¿AÚN ES POSIBLE EL INTERCAMBIO HUMANITARIO?
Por Athemay Sterling

( I )

Se nos pregunta con frecuencia:

 ¿Cuáles son las razones para que el gobierno actual no concrete un acuerdo que conduzca al intercambio humanitario entre personas privadas de su libertad como consecuencia del conflicto social y armado, unas en poder del estado hacinadas en cárceles colombianas como también las extraditadas y otras en poder de la insurgencia en selvas y cordilleras, si hay el suficiente blindaje jurídico para realizarlo?

La respuesta a esta pregunta nos conduce ineludiblemente a desnudar la política de estado como de clara estrategia  de guerra y única opción  desesperada para evitar que el movimiento popular en todas sus expresiones logre en el desarrollo de la lucha de clases seguir acumulando la fuerza, organización y unidad indispensables que conduzcan a un nuevo régimen o un nuevo gobierno. El movimiento popular colombiano es una opción de poder.

La característica del movimiento popular, en todas sus expresiones, llamado por otros "sociedad civil", se caracteriza por la confluencia de cuatro elementos:

( II )

¿Pero qué tiene que ver el intercambio humanitario en esta contradicción?
Si sólo es eso, humanitario.

El intercambio humanitario en Colombia tiene una virtud nueva: ser  demiurgo, motor de nuevos desenlaces políticos.

El propio desenvolvimiento de las contradicciones y complejidad del atípico conflicto  colombiano ha ratificado lo que hemos venido afirmando:
1- Que defender el intercambio humanitario es también defender la soberanía nacional contra la extradición utilizada por el estado como arma para perseguir y castigar a sus opositores políticos.
2-Defender el Intercambio humanitario es propiciar la juridicidad que coadyuve para la disminución de la intensidad del conflicto.
3- Defenderlo es luchar por el rescate de las libertades democráticas conculcadas por el autoritarismo estatal.
4- Patrocinarlo es reconocer la existencia de un agudo, complejo y atípico conflicto social y armado en Colombia que obliga a buscarle solución política. 5- El Intercambio Humanitario ya es una consigna democrática nacional de defensa a la vida, la integridad y la dignidad de la persona.

Toda esta esencia es antagónica a la política de guerra del estado, combinada con su política económica impositiva, avalada, sustentada y soportada ya directamente por el dominio unipolar imperialista

( III )

1. Un acuerdo hacia el intercambio humanitario o canje  revelará más el arrodillamiento de este régimen político al imperialismo,  demostrará su incapacidad, por un lado, para confrontar políticamente a sus opositores políticos a quienes extradita para perseguirlos y castigarlos,  también mostrará, a la vez, la inexistencia de una real democracia para que la oposición ejerza sus derechos. Colocará a la luz pública la pretensión oligárquica de terminar todo tipo de oposición al gobierno. El derecho de expresar libremente las concepciones políticos de los opositores se coarta diariamente, pues quien  se considere como opositor, el gobierno y su institucionalidad lo sindicará inmediatamente de rebelión, penalizando y criminalizando de esta manera la oposición, la protesta social y el ejercicio de los derechos.

2. El intercambio humanitario obligará al estado a cumplir la normatividad internacional y nacional que dice defender, e impulsará lo que desde las pasadas y vigentes recomendaciones de la otrora Comisión de los Notables indicó sobre la necesidad de buscar acuerdos conducentes a la disminución de la intensidad del conflicto, concepto más amplio y realista que el de humanizar la guerra, pues de lo que se pretende, es de acabarla, las guerras no se humanizan, son crueles por naturaleza. La Agenda Común firmada entre el Gobierno Colombiano y la insurgencia de las FARC en una población del Caquetá cuando las conversaciones del Caguán rotas unilateralmente por el Señor Presidente Andrés Pastrana, como él mismo lo afirmó en su último libro, dio pasos de avance humanitario que fueron desatendidos por la clase dirigente oligárquica del país, y ahora una concreción de acuerdo humanitario hacia el canje de prisioneros reafirmaría la vigencia de esta Agenda Común para la Nueva Colombia, como se denominó. Fortalecer la propuesta humanitaria del canje frenaría la opción de guerra del rescate militar a los retenidos.

