan en la zona, se tenga un estricto respeto de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario; intervenga para que no continúen los bombardeos indiscriminados, para que no continúen los atropellos, para que se evite un nuevo desplazamiento forzado de las comunidades campesinas de la zona; le solicitamos comedidamente, tomar las medidas necesarias para contrarrestar en manera eficaz la peligrosa estigmatización de que son víctimas los integrantes de la Comunidad de Paz; le pedimos igualmente que se brinden las condiciones necesarias para la acción de posibles comisiones internacionales que pudieran colaborar en la aclaración objetiva de los hechos antes denunciados. Nuestra organización estará particularmente atenta al desarrollo de sucesivas eventualidades. Estamos seguros que el señor Presidente y las demás autoridades colombianas, no dejarán que este crimen permanezca en la impunidad”.

Para no concluir

Las últimas declaraciones de Uribe Vélez del pasado domingo en las que calumnia a la comunidad de Paz de San José de Apartadó, acusándola de tener vínculos con las FARC y de obstruir la justicia, y en donde ordena la militarización de la comunidad, evidencian la complejidad del conflicto colombiano.

El jesuita Javier Giraldo y la ex alcaldesa Gloria Cuartas fueron amenazados tras señalar a militares de la fuerza militar regular como presuntos responsables de la matanza de la comunidad pacifista en resistencia civil de San José de Apartadó.

El Ministro explicó que la masacre pudo ser evitada si el Ejército hubiera tenido acceso para proteger a la población. "La presencia del Ejército en San José de Apartadó no ha sido defensora, ha sido agresora", dijo, por su parte, el sacerdote Javier Giraldo, director del Centro de Investigaciones y Educación Popular CINEP - www.cinep.org.co, uno de los gestores de la creación de la Comunidad de Paz en ese municipio. Giraldo aseguró que desde que se creó la comunidad, en 1997, 165 campesinos han sido asesinados o desaparecidos. De estos crímenes 20 se atribuyen a las Farc y 145 al Ejército y los paramilitares. "Por eso, y porque los militares están agrediendo permanentemente a la población, ellos piden que esos asesinos no vuelvan a pisar su territorio", agregó el sacerdote (fuente: http://www2.elespectador.com/historico/2005-03-08/contenido_MI-617.htm ).

El mismo Padre Javier Giraldo integro la delegación de defensores de derechos humanos de Colombia que el 1 de diciembre 2004 presento frente al Parlamento Europeo - http://www.choike.org/nuevo/informes/2398.html  (un seminario organizado por Monica Frassoni - Co-Presidenta del Grupo de los VERDES al Parlamento Europeo - http://www.selvas.org/newsCO0504.html ) en Bruselas el informe "El embrujo continua" (http://www.plataforma-colombiana.org/biblioteca%20pag/embrujo.htm )que documenta las violaciones de los derechos humanos en el segundo año de presidencia Uribe. Entre los panelistas estaba también Hildebrando Velez, profesor universitario y activista del movimiento ambientalista CENSAT (www.censat.org ), representante en Colombia por los Amigos de la Tierra Internacional; el 7 de febrero la sede de CENSAT fue asaltada por un grupo de hombres armados...

El proceso para encontrar justicia en Colombia es todavía largo y complicado...


Así tienen a Simón Trinidad en Estados Unidos

Oficina de Redacción

Aislado en una celda de 1,50 por 3 metros que sólo tiene una cama de hierro, un colchón, un lavamanos y un inodoro; sin opción de lecturas, llamadas telefónicas, papel para escribir o visitas personales; con una intensa luz artificial blanca que nunca se apaga; sin relojes ni instrumento alguno para medir el tiempo, permanece en una hermética cárcel de Virginia, en Estados Unidos, el extraditado guerrillero de las Farc Simón Trinidad.

Cada cinco días tiene opción de bañarse, y cuando lo hace es llevado a la ducha encadenado de pies y manos y se le encierra con candado. Cuando es
requerido por los abogados, esposado y con cadenas es conducido a un cubículo y, máximo media hora, conversa vía telefónica, sin contacto físico y separado de sus interlocutores por un vidrio. Recibe tres comidas al día, con dieta balanceada, en empaques de cartón o icopor y con cubiertos desechables.

Su único vestido es un uniforme de color anaranjado con medias blancas de lana y zapatillas de tela azul con suelas de caucho blanco. En su pabellón de máxima seguridad hay 20 celdas más, pero ninguno de los presos tiene un segundo de sol ni opción de aire libre. La temperatura está regulada por un sistema de aire acondicionado y existe otro de calefacción central. No hay televisión ni música, y mucho menos espacio para practicar algún deporte.

Como no hay horarios ni momentos de oscuridad, los presos duermen de día o de noche. Con excepción del guerrillero Simón Trinidad, los demás prisioneros son de raza negra. A veces gritan, en otras ocasiones insultan a los guardianes, también negros, o de repente unen sus voces y entonan cantos religiosos aprendidos en las iglesias. También se rompe el silencio con letanías de memorizados versículos de La Biblia o enseñanzas del Corán.

Por su condición de acusado de narcoterrorismo, los guardianes extreman su vigilancia al guerrillero. Por eso, cuando acude a revisión médica o a consulta con abogados, es escoltado por tres guardias armados y las áreas donde permanece son despejadas. Cuando regresa a su celda, además de los elementos de aseo, lo único autorizado es un libro de inglés básico. Pero tiene dificultad para consultarlo porque no ha recobrado sus gafas.

El procesado

Desde el pasado 31 de diciembre, fecha en que fue extraditado a Estados Unidos,Simón Trinidad afronta el rigor de la justicia norteamericana. Aunque en el mismo avión que lo condujo a Washington el guerrillero le dijo a un agente del FBI que de su parte no habrá colaboración, ni ayuda, ni nada parecido, el agente le aclaró que lo consideran una pieza clave para obtener a liberación de los tres norteamericanos en poder de las Farc.

