Los Tratados de Libre Comercio, el Plan Puebla-Panamá (PPP) y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), en el contexto neoliberal, buscan maximizar las ganancias para las empresas transnacionales. Es la simple lógica del mercado, de la competencia; de la apropiación de las riquezas, de los bienes, de los insumos y los precios; es el control de toda la vida. En este marco, una de las áreas donde las empresas obtienen mayores ganancias es en la explotación de los trabajadores. Y la Coca-Cola, como todas las grandes transnacionales, se benefician de las políticas de ajuste que los países implementan obligados por el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Y esto ha sido y es así, aunque no nos guste. Y no es discurso ideológico.

Al aspecto que ahora nos interesa se le llama “reforma laboral”, “hacer competitiva la mano de obra”, “fortalecer el capital humano”, “reducir los costos de producción”, entre otros conceptos que usan los gobiernos y las grandes empresas. En la práctica esto implica congelar los salarios; eliminar los sindicatos; desaparecer los contratos colectivos de trabajo; eliminar las prestaciones sociales (créditos para vivienda, salud, etc.); despedir a los trabajadores antiguos y con eso los procesos de indeminización futuras; eliminar las jubilaciones y las pensiones; eliminar el reparto de utilidades; convertir todo trabajo en empleo temporal; apropiarse de los ahorros de los trabajadores secuestrándolos en los bancos para beneficio de los mismos bancos; disminuir los costos de equipo de seguridad del trabajador; emplear los despidos masivos; extorsionar a los trabajadores exigiéndoles horas extras de trabajo sin pagarlas, o se les amenaza con entregar el puesto a otro empleado que lo necesita; entre otras muchas acciones que afectan a los trabajadores. También hay otras medidas de “ajuste” como es la liberación del control sobre los precios de los productos básicos y más importantes para la alimentación familiar; la eliminación de los subsidios a los productos de consumo básicos; la privatización del sector salud y educativo; el aumento a los servicios que presta el Estado; el aumento de los impuestos, etc., etc. Todas estas medidas acaban ahorcando al trabajador.

Bueno, pues de todo esto ha hecho uso y beneficio la Compañía Coca-Cola. Incluso en Colombia se le acusó de utilizar las Cooperativas de trabajo asociados quienes asumen una parte de la cadena productiva a riesgo propio y sin costo para la Compañía. De esa manera evitan el pago de salarios justos y otros beneficios laborales y desplazan a la mano de obra sindicalizada protegida por convenciones laborales. Al mismo tiempo controlan las condiciones de contratación de servicios con estas cooperativas, garantizando la favorabilidad para sus intereses. Pero la Coca-Cola ha ido más allá. El Estado y las transnacionales como Nestlé y Coca-Cola han desatado una campaña para convertir en crimen toda protesta social que incluye desde difamaciones vinculando a los sindicatos que atenta contra sus interesas con las organizaciones guerrilleras, hasta acciones jurídicas en contra de los dirigentes por supuestos hechos de terrorismo y rebelión, basadas en montajes y pruebas falsas, calumnias, difamaciones a trabajadores y hasta allanamientos de las sedes sindicales.

LA COCA-COLA, LOS PARAMILITARES Y LOS DERECHOS HUMANOS

Presentaremos ahora algunos casos más escandalosos de violación a los derechos humanos donde la Coca-Cola ha participado.

GUATEMALA: Desde que se conformó el sindicato de trabajadores de la Coca-Cola en 1968 hasta 1980 fueron asesinados seis de sus dirigentes y desaparecidos otros cuatro. El 2 de enero de 1980 la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación (IUF) envió por correo a sus afiliados un retrato manchado en sangre de Pedro Quevedo, el primer asesinado sindicalista de Coca-Cola. En mayo cayeron otros cuatro. Sindicalistas y manifestantes de América Latina, profundamente indignados, derribaron los letreros de puestos de venta. En Guatemala se leían los carteles de propaganda de la Compañía que decían: ¡COCA-COLA: LA CHISPA DE LA MUERTE! También se dio la ocupación militar de fábricas y sedes sindicales por parte del ejército guatemalteco y cuerpos armados de la transnacional. En una de ellas, el 21 de junio de1980, fue torturado y asesinado Edgar Rene Aldana Ruano.

PERÚ: La última década fue difícil para los trabajadores de la Embotelladora Latinoamericana S.A. A partir de 1993 se fue desplazando al personal con más antigüedad hasta lograr la disolución del Sindicato en 1995. A lo largo de esos años hasta la caída del presidente Fujimori, los trabajadores sufrieron los recortes de los derechos laborales, bajos salarios, jornadas extras sin pagarlas, trabajo nocturno mal remunerados y contratos a terceros para labores ordinarias y permanentes de la empresa. A partir de 2001 los trabajadores intentaron organizarse nuevamente para defender sus derechos. Llevaron a cabo reuniones clandestinas hasta que en marzo de 2002 realizaron una asamblea con 79 trabajadores. Ahí fue elegido el primer comité ejecutivo por dos años. La embotelladora de Coca-Cola, al enterarse, comenzó a despedir a los afiliados y dirigentes sindicales. Sin embargo ante el respaldo de otros sindicatos y organizaciones la empresa contrató nuevamente a los despedidos.