3. Desde el inicio del actual gobierno se reafirmó la continuidad oligárquica de la restricción a la democracia, con intentos jurídicos fascistas como el fenecido y derrotado Estatuto Antiterrorista que se implementa ahora mediante otras formas, como las detenciones masivas que en su política estatal de guerra pretende descalificar al opositor político sindicándolo como terrorista o como dicen ahora narcoterroristas, en una ofensiva ideológica para legitimar la guerra ubicando a la población civil como objetivo, abrogando el principio de la distinción y colocando a toda la ciudadanía bajo el imperio del la presunción de culpabilidad, eliminando el principio democrático de la ley penal como es la presunción de inocencia. En este ejercicio estatal de visos claramente fascistas las cárceles se han atestado de presos políticos, acercándose a casi 3.500, sin contar a los también políticos, casi 850 insurgentes. El intercambio humanitario revelará, también ante la opinión pública, que los jueces y fiscales que en su autonomía hermenéutica y de la buena fe dieron libertad a todos los detenidos en pescas masivas fueron destituidos unos, y otros retenidos y procesados por el presunto delito de impartir justicia, o mejor, confrontar en el marco de la constitución y la ley al autoritarismo estatal. Los abogados defensores de los detenidos  en estas redadas masivas y de los presos políticos se les estigmatizan cuando se les tilda de terroristas y  auxiliadores de la guerrilla. El intercambio humanitario hará más visible este diario ocurrir, para que por lo menos se aplique y/o respeten el artículo 9º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que prescribe la protección de las personas ante la detención arbitraria, también del párrafo 1º del artículo 9º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que señala igual protección y la exigencia del debido proceso, el artículo 7º de la Convención Americana que obliga a los Estados Parte el respeto y la garantía de la libertad personal para evitar la pérdida de la libertad de manera arbitraria e ilegítima, de igual manera se exigirá que el estado cumpla, también, las prescripciones constitucionales 28 “…Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, si no en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley", la 29  ordena que "nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud propia de cada juicio, y la 93 que señala "los derechos y deberes consagrados en esta carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”
    

4. El acuerdo humanitario hacia el canje reafirmará la existencia atípica del conflicto social y armado colombiano que el actual gobierno intenta por todos los medios desconocer para unos casos, pero para otros lo reconoce con el objeto de concretar internacionalmente la financiación económica y militar de él, y en el interior crea impuestos, reaviva extraordinarios para la compra de excesivo material bélico terrestre, aéreo, de jungla, urbano, fluvial, marítimo, informático, satelital, dotación , entrenamiento, creación de nuevos contingentes, batallones de baja y alta montaña, aumenta el pie de fuerza, financia soldados campesinos, guardabosques con misión militar etc., el gasto militar llega al 4% del PIB, además de la inversión militar extrajera a través del Plan Colombia iniciado con el Señor Presidente Andrés Pastrana, la Iniciativa Andina y el Plan Patriota con el Señor Presidente Uribe, mientras la miseria se incrementa, el número de pobres aumenta, el desempleo crece, la economía informal reina, las viviendas las pierden los usuarios en beneficio del capital financiero con la ayuda de los juzgados civiles municipales y del circuito que fallan a favor de los bancos, la edad de jubilación es mayor, la cotización mayor y la pensión disminuida, disminuye el aporte estatal a la educación y a la salud con el soporte jurídico de la Ley 715 de 2001, la salud sigue convirtiéndose de derecho en servicio como consecuencia de la Ley 100/93, la estabilidad laboral se perdió con la ayuda legal de la ley 50/90, se precariza la vida laboral. La corrupción no disminuye. Se produce una contrarreforma agraria trasladando el dominio de la tierra de los campesinos e indígenas al paramilitarismo legalizado y a los nuevos terratenientes. Aumenta el número de pobres absolutos y relativos, se cierran total y/o parcialmente empresas y fábricas, como ha sido el caso de Yumbo, que de ser la Capital industrial de Colombia se ha convertido en la ciudad capital de empresas cerradas.
   