El mismo día, antes de concluir el año 2004, esposado y encadenado desde la cintura a los pies, fue llevado al Palacio de Justicia de Washington, donde le designaron abogado de oficio, conoció a los dos fiscales que lo acusan y en audiencia pública le leyeron los cargos en su contra: narcotráfico, toma de rehenes y terrorismo. El guerrillero Simón Trinidad se declaró inocente y el juez fijó una segunda audiencia para el 5 de enero.

El miércoles 5 de enero volvió a la Corte. Con traducción simultánea le ampliaron los cargos. Al concluir la diligencia, los fiscales advirtieron que el procesado es de altísima peligrosidad para la sociedad americana, y lo sindicaron de ser jefe de una organización terrorista y traficante de droga por toneladas. De inmediato el juez le negó cualquier opción de libertad bajo fianza y ordenó su reclusión en una cárcel de máxima seguridad.

Antes de la tercera audiencia, del 9 de febrero, los abogados de la defensa acudieron cinco veces a la cárcel a explicarle a Simón Trinidad cómo funciona el sistema judicial norteamericano y escuchar sus argumentos. En la tercera audiencia el juez ordenó estudiar el primer cargo: toma de rehenes. Los fiscales presentaron sus pruebas y el juez aplazó el caso por seis meses para establecer más evidencias. Desde entonces el guerrillero aguarda en su celda.

Sin correspondencia ni opción de estudio. Con escasos o nulos contactos con su familia. Atento a cualquier dato que le suministren sus abogados de Estados Unidos y Colombia, pendiente de regular su aplazado tratamiento médico para la próstata, y a la expectativa de que se le permita el ingreso de libros, que sólo podrá comprar directamente a las editoriales y recibirlos por correo, siempre y cuando sus carátulas no sean de tapa dura.

Así vive el extraditado guerrillero Simón Trinidad. Lejos de la guerra o de la negociación política, dedicado a pensar en que sus pruebas documentales
puedan repatriarlo algún día, a la saga de noticias de los 96 procesos penales que lo esperan en su país y pendiente de la lista de teléfonos y correos electrónicos que le prometió devolver un agente de la Dijín horas antes de abordar el lujoso jet que lo llevó a Estados Unidos.

Lo demás son recuerdos de sus andanzas y peleas. Como su último forcejeo en la cárcel de Cómbita, ad portas de ser enviado a EE.UU., cuando se empecinó en lucir un buzo con la imagen del libertador Simón Bolívar, hasta que ocho guardias del Inpec, de casi dos metros de estatura cada uno, lo sujetaron como un muñeco, le quitaron el suéter, lo vistieron de camuflado y lo dejaron listo para su viaje al insondable mundo de los extraditados.

"Sonia" y "El Señor", a la espera

En el mismo callejón donde esperaron impacientemente, a finales del año pasado, el negociador de las Farc Simón Trinidad y Gilberto Rodríguez Orejuela, del extinto cartel de Cali, están hoy también Miguel Rodríguez - el Señor- y la guerrillera Omaira Rojas Cabrera o Sonia cuya extradición fue aprobada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el pasado 23 de febrero. Simón y Gilberto Rodríguez fueron enviados a Estados Unidos en diciembre de 2004, en tanto que los dos últimos aguardan que el presidente Álvaro Uribe Vélez, en menos de 15 días, avale o no su extradición al mismo país, donde los procesarán por narcotráfico. Aunque después de la autorización del Ejecutivo, que se considera como un hecho, ambos tendrán cinco días para imponer el recurso de reposición, de hecho, nada haría cambiar que la justicia estadounidense los procese.

Juicios con audiovideos

Si bien a Simón Trinidad le puede esperar un largo juicio en Estados Unidos, su situación jurídica en Colombia tampoco es muy optimista. Al momento de su extradición, además de una condena a 81 meses de prisión por el delito de rebelión, sentencia proferida por un juez especializado de Valledupar, le quedaron pendientes 96 procesos más. "Hasta por el robo de un caballo en Guasca está sindicado", comentó uno de sus abogados, Óscar Silva Duque. El abogado presentó una tutela en el Consejo de la Judicatura, en busca de la repatriación del guerrillero, pero fue negada el pasado 3 de febrero. Sin embargo el Consejo de la Judicatura dispuso que Simón Trinidad debe ser notificado en E.U. de todo lo que suceda penalmente en Colombia, y cuando deba comparecer en juicio, las autoridades deben utilizar medios electrónicos o audiovideos para escucharlo.


 

¿Uribismo o paramilitarismo?

JUAN MANUEL LOPEZ CABALLERO

Han producido bastante escozor los planteamientos según los cuales hay una identidad muy grande entre el Dr. Uribe y el paramilitarismo.

Evidentemente no es verdad que sea lo mismo sostener que Uribe es un paramilitar a que los paramilitares son uribistas.

Pero no por parecer escandalosa tal afirmación debe asumirse la posición contraria y aceptar, como lo pretende el Gobierno, que sus posiciones son antagónicas.

De hecho todo individuo está condicionado por el medio al cual pertenece: el habitante del Caguán que ha vivido rodeado de militantes guerrilleros, bajo la información de que los miembros del ejercito son el enemigo, y que probablemente ha tenido antecedentes en su familia de víctimas a manos de ellos, tendrá tendencia a compartir la visión de quienes se encuentran en la misma situación; de igual manera, es de presumir que el Presidente Uribe tendrá afinidad con quien comparte el vecindario de sus propiedades, con quien desarrolla las mismas actividades ganaderas o caballistas, con quien ha sido sujeto de las mismas presiones de la subversión, con quien ha alternado en negocios a lo largo de la vida, con quien como él ha sufrido el secuestro y asesinato de su padre por la guerrilla.