AUSTRALIA: La poderosa confederación sindical de la Construcción Madera Minas y Energía de Australia anunció un bloqueo internacional a los productos de la Coca-Cola y exigir una sanción a quienes financian grupos paramilitares en Colombia. También exigió el respeto a la vida del pueblo trabajador colombiano, que se investiguen por autoridades nacionales e internacionales los crímenes cometidos por funcionarios de Coca-Cola. De no aclararse, juzgar y penalizar a los responsables, llamaría a un bloqueo internacional de todos los productos de la multinacional con el apoyo de las filiales sindicales de trabajadores a nivel mundial. Andrew Ferguson, Secretario General del sindicato, señaló a ANNCOL, que “su organización había enviado a las directivas internacionales de Coca-Cola mensajes enérgicos contra el paramilitarismo de esa compañía y su complicidad en el crimen de opositores al régimen que lidera Alvaro Uribe Velez, con la gracia y el beneplácito del gobierno de los Estados Unidos”. Por su lado, el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, con sede en Australia que orienta Vluadin Vega, Susana Rivas y Gladis Almario, emitió un comunicado respaldando la posición del sindicato australiano que califico de "sin precedente y de gran valor civil, que favorece al pueblo colombiano en lucha contra el paramilitarismo gubernamental y en la defensa de los derechos humanos respetar la vida y el trabajo, en esa guerra civil que afronta Colombia." El 17 de abril de 2002 los sindicatos de la Coca Cola en Colombia, Venezuela, Zimbabwe y Filipinas iniciaron movilizaciones destinadas a denunciar las constantes violaciones de derechos humanos por parte de la dirección de la multinacional en Colombia. Exigen que Coca Cola firme un protocolo que garantice el respeto a los derechos de los trabajadores en todas las fábricas de la multinacional en el mundo. Pero, ¿qué fue lo que pasó en Colombia? No lo vas a creer.

COLOMBIA: En Colombia existen 20 plantas embotelladoras de Coca-Cola. Sus trabajadores están organizados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de Colombia (SINALTRAINAL) fundado en 1982, aunque sus raíces vienen de hace 50 años con la llegada de la transnacional Nestlé al país. SINALTRAINAL agrupa a los trabajadores de las transnacionales Nestlé, Coca-Cola y Corn Products Corporations. Es en 1986 cuando da inicio el terror contra el sindicato por parte de estas empresas asociadas al gobierno y grupos paramilitares. Ese año es asesinado Héctor Daniel Useche Berón, trabajador de la empresa Nestlé y dirigente de SINALTRAINAL. Hasta la fecha el saldo ha sido de 14 dirigentes asesinados, 8 de ellos trabajadores de la Nestlé, y 7 de trabajadores de la Coca-Cola de los cuales 3 fueron asesinados en plena negociación por los derechos laborales con la empresa. Además el saldo alcanza a 48 desplazados, dos exiliados, dos desaparecidos y numerosas detenciones injustas de dirigentes. Las movilizaciones y protestas obreras han sido militarizadas y en muchos casos los escoltas personales de los Gerentes de Coca-Cola y sus cuerpos de seguridad han sido utilizados para reprimir la organización sindical. Mientras, la legislación laboral y los derechos convencionales han sido permanentemente violados y disminuidos. En los últimos años Coca Cola; Nestlé; Fruco C.P.I.; Indunal S.A. cuyo dueño es el congresista Fuad Char Abdalá; Meals de Colombia y otras empresas donde el sindicato tiene socios, han despedido más de 20 mil trabajadores y trabajadoras. La mitad de éstos por parte de Coca-Cola, remplazándolos por mano de obra contratada de manera temporal. Por su lado el gobierno ha fortalecido la campaña de criminalizar las protestas y demandas, al tiempo en que se inicia el proceso de ofertar al gran capital los embalses de agua.

Los paramilitares defienden que hay que acabar con cualquier tipo de resistencia que obstaculice la entrada de las empresas multinacionales y del ALCA. Las regiones donde se producen mayores masacres y desplazamiento de campesinos del campo a la ciudad son aquellas donde se encuentran los mayores recursos. Actualmente existen más de 3 millones de habitantes desplazados del campo a la ciudad en Colombia, muchos de ellos familiares de trabajadores de las trasnacionales o víctimas de la violencia que se vive en aquellas áreas donde las trasnacionales tienen intereses. Esta estrategia del terror corporativo y de estado ha causado que en los últimos diez años SINALTRAINAL haya reducido el número de afiliados de 5,400 a 2,300 trabajadores. El gobierno no llevado a cabo las averiguaciones ni castigado a los culpables de dichos crímenes, además de otorgar más garantías a las grandes corporaciones multinacionales con reformas que las benefician, privatizando empresas y recursos naturales, creando zonas de maquiladoras. A ello se le suma el Plan Colombia del gobierno de los Estados Unidos que agudiza el escalamiento de la violencia y la eliminación de las organizaciones sociales.