   En este marco el conflicto colombiano es atípico, es sui géneris, es propio colombiano, es a la vez social y armado, y no hay ni actores, ni espectadores, es un conflicto complejo y múltiple que involucra a toda la población de una u otra manera, nadie está excluido de él; la pretendida neutralidad activa no existe, nadie se salva de la rumba dice una canción, nadie está excluido de este conflicto social y armado, lo reafirma la realidad.
   
   El intercambio humanitario denunciará la doble moral gubernamental en este caso.
   
   El acuerdo humanitario se hará entre el estado y la insurgencia de cobertura nacional que se enfrentan militar y políticamente en toda la cobertura del país, demostrándose que existen unas partes en conflicto, una insurgencia como fuerza beligerante con carácter político, hecho que derrotaría la concepción de la inexistencia del conflicto y de la existencia de meros terroristas.
   
   Pero asumiendo la normatividad internacional el conflicto colombiano jurídicamente sería un conflicto típico: sólo armado sin carácter internacional, lo prescribiría así el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra y por lo tanto la misma Constitución Política, por ser ya parte de ella, según la Sentencia C-225 de Mayo 18 de 1995 que declaró exequible la Ley 171 de Diciembre 16 de 1994 aprobatoria de ese Instrumento Internacional, es decir, un conflicto donde se enfrentan unas fuerzas armadas regulares estatales, constitucionales, con otras fuerzas, también armadas, identificables que confrontan al estado, visten uniforme reconocido, llevan abiertamente las armas, dependen de un mando, conocen y admiten las normas y costumbres de la guerra y además son o fueron en algún momento reconocidos como tales por el estado que ellos confrontan de manera armada.
   
   Y en el evento de una supuesta reelección analistas políticos infieren que la Liberación de Ingrid Betancur  en ese momento y siendo ella nueva candidata presidencial derrotaría al presidente y candidato aislado regional e internacionalmente.

5. El Intercambio Humanitario como consigna democrática nacional de defensa a la vida, la integridad y la dignidad de la persona, impulsará la acción en pro de los derechos fundamentales para que su ejercicio sea real; hará seguramente que la ley de impunidad y olvido llamada de justicia y paz se desnude en toda su ineficacia. La sociedad, las familias y las propias víctimas exigirán que no haya ni perdón, ni olvido para los delitos de lesa humanidad y propugnarán por la verdad histórica, justicia y reparación integral. Los centenares de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales no podrán quedar impunes.
   
   Con la llamada Ley de Justicia y Paz, duramente criticada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que hace el estado es utilizar la normatividad, las instituciones y todos los instrumentos constitucionales y legales en armas de guerra para fortalecer un modelo de estado autoritario que si avanza con la impunidad y el olvido a los delitos de lesa humanidad, sin la verdad, sin justicia y sin reparación integral no sería posible el Intercambio Humanitario en esas condiciones.

( IV )

A pesar de todo la propuesta de Intercambio Humanitario es válida y sigue vigente.

La vigencia se fundamenta en la aspiración de la población colombiana de no estar de acuerdo con medidas de fuerza para resolver la crisis humanitaria; es vigente y lo ha sido a través de la historia colombiana pues se ha practicado y ejercitado desde la guerra de independencia; nuestro desarrollo político y militar ha sido prolífico en esos acuerdos humanitarios conducentes a canjes entre prisioneros de guerra.
Es vigente pues no va en contravía a las pretensiones humanitarias de los sectores democráticos y populares que sienten en carne propia los efectos de esa crisis humanitaria que día a día se agrava por acción, unas veces, omisión otras, y siempre sumisión del estado a la política imperial y de los sectores más atrasados y autoritarios que lo dirigen transitoriamente.