Esa visión compartida no lleva necesariamente a las mismas acciones pero infortunadamente sí muy probablemente a la misma interpretación de mundo. Por eso Mancuso reivindica que debe ser visto como otra víctima, de la misma manera que para Uribe solo existe el fenómeno del terrorismo y no hay conflicto; y el uno encuentra justificación para el uso de la motosierra, mientras el otro considera un mal necesario el acudir a cualquier medio politiquero, incluyendo el más bajo o cuestionable, para sacar sus propósitos adelante. En el fondo la coincidencia es alrededor de un concepto de Estado fundamentalista o maniqueista, según el cual su función es legitimar que ‘nosotros los buenos’ debemos acabar a los ‘malos’, donde el orden y la autoridad y no el consenso representan su columna vertebral, en el cual el sentido de ‘democrático’ se reduce a la regla de las mayorías y no al propósito de universalizar el poder, el derecho, y las oportunidades para todos.

No es casualidad que el 30% del Congreso del que hablaba el vocero paramilitar sea determinante al sacar leyes antiterroristas que resultan ser anticonstitucionales; o que coincidan el Comisionado de Paz en la mesa de Santa Fe de Ralito recordando a sus interlocutores que de la reelección depende la seguridad de que no serán extraditados, con las declaraciones de ellos donde consideran que son sus enemigos quienes se oponen a ella; o en términos generales, que unan sus voluntades alrededor de un mal llamado ‘proceso de paz’ donde se admite que supuestamente el paramilitarismo también era una fuerza que defendía al Estado.

Diferencias también las hay. El Senador y precandidato Carlos Gaviria ha insistido en que por no tener la misma esencia se debe utilizar categorías distintas y en consecuencia instrumentos distintos para el tratamiento de la guerrilla y el de los paramilitares. Paradójicamente lo que distanciaría a estos grupos sería parecido a lo que no comparten presidente y paras. A saber, que mientras la motivación original y final de los armados en armas contra la guerrilla es personal y en alguna forma egoísta (la defensa de sus bienes), la de los subversivos y la de Uribe tiene en común algo altruista, un algo político idealista, que en la medida que contiene una dosis de mesianismo se vuelve apasionado, irrazonable y en últimas dañino por lo intransable, por lo reacio a reconocer una realidad diferente a la convicción que los motiva.

Pero el problema de quiénes son ‘buenos’ y quiénes ‘malos’ no es válido como justificación de la política de guerra del Gobierno, como tampoco es apropiado para calificar a quiénes —como el Presidente— actúan de acuerdo a la visión que tienen sobre lo que vive el país.

En cambio el artículo ‘Vida Nueva’ aparecido en Semana (# 1.192) es una radiografía de lo que configura la muestra más representativa del problema de Colombia.

Vemos como: no se diferencia en nada -a nivel tropa- el guerrillero del paramilitar, ni en cuanto a la razón de su vinculación o retiro del grupo armado, ni en cuanto a la dificultad para ‘reinsertarse’; el perfil típico es el del desarraigado, falto de educación, de empleo, y sobre todo de reconocimiento de su dignidad como ser humano; la participación en el conflicto les ofrece una importancia y un reconocimiento que de otra forma nunca tendrían; por eso fracasan las alternativas de solución que presentan los programas de gobierno; aunque los convierten en ‘privilegiados’ con una oferta que otros compatriotas no tienen, no es esa la respuesta que requieren; la ‘resocialización’ de ellos —como la de lo millones de colombianos— depende de que puedan tener acceso a varios años de educación, oportunidades de trabajo y un mínimo de garantías sociales.

Se entiende porqué escogen la guerra; porqué es solución para ellos; porqué hay conflicto (aunque el gobierno lo niegue); porque el conflicto es armado; porque hay cola para participar en él; porqué cada peso invertido en esos programas es perdido; y porqué cada peso gastado en la ‘solución final’ de guerra adelantada por el gobierno actual, además de malgastado es perjudicial, en la medida que distrae recursos de la posible solución y alimenta el factor venganza en el sinnúmero de víctimas que produce. Pero sobre todo, aunque no se deduce cual es el camino a seguir, sí señala cual no lo es.


 

Mala racha

Alfredo Molano Bravo

 

No han sido buenos los últimos días para la imagen del Gobierno, sobre todo en el exterior. En Liverpool, Don Francisco, el vicepresidente de la República, en vez de aplausos a su intervención en un foro sobre Derechos Humanos, recibió una bomba de tinta roja contra su humanidad. Más tarde, al desembarcar en Dinamarca —ser o no ser—, lo esperaba una demanda por homicidio, tortura y secuestro aceptada por la Policía No. 1 de Copenhague. Debió quedar aburrido Don Francisco con este nuevo baldado de agua fría porque, entre otras cosas, él iba tras la extradición de los miembros de la ONG que donó unos dólares a las Farc. Ir por lana —dice el refrán— y salir trasquilado.

En su gira de intrigas diplomáticas debió enterarse del comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en el que pide prudencia sobre las sindicaciones hechas por el Gobierno colombiano a la Comunidad de San José, cuando justifica de hecho la matanza al asegurar que algunos de sus miembros están vinculados con las guerrillas. También la Comisión Interamericana de la OEA condenó la masacre y pidió explicaciones sobre las medidas concretas que el Estado colombiano debió haber tomado desde que fue decretada la “protección tutelar” y que el Gobierno se ha pasado por la faja.

Mientras Don Francisco temblequea en Ginebra defendiendo la Seguridad Democrática en la sesión anual sobre Derechos Humanos en el mundo, donde a Colombia le va siempre como a los perros en misa, la Corte Penal Internacional acoge la denuncia para investigar el caso de “miles de personas han sido asesinadas, torturadas, secuestradas y desplazadas desde noviembre del 2002, cuando entró en vigencia ese tribunal” y que coincide —agregamos— con la ejecución del Plan Patriota. Pero, además, les anuncia al Gobierno y al Congreso que estará muy pendiente del proyecto llamado de justicia y paz. El comisionado, doctor Restrepo, debe estar preocupado con la notificación. Y no sólo por esta advertencia, sino por el hecho de que uno de los comandantes del bloque “Héroes de los Montes de María”, de las paramilitares que residen en Ralito, es acusado por la Fiscalía del asesinato, la desaparición forzada y la tortura de 3.000 campesinos desde el año 90. Todo tan coincidencial como que dos y dos sean cuatro.