En la Coca-Cola corre la sangre de sus trabajadores sindicalizados. En 1992 el Gerente de Coca-Cola, José Gabriel Castro, acusó públicamente a los trabajadores y al sindicato de ser agentes de la guerrilla. En 1994 es asesinado José Manco David. Un año después cae otro trabajador de la Coca-Cola, Luis Enrique Gómez Granados. También en 1995 el ejército colombiano allana las instalaciones de la Cooperativa de los Trabajadores al Servicio de Coca-Cola y afiliados a SINALTRAINAL, lo que repite un año después el Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional. En 1996 los paramilitares llegan a la Planta de Coca Cola y disparan cuatro veces en la cabeza, seis en el pecho y en los testículos a Isidro Segundo Gil Gil, Secretario General de SINALTRAINAL de la Seccional Carepa, y negociador del Pliego de Peticiones que se había presentado a la empresa. Luego de asesinarlo, los paramilitares entran nuevamente por la fuerza a la sede sindical, la saquean y le prenden fuego. Luego convocan una reunión de trabajadores en el interior de la planta donde amenazan con matarlos a todos si no renunciaban al sindicato esa misma tarde. A finales del mismo año, un trabajador de 65 años de edad, José Libardo Osorio Herrera, es sacado por la fuerza de la planta Coca-Cola en Carepa por personas fuertemente armadas y luego es asesinado. Antes de terminar el mes de diciembre del mismo año, SINALTRAINAL recibió 43 renuncias mecanografiadas, todas escritas igual. Otros trabajadores abandonaron el pueblo de Carepa y algunos todavía están escondidos. Cuatro años después, el 18 de noviembre de 2000, es asesinada Alcira del Carmen Herrera Pérez. Era la esposa de Isidro.

Un ex trabajador de Carepa dijo a Reuters que los paramilitares intentaron matarlo a él después de asesinar a Gil. El trabajador ha vivido escondido durante los últimos cuatro años, con su mujer y sus dos hijas. Cuando los paramilitares lo detectan tiene que esconderse en otro pueblo. "Yo acababa de entrar a trabajar y estaba en la bodega trabajando cuando oí el primer disparo. Yo miré y ya Isidro iba cayendo, inclusive yo fui el primero que llegó donde él cayó, pero cuando yo llegué donde él, ya estaba muerto", relató. La empresa Panamco, que embotella 95% de la Coca-Cola de Colombia, negó tener vínculos con los paramilitares y amenazó con demandar a quien le involucrara en esos hechos. Sin embargo, otro de sus trabajadores en la ciudad de Cúcuta denunció que fue secuestrado por hombres armados quienes le exigieron que dejara de causar problemas para Coca-Cola. Por lo anterior, el presidente nacional de SINALTRAINAL, Javier Correa, aseguró que existe una conducta de acoso en las plantas embotelladoras de Coca-Cola en Colombia. También denunció frecuentes amenazas de muerte. "Las amenazas telefónicas a la casa son permanentes, en la última ocasión nos dejaron un mensaje donde decían: Con esto es que lo vamos a picar', y enseguida prendieron una motosierra", dijo en una entrevista en la sede del sindicato en Bogotá. Correa dijo que la mayoría de los trabajadores en las embotelladoras de Coca-Cola en Colombia están ahora subcontratados y no están afiliados a sindicatos. En la planta de Carepa, el sindicato había presentado una petición formal para renegociar las condiciones laborales con la compañía a finales de noviembre de 1996. Sin embargo, el sindicato confirmó que en el último día que tenía la compañía para responder, fue asesinado el sindicalista Gil. El gerente de la planta y otro directivo admitieron en su testimonio que los paramilitares entraron en los terrenos de la fábrica pero dijeron que temieron intervenir. Otros directivos testificaron que sabían que los paramilitares habían amenazado a los trabajadores del sindicato. Al final las autoridades responsabilizaron a los paramilitares pero no fincaron responsabilidades a los directivos. La United Steelworkers of America e International Labor Rights Fund presentaron la demanda judicial en nombre de los familiares de Gil y de SINALTRAINAL.

En 1999 la revista CAMBIO 16 publicó un artículo donde señala que la empresa ha solucionado sus problemas por medio de grupos paramilitares, y acusó que el año anterior algunos directivos de Coca-Cola se habían reunido en Montería con un mensajero del jefe paramilitar Carlos Castaño. Al año siguiente es asesinado Oscar Darío Soto Polo, trabajador de la Coca-Cola en Montería. Según Amnistía Internacional, al menos 112 sindicalistas colombianos fueron asesinados en el año 2000. Entre los años 2000 y 2001, las embotelladoras de Coca-Cola en toda Colombia encerraron contra su voluntad a los trabajadores y trabajadoras con el fin de presionarlos para que renunciaran a sus contratos de trabajo. Quienes no renunciaron fueron despedidos. Con estos antecedentes, SINALTRAINAL