Es vigente, como vigente es la lucha por la defensa de las libertades democráticas que son recortadas y extinguidas en sectores importantes de la nación, prueba de ello son las continuas y masivas detenciones de ciudadanos que nada tienen que ver con las sindicaciones artificiales de las cuales son víctima; hasta los jueces y fiscales que en derecho y ejercicio de la defensa de los derechos fundamentales dan la libertad a esos ciudadanos son en última detenidos y encarcelados, ni la iglesia se salva de esta arremetida antidemocrática, últimamente un distinguido sacerdote de Magangue defensor de los derechos humanos fue retenido; educadores y estudiantes universitarios en la costa atlántica luego de ser detenidos y posteriormente dejados en libertad por ser inocentes aparecen asesinados, al igual de la cantidad de maestros y maestras afiliadas a FECODE son igualmente exterminados, la persecución y el asesinato de sindicalistas continúa. Centenares de dirigentes sindicales de la CUT, líderes campesinos y militantes de la oposición han sido víctimas de allanamientos, detenciones arbitrarias, amenazas, atentados y asesinatos.

Es vigente pues hay crisis humanitaria compleja y aguda, y esta crisis no se puede resolver convirtiendo los problemas sociales en problemas de orden público, la guerra no es vigente. La guerra ahonda el atraso económico del país.

Es vigente la necesidad de disminuir la intensidad del conflicto.

El intercambio humanitario va en esa vía, liberar a las personas privadas de su libertad como consecuencia del conflicto social y armado, unos en poder del estado como presos de guerra y presos políticos, populares y sindicales hacinados en las cárceles, y otros en las selvas y montañas sufriendo los rigores no sólo de la guerra sino de la naturaleza, y ahora del estado que sigue cerrando las puertas al intercambio humanitario, y lo peor: ha arrojado concientemente sus llaves para profundizar, agravar y agudizar el conflicto en todas sus manifestaciones; social, política y armada.

La propuesta de intercambio humanitario además de vigente, es válida.

Las alternativas están aquí planteadas.

Pradera y Florida esperan con su relieve colombiano y la comunidad esperanzada la desmilitarización temporal para que las partes beligerantes se reúnan en un primer encuentro y acuerden el intercambio humanitario entre todas las personas privadas de su libertad como consecuencia del conflicto social y armado colombiano.

V

Para que el Estado no olvide a sus conciudadanos quienes están retenidos por la insurgencia no por lo que  son sino por lo que ellos representan en el marco del conflicto interno social y armado, los presentamos a continuación.

.Civiles: Excandidata Presidencial Ingrid Betancourt y su asesora Clara Rojas; los diputados vallunos Héctor Arismendi, Carlos Barragán, Carlos Charry, Ramiro Echeverri, Francisco Giraldo, Jairo Hoyos, Sigifredo López, Juan Carlos Narváez, Nacianceno Orozco, Edinson Pérez, Alberto Quintero, Rufino Varela; los congresistas Jorge Eduardo Gechen, Consuelo González, Orlando beltrán, Luis Eladio Pérez, Gloria Polanco, Oscar Lizcano; el exgobernador del Meta Alan Jara y el ex ministro Fernando Araujo.

Militares Norteamericanos Thomas Howe, Marc Gonsalves y Keith Stannsen.

Oficiales y suboficiales del Ejército Nacional: tenientes Juan Carlos Bermeo, Raimundo Malagón; sargentos Harvey Delgado, Luis Moreno, José Ricardo Marulanda, Erasmo Romero; cabos Luis Beltrán, Róbinson salcedo, Amaon Flórez, José Miguel Arteaga, Luis Arturo Arcía, William Pérez, Libio Martínez.

Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional: Coronel Luis Mendieta, capitanes Edgar Duarte, Julián Guevara; teniente William Donato, sargentos César Lasso, Luis Erazo; cabos José Libardo Forero, Jhon Durán, Julio Buitrago, Enrique Murillo; Subtenientes Javier Rodríguez, Wilson Rojas, Elkin Fernández, Jorge Romero, Alvaro Moreno, Luis Peña, Armando Castellanos, Jhon Pintado, Carlos Duarte y Jorge Trujillo.

Falta conocer de igual manera a los retenidos políticos por el Estado Colombiano en el contexto de este conflicto.