La mala racha se dejó ver también en la distancia que tomaron Zapatero, Lula y Chávez en la Cumbre de Guyana con respecto a Uribe. El País de España informó que “el aliado estrecho de Washington, el único líder latinoamericano que apoyó la invasión de Iraq, llegó al encuentro aislado en un subcontinente que ha mudado drásticamente de color político”. Uribe no quiso firmar una declaración conjunta que sindicaba el hambre como un arma de destrucción masiva y que rechazaba las acciones unilaterales de un Estado por fuera de la ONU. Más arrodillado ya sería sospechoso.

Para rematar, cinco de los héroes del Plan Patriota, soldados norteamericanos, fueron pillados en territorio colombiano con 16 kilos de cocaína. Se los cargaron para E.U., a pesar de que el delito fue cometido en el país. El Ministro de Defensa declaró, pomposo, que el narcotráfico era humano, muy humano. ¿Sospechará alguna forma de colaboración de los hombres a su mando con el cruce? Don Francisco debe estar más azorado que nunca defendiendo en Ginebra el Plan Colombia que, según cifras de la propia Central de Inteligencia Americana, no ha logrado reducir la producción de coca y, según la Contraloría General de la República, tampoco el secuestro. Y eso a pesar de que País Libre es su mano izquierda, especializada en la elaboración de resultados oficiales sobre el tema.


 

Otra vez sobre el narcotráfico

Álvaro Camacho Guizado

 

Recientemente se han publicado dos documentos cuya lectura por parte del Gobierno deberían hacerlo reflexionar seriamente sobre el curso de su política antinarcóticos. El primero, del Internacional Crisis Group (Guerra y droga en Colombia); el segundo, de Wola (¿Ya llegamos? Midiendo el Progreso Obtenido en la Guerra contra las Drogas en Latinoamérica). En el primero se destaca cómo durante el actual gobierno se ha fumigado y se han destruido más laboratorios que en cualquier otro período, y sin embargo, las exportaciones no se han reducido. El segundo muestra cifras que indican que la reducción de cultivos en 2003 fue sólo del 5% en relación con 1999, y que los precios en Estados Unidos disminuyeron en 2003 en 20% respecto a 1981, sin que los niveles de pureza descendieran. Más aún, se nota una tendencia alcista en el consumo actual de cocaína.

Si hay algo que se destaca de las cifras estadounidenses, a pesar de la desigualdad de las mismas según diferentes fuentes oficiales, es el fracaso de la estrategia del combate a la oferta, en particular mediante la fumigación. Y esto se debe a que han dado cambios importantes en las respuestas de los productores, tales como la introducción de nuevas variedades más precoces, productivas y resistentes al glifosato, el desplazamiento de las siembras a lotes dispersos menos detectables por la inspección aérea y el recurso a nuevas técnicas de refinación.

Y respecto de las incautaciones, el informe muestra cómo las autoridades estadounidenses no pueden físicamente controlar el enorme influjo de mercancías que entran al país, entre las cuales se pueden ocultar cantidades ingentes de cocaína y heroína.

El ICG se concentra en la relación entre el narcotráfico y la guerra, y luego de resaltar que la insistencia de Uribe en negar la existencia de un conflicto en el país poco ayuda en la formulación de una política más eficiente, resalta que el Gobierno no ha logrado reducir las redes del narcoparamilitarismo ni la capacidad de control de las Farc sobre algunas regiones productoras. Y por tanto hace un llamado al Gobierno para que modifique sus políticas. En concreto, recomienda que se concentre más en la interdicción de drogas y precursores y en el castigo a los traficantes con medidas fuertes de extinción de dominio contra el lavado de activos. Recomienda también que se diseñe una política más eficaz de desarrollo alternativo acompañado de erradicación manual. Le pide al Gobierno que garantice que la desmovilización de los paramilitares se traduzca en la eliminación del paramilitarismo y el narcotráfico. Y que se aproveche el proceso de desmovilización de los paramilitares para negociar seriamente la desmovilización de las Farc y el Eln, mediando, desde luego, la investigación sobre crímenes atroces, la confiscación de bienes ilícitos y la terminación de todo vínculo con el narcotráfico. Sugiere que se establezca una política de alianzas con Estados Unidos y países de Europa en torno a reforzar una política de reducción del daño y de desestímulo a los consumos.

El ICG hace también recomendaciones al gobierno de Estados Unidos, a la Unión Europea y sus Estados miembros, a los gobiernos de los países vecinos de Colombia, a la Asamblea General de las Naciones Unidas y a las instituciones financieras internacionales. Todas las sugerencias son sensatas y buscan mecanismos más razonables y eficientes para acabar con el narcotráfico. Sin embargo, la parte mala del cuento es que dada la proverbial terquedad del gobierno de Estados Unidos y la actitud obsecuente del colombiano, es muy dudoso que les paren bolas a estos informes e insistan en una política dañina e ineficiente como la que hace años se viene proclamando como exitosa.


 

El gobierno de la isla está formando gratis a diez mil médicos procedentes de clases más humildes de países pobres

La gran exportación de Cuba al mundo


Pascual Serrano

El gobierno cubano está formando como médicos a más de diez mil jóvenes de todo el mundo procedentes de familias humildes o grupos étnicos marginados. Durante siete años, el Programa Nacional de Salud les acoge gratuitamente en la Universidad Latinoamericana de Medicina, les ofrece los libros y el material necesario, asistencia sanitaria, alojamiento, comida y cien pesos mensuales para sus gastos. De los 28.071 estudiantes de medicina que hay en Cuba, 10.403 son extranjeros en esta situación, de ellos, 9.024 son del continente americano y el resto del Caribe y Africa. Cada año se matriculan mil quinientos alumnos.

Se trata una iniciativa adoptada por Fidel Castro tras el desastre humanitario que provocaron los huracanes que asolaron Centroamérica en 1998. En 92 días, la Escuela de Marina, en un enclave habanero privilegiado frente al mar, se convirtió en un complejo educativo para convertir en médicos a jóvenes latinoamericanos y africanos de más de 27 países. Este años se titulará la primera promoción.

Los alumnos son seleccionados de entre los sectores de población más humildes, comunidades rurales y grupos étnicos marginados, hay incluso 50 norteamericanos de estrato social pobre. Sus gobiernos de origen no tienen una estructura educativa para formarlos si no disponen de dinero, apoyan este proyecto cubano y si algunos no lo hacen, son los grupos de solidaridad quienes solicitan becas, es el caso de México que no se interesó al principio o países como El Salvador que no mantiene relaciones diplomáticas con Cuba. Razón que nunca fue importante para el gobierno cubano. Algunos países muy empobrecidos, como Haití, tienen a 606 jóvenes en esa Universidad.

A la carrera de seis años, hubo que añadirle uno más para uniformizar el nivel antes de comenzarla. Una vez en el tercer año los jóvenes se distribuyen por las 21 escuelas de medicina que hay por todo el país.

En Cuba reciben un enfoque medico comunitario, son formados en la ética y el sentido humanitario de la medicina. El reto es que se tendrán que insertar luego en un modelo médico neoliberal.

El objetivo era continuar la asistencia sanitaria a los más pobres que históricamente Cuba ha estado llevando a los rincones más humildes y remotos del planeta. La isla tiene en la actualidad 23.964 cooperantes de la salud, de ellos 17.013 son médicos, distribuidos por 76 países del mundo. Todos ellos se van voluntarios durante un tiempo que suele ser de dos años, cobran el sueldo establecido para un médico en Cuba y una ayuda para la familia que dejan en su país. La región que les acoge sólo debe colaborar en la manutención del profesional. En la isla, una de las actividades que despierta mayor reconocimiento social es haber participado como médico en esas campañas de solidaridad.

Los alumnos de la Universidad Latinoamericana de Medicina nos hacen llegar sus impresiones sobre la experiencia. Fredy Punciano, de Perú, afirma que “es una experiencia única que nos da este país, aquí nos encontramos gente de muchos países y aprendemos, nuestro objetivo es ser médicos integrales y humanistas”. Diana, de Panamá, señala que “en mi país estudiar medicina es muy caro y Cuba nos da una oportunidad única, nosotros somos una gran familia, podemos compartir con los cubanos y conocer a esta gente”. Una alumna norteamericana de raza negra también nos comenta su experiencia, “yo vine porque las escuelas en mi país son muy diferentes, allí las clases no son con tan solo veinte alumnos y cada trimestre cuesta 50.000 dólares mas los libros, la comida y muchos otros gastos, aquí todo es gratis”. “Además –añade- la enseñanza aquí es muy diferente, en Cuba estudias para prevenir y ayudar a una comunidad, en Estados Unidos es para curar sólo a algunas personas”.

La mayoría de ellos reconoce que la imagen que les ofrecieron en su país de los cubanos era falsa. La panameña Diana afirma: “me decían que aquí mucha gente estaba presa y había mucha represión, por eso yo al principio no quería venir y ahora vi que todo era mentira”. También el peruano Fredy recibió la misma información: “teníamos una imagen traumática, yo leí que en Cuba venían a formarse los futuros terroristas de América Latina, había una buena reputación sobre la medicina cubana, pero se decía que aquí no se respetaban los derechos humanos, es evidente que eso no es verdad”.

También insisten en el modelo educativo de cooperación y ayuda que domina en Cuba. Carolina, de Chile con unos rangos inconfundiblemente indígenas, añade que “aquí hay más práctica y relación con el paciente, en mi país es mucho más teoría, hasta el cuarto año no ves un enfermo”.. El boliviano Anel también lo aclara, “allí te enseñan a luchar solo, a solucionar tus problemas individualmente, aquí te dicen que hay que luchar en grupo, que solo no puedes resolver los problemas”. Anibal Lara, de Panamá, es de la misma opinión: “En mi país dejan aparte la solidaridad de esta profesión, todo es una competencia para que aprueben 40 de los 200 que empiezan la carrera, compiten, aquí miran que seas un estudiante integral, que demuestres que ayudas a tus compañeros, no que quieras superarles. Propician que el estudiante sea solidario”.

Taria Hart, de Honduras, explica la razón por la que quisieron venir a estudiar a Cuba: “En primer lugar por recursos económicos, somos pobres o de etnias abandonadas por el Estado. Aquí hemos aprendido a ser más humanistas, en Cuba lo primero es la ética y la moral, mientras que en nuestros países lo primero es el dinero. En mi país si no tienes dinero te mueres, aquí se aprende a ser más social, más humanista. Es lo mejor que nos pudo haber pasado”. La peruana Camila también explica los problemas en su país. “Yo soy afroperuana, allí tenemos muchas trabas, no tenemos acceso a buena salud, buena educación o buena alimentación, aquí nos han enseñado la convivencia, tenemos discusiones que nos ayudan a crecer, desde que estamos aquí nos sentimos más preocupados por nuestro entorno”.