VI

Por último recordando a Simón Bolívar:

La política para él no se reducía entonces y sólo a la coacción o violencia

El episodio del Armisticio de 1.820 con Morillo es el ejemplo más elocuente de la concepción bolivariana al respecto, al general español le insistía que prefería la paz a la guerra, a pesar que el resultado de la campaña le era favorable y se perfilaba la derrota militar del invasor. Esto porque Bolívar reconocía que la guerra es uno de los fenómenos más azarosos, con consecuencias impredecibles e inciertas, como lo recordó a Santander en la carta del 11 de enero de 1.820: “La suerte de la guerra es impenetrable para los hombres... la fortuna es generalmente ciega... Por lo tanto valía la pena negociar si con ello era razonable esperar consecuencias positivas a la causa independentista.”

El Libertador pensaba en como ahorrar sufrimiento y penalidades innecesarias, dado el efecto devastador de la guerra, en el cumplimiento de la tarea histórica de expulsar al opresor y conquistar la independencia y el bienestar de los pueblos americanos.

 SIMÓN BOLIVAR a Santander le escribía en tal sentido el 23 de Febrero de 1.825 diciéndole que: “En política nada vale tanto y cuesta menos como las demostraciones de respeto y consideración, sobre todo cuando la superioridad es marcada y no se puede atribuir a timidez”. 

Ayer el  27 de noviembre de 1820, en el pueblo de Santa Ana, en Trujillo, se realizó la histórica entrevista entre Bolívar y el Jefe realista Pablo Morillo, para ratificar con un abrazo los Tratados que acababan de firmar sobre Regularización de la Guerra entre España y Colombia, representadas ambas naciones por Pablo Morillo y Simón Bolívar, respectivamente.

Según el propio Libertador Simón Bolívar, este Tratado «…es digno del alma del General de Brigada Antonio José de Sucre Sucre…» (1), por el cual desde ahora en adelante «…se hará la guerra entre España y Colombia como la hacen los pueblos civilizados…».

El “Tratado de Armisticio de Trujillo” firmado por seis meses  tenía por objeto suspender las hostilidades para facilitar las conversaciones entre los dos bandos, con miras a concertar la paz definitiva, obligaba a ambos ejércitos a permanecer en las posiciones que ocupaban en el momento de su firma. Histórico Tratado político-militar firmado en el preludio del victorioso y posterior 24 de junio de 1821. (2)

Este Tratado fijó como línea de demarcación “…el río Unare, remontándolo desde su embocadura al mar hasta donde recibe el Guanape; las corrientes de éste subiendo hasta su origen; de aquí una línea hasta el nacimiento del Manapire; las corrientes de éste hasta el Orinoco; la ribera izquierda de éste hasta la confluencia del Apure; éste hasta donde recibe al Santo Domingo; las aguas de éste hasta la ciudad de Barinas, de donde se tirará una línea recta hasta Boconó de Trujillo; y de aquí la línea natural de demarcación que divide la Provincia de Caracas del Departamento de Trujillo".

En referencia al intercambio humanitario indicó con claridad  en su Artículo segundo  que “…Todo militar o dependiente de un ejército  tomado  en el campo de batalla, aún antes de decidirse  ésta, se conservará  y guardará como prisionero de guerra,  y será tratado y respetado  conforme a su grado, hasta lograr su canje…”

De igual manera planteó de manera imperativa “… la protección de la población civil y de los combatientes heridos o enfermos, establece la obligatoriedad del canje entre prisioneros de guerra, y prohíbe la aplicación de la pena de muerte para conspiradores y desertores que se alisten en las fuerzas opositoras…”

¡¡¡ Todo un Tratado de Gentes, un Tratado Humanitario!!!

  Termino como el poeta y patriota cubano José Martí cuando afirmó:

   "Lo que Bolívar dejó sin hacer, sin hacer está hasta hoy. Porque Bolívar tiene que hacer en América todavía”

 En homenaje a Bolívar adelante por el intercambio humanitario.

Muchas gracias.
Cali Octubre de 2005