El colombiano Yobani, destaca la convivencia entre los pueblos que supone estudiar en Cuba: “Percibo que aquí la gente aprende a querer su tierra, eso es fundamental, aquí uno hace un análisis del sistema de salud y saca una conclusión real, que debe colaborar a la transformación de su propia sociedad. También observo que las etnias en nuestras sociedades son olvidadas, en Cuba nos mezclamos y somos una única familia latinoamericana que nos quitamos esa costumbre mala de competir y no aceptar al hermano. Esto son experiencias únicas en la vida”. “Uno sabe que no se va a graduar solo en medicina, sino en pluricultura y plurisociedad”, añade. “Si yo me levanto por la mañana –afirma-, me quito la cobija (sábana) y miro a un lado y veo a un chileno y miro al otro, y veo un ecuatoriano, eso es muy bonito y yo pienso entonces en Martí y en Bolivar.

Les preguntamos si echan de menos su tierra y cuáles son sus proyectos a su vuelta. Carolina, la chilena, dice que “muchos tienen ganas de volver a su casa, pero sé que, al poco tiempo, querrán volver de nuevo aquí”. Camila dice que no podrá olvidar su agradecimiento a Cuba cuando vuelva al mundo neoliberal: “hay un compromiso de amor al país que te enseñó todo esto”. Taria, la hondureña, afirma que “debemos ampliar todo lo que hemos aprendido aquí, yo estudio por mi vocación, pero también para ayudar a la falta de médicos en mi país. Allí es diferente, los hijos de los pobres están en las aula públicas de bajo nivel educativo, aquí entre los cubanos también hay diferentes niveles económicos, pero todos son iguales en las aulas”.

Una duda que se nos plantea es por qué no existe nada parecido en sus países. Yobani nos responde: “Allí es una cuestión productiva, lo que hay es competencia por la plaza en la universidad primero y en el hospital después. A nuestros gobiernos no les conviene una universidad gratuita, si el sistema político no cambia nunca habrá otro modelo de educación, a nuestro sistema y a nuestro médico no les preocupa si el vecino no pudo comer o si el niño de al lado está muy enfermo. No les interesa que la gente se eduque, sólo explotarla”.

Antet, de Bolivia, también es crítica con su país: “Sólo podemos hacer lo que dice el gobierno, allí no se aprende a ser críticos. En cambio, aquí los cubanos lo comparten todo mientras en nuestros países no se preocupan por el desarrollo de la persona”.

Les recuerdo que probablemente cuando vuelvan a su país, titulados en medicina, puedan encontrar un buen trabajo en la medicina privada y neoliberal, alejada de sus comunidades. “Yo sé que eso nos lo van a proponer -dice Carolina-, pero yo creo que no debemos perder lo humano, estoy segura de que si alguien no tiene un peso para ir al médico yo no lo voy a abandonar”. La afroperuana Camila me lo deja muy claro: “aquí ya se viene con un compromiso humano y social, y ese compromiso no se abandona”.

No me deja de sorprender el caso de la joven norteamericana de Nueva Yersey, ella viene del país más rico y poderoso del mundo a estudiar a una pequeña isla del Tercer Mundo: “yo vengo a decir que nuestros pueblos deben de convivir en paz, mi gobierno piensa que no tengo derecho a venir aquí, por eso yo sé que están vigilando a mi familia para saber qué estoy haciendo en Cuba, no puedo estar de acuerdo con la política de mi gobierno contra los cubanos”.

Pero hay algo excepcional que observo en cada uno de ellos y que no está en sus palabras, es la resolución en sus afirmaciones, la desenvoltura en su conversación. Los peruanos, bolivianos y ecuatorianos que conozco en España trabajando como emigrantes, la mayoría explotados e ilegales, son discretos, sumisos, callados. Una de las responsables de la Escuela Latinoamericana de Medicina, sin saberlo, me está dando la explicación. “Cuando vienen aquí lo primero que les tenemos que decir es levanten la mirada, miren a los ojos, ustedes son nuestros hermanos y amigos”. Nadie les dice eso cuando llegan a Europa.
 


 

Ecología y capitalismo se niegan frontalmente

Leonardo Boff

No hay acuerdo posible. Si, a pesar de ello, la lógica del capital asume el discurso ecológico... o es para obtener lucro, o para espiritualizarlo y así vaciarlo, o simplemente para imposibilitarlo y, por tanto, para destruirlo.

El capitalismo no sólo quiere dominar la naturaleza, sino arrancar todo de ella, depredarla. La lógica del capital, como modo de producción y como cultura, es ésta: producir acumulación mediante la explotación -de la fuerza del trabajo de las personas, por la dominación de clases, por el sometimiento de los pueblos y finalmente por el pillaje contra la naturaleza-.

Un análisis incluso superficial entre ecología y capitalismo identifica una contradicción básica. Donde impera la práctica capitalista se envía al exilio o al limbo la preocupación ecológica.

Hoy, por la unificación del espacio económico mundial en los moldes capitalistas, el saqueo sistemático del proceso industrial contra la naturaleza y contra la humanidad, hace al capitalismo claramente incompatible con la vida. Se plantea así una bifurcación: o el capitalismo triunfa al ocupar todos los espacios como pretende, y entonces acaba con la ecología y pone en riesgo el sistema-Tierra, o triunfa la ecología y destruye al capitalismo, o lo somete a tales transformaciones y reconversiones que no pueda ya ser reconocible como tal. Esta vez no va a haber un arca de Noé que nos salve a algunos y deje perecer a los demás. O nos salvamos todos o pereceremos todos.

El capitalismo produjo también una cultura, derivada de su modo de producción, asentado en la exportación y el pillaje. Sin una cultura capitalista que vehicula las mil razones justificadoras del orden del capital, el capitalismo no sobrevivirá. La cultura capitalista exalta el valor del individuo, le garantiza la apropiación privada de la riqueza, hecha por el trabajo de todos, coloca como quicio de su dinamismo la competencia de todos contra todos, intenta maximizar las ganancias con la mínima inversión posible, procura transformar todo en mercancía para tener siempre beneficios, instaura el mercado, hoy mundializado, como el mecanismo articulador de todos los procesos de producción, de competencia y de distribución...

Si alguien busca solidaridad, respeto a las alteridades, compasión y veneración frente a la vida y al misterio del mundo... que no los busque en la cultura del capital. George Soros, uno de los mayores especuladores de las finanzas mundiales y profundo conocedor de la lógica de la acumulación sin piedad (vive de eso), afirma claramente en su libro La crisis del Capital que el capitalismo mundialmente integrado amenaza a todos los valores societarios democráticos, poniendo en riesgo el futuro de las sociedades humanas.

Queremos mostrar cómo el capitalismo, en cuanto modo de producción y en cuanto cultura, inviabiliza la ecología tanto ambiental como social.

Comencemos con la ecología ambiental. A este respecto, las hipótesis acerca del futuro de la Tierra son dramáticas. Grandes analistas confiesan que el tiempo actual se asemeja mucho a las épocas de gran ruptura en el proceso de evolución, épocas caracterizadas por extinciones en masa. Efectivamente, la humanidad se encuentra ante una situación inaudita. Debe decidir si quiere continuar viviendo, o si prefiere su propia autodestrucción. Por primera vez en el proceso conocido como hominización, el ser humano se ha dado a sí mismo los instrumentos de su propia destrucción. Se creó el principio de autodestrucción que tiene en el principio de responsabilidad y de cuidado su contrapartida. De ahora en adelante la existencia de la biosfera estará a merced de la decisión humana. Para continuar viviendo el ser humano deberá quererlo positivamente.

Los indicadores son alarmantes. Dejan poco margen de tiempo para los cambios necesarios. Estimaciones optimistas establecen la fecha límite del año 2030-2034. A partir de ahí, si no se toman medidas urgentes y eficaces, la sostenibilidad de sistema-Tierra, ya no estará garantizada.

Entre otros, tres son los nudos problemáticos creados por el orden del capital, que deben ser desatados: el nudo del agotamiento de los recursos, el de la sostenibilidad de la Tierra y el de la injusticia social mundial.

1.      El nudo de la extinción de los recursos naturales.

Cada día desaparecen para siempre 10 especies de seres vivos. Desde la época de la desaparición de los dinosaurios, 65 millones de años atrás, nunca se ha visto un exterminio tan rápido. Con esos seres vivos desaparece para siempre una biblioteca de conocimientos que la naturaleza sabiamente había acumulado.

A partir de 1972 la desertificación en el mundo creció igual al tamaño de todas las tierras cultivadas de China y de Nigeria juntas. Se perdieron cerca de 480 millones de toneladas de suelo fértil, una superficie equivalente a las tierras cultivables de India y Francia juntas. El 65% de las tierras que un día fueron cultivables, hoy ya no lo son. La mitad de las selvas existentes en el mundo en 1950 han sido tumbadas. Sólo en los últimos 30 años han sido derribados 600 mil km2 de selva amazónica brasileña, el equivalente a la Alemania unida, o a dos veces el Zaire.

Las inmensas reservas naturales de agua, formadas a lo largo de millones y millones de años, en este siglo pasado han sido sistemáticamente bombeados y están próximos a agotarse. El agua potable ya es uno de los recursos naturales más escasos, pues solamente el 0’7% de toda el agua dulce es accesible al uso humano. Va a haber guerras por las fuentes de agua potable.

Tras este proceso de pillaje, se oculta una imagen reduccionista de la Tierra. Es vista sólo como un almacén muerto de recursos a explotar. No es respetada en su alteridad y autonomía ni se le reconoce ninguna sacralidad. Mucho menos todavía es amada como un superorganismo vivo, la Gran Madre de los antiguos, la Pacha Mama de nuestros indígenas y la Gaia de los cosmólogos.

2.      El nudo de la sostenibilidad de la Tierra

¿Cuánta agresión aguanta la Tierra sin desestructurarse? Las 60 mil armas nucleares construidas, si explotaran podrían causar un invierno nuclear. Las finas partículas del humo de los grandes incendios por ellas producidos, junto con los elementos radioactivos inyectados en la atmósfera, oscurecerían y enfriarían la Tierra de forma más intensa que en las eras glaciales del pleistoceno. Habría un colapso de la humanidad y de todo el sistema de vida, consecuencias perversas siempre descuidadas por las potencias militaristas.

Otra amenaza importante es representada por el calentamiento creciente de la Tierra. Es el así llamado efecto invernadero. La quema de petróleo, de carbón y de las selvas, libera el dióxido de carbono que calienta la atmósfera. En el último siglo la temperatura de la tierra ha aumentado entre 0’3 y 0’6† C. Para los próximos 100 años se calcula un aumento de entre 1’5† a 5’5† C. Tales cambios provocarán desastres descomunales, como sequías y deshielo de los cascotes polares. Las inundaciones de las costas marítimas, donde vive el 60% de la población mundial, causarían millones de víctimas.

¿Qué capacidad tiene la tierra frente a tantas agresiones producidas primordialmente por el modo de producción capitalista? Se teme que el efecto acumulativo de las agresiones llegue a un punto crítico tal que quiebre el equilibro físico-químico-biológico de la Tierra.

3.     El nudo de la injusticia social mundial. 

Pasemos a la ecología social: ¿Cuánta injusticia y violencia aguanta el espíritu humano? Es injusto y sin piedad que, en el actual orden del capital mundializado, el 20% de la humanidad detente el 83% de los medios de vida (en 1970 era el 70%) y el 20% más pobre tiene que contentarse con sólo 1’4% (en 1960 era 2’3%) de los recursos. Este cataclismo social no es inocente ni natural. Es resultado directo de un tipo de desarrollo que no mide las consecuencias sobre la naturaleza y sobre las relaciones sociales. Por eso constituye una trampa del sistema capitalista el llamado «desarrollo sostenible», que evidencia una

contradicción en su mismo nombre.

La categoría «desarrollo» está tomada del área de la economía capitalista. El desarrollo capitalista (deberíamos decir el crecimiento) es profundamente desigual: crea acumulación apropiada por unos pocos a costa de la explotación y del perjuicio de las grandes mayorías.. Ese crecimiento pretende ser lineal y siempre creciente.

La categoría «sostenibilidad» proviene de otro ámbito: de la biología y la ecología. Significa capacidad que un ecosistema tiene de incluir a todos, de mantener un equilibrio dinámico que permita la subsistencia de la mayor biodiversidad posible, sin explotar ni excluir.

Como se ve, sostenibilidad y desarrollo capitalista se niegan mutuamente; no combinan los intereses de la producción humana con los intereses de la conservación ecológica; al contrario, se niegan y destruyen. Lo que se necesita es una sociedad sostenible que se dé a sí un desarrollo que satisfaga las necesidades de todos, y del entorno biótico. Que el planeta sea sostenible y pueda mantener su equilibrio dinámico, rehacer sus pérdidas y mantenerse abierto a ulteriores formas de desarrollo.

Además de haber sido, en el pasado, suicidas, homicidas y etnocidas, ahora comenzamos a ser ecocidas. El capitalismo ¿nos llevará a ser, pronto, también geocidas?

Pero una esperanza nos acompaña: en su historia, la Tierra pasó por cerca de 15 grandes exterminios. Siempre salió con más energía y biodiversidad. Ahora no será diferente. Superaremos la enfermedad del capitalismo con la solidaridad, la cooperación y las interdependencias asumidas, pues ellas garantizaron el futuro de la Tierra. Y garantizarán también nuestro futuro.


El pontífice del pueblo

Ignacio Ramonet

Nadie sabe si la historia clasificará a Juan Pablo II como conservador o no. Ha sido conservador en su relación con el Opus Dei, en sus amonestaciones sobre la moral sexual, las parejas que utilizan la píldora o el preservativo, los homosexuales, los Estados que legalizan el aborto y la eutanasia. También ha sido conservador en su obstinación en rechazar el acceso de las mujeres al sacerdocio, el matrimonio de los curas, en el perfil de los obispos que ha nombrado, o en su actitud hostil hacia los teólogos modernistas y en particular hacia los partidarios latinoamericanos de la teología de la liberación.

Pero ha tenido otros aspectos desconcertantes: su compromiso en favor del diálogo interreligioso con los protestantes, los judíos y los musulmanes; sus llamamientos repetidos para la anulación de la deuda de los países pobres y sus invitaciones a construir un mundo más solidario. También hay que recordar sus denuncias repetidas de la guerra de Irak, así como su deseo de ver a la Iglesia y a las organizaciones católicas participar de modo masivo en las manifestaciones populares de protesta contra esa guerra.

Algunos se sorprendieron de esa actitud tan antibelicista del difunto Papa. Olvidaban que Juan Pablo II se percató muy pronto de que la invasión de Irak, en marzo del 2003, podía haber sido interpretada en muchos países del Sur como un conflicto entre ricos y pobres, o como un enfrentamiento de civilizaciones.

Oponiéndose a esa guerra, el Papa fallecido consiguió evitar que los musulmanes del mundo la interpretasen como un choque entre cristianos y musulmanes..

Y también, de esa manera, Juan Pablo II quiso subrayar que el cristianismo ya no es reductible a Occidente. Si, hace cincuenta años, las tres primeras naciones católicas del mundo eran Francia, Italia y Alemania, hoy lo son Brasil, México y Filipinas. La mayoría de los católicos viven ahora en el Sur. El catolicismo se ha convertido en una religión del tercer mundo, en una fe de los pobres. Por eso, entre las especulaciones que circulan sobre la identidad del próximo Papa, muchos apuestan sobre la posibilidad de que el sucesor de Juan Pablo II sea, por vez primera en la historia milenaria de la Iglesia, un no europeo, un latinoamericano o un asiático.

En los Evangelios, los pobres ocupan un lugar central. La Iglesia siempre ha estado preocupada, acosada o atormentada por la cuestión de los pobres. Juan Pablo II decidió hacer suya la causa de los pobres y desafiar la globalización liberal. Por eso condenó muchas veces, de manera radical, el ultraliberalismo económico. Ya en 1987, en la encíclica Sollicitudo Rei Socialis, afirmaba que un crecimiento económico que no respetaba los derechos de los trabajadores «no era digno del hombre». En 1991, en Centessimus Annus, denunció los estragos de la globalización: despidos, precarización, salarios indecentes, marginalización de los inmigrantes y explotación de los países del Sur. En el 2001, ante la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, declaró que «la globalización es una inundación destructora que amenaza las normas sociales». Llegó a afirmar, como lo hacen los altermundialistas , que eran legítimas «las luchas contra un sistema económico que establece la superioridad absoluta del capital y de la propiedad de los instrumentos de producción sobre la libertad y la dignidad del trabajo del hombre».

En innumerables ocasiones, Juan Pablo II recordó que consideraba los derechos sociales, económicos y culturales como indivisibles. Y lamentó que estos derechos reciban mucha menos atención que los derechos políticos. Estimaba que había violación de los derechos de los más humildes cuando los medios financieros se oponían a la supresión de la deuda externa de los países pobres. En 1998 declaró que había una contradicción entre liberalismo económico y cristianismo, y repitió que «la pobreza constituye una de las situaciones que violan de la manera más grave el pleno ejercicio de los derechos humanos».

Hijo de una familia de trabajadores, Juan Pablo II deja el recuerdo de un Papa del pueblo, defensor de los derechos de los trabajadores. Queda ahora por esperar que el futuro pontífice no sea menos progresista frente a la globalización. Pero que lo sea muchísimo más en materia de doctrina y de moral.

 

 


 

 
 

 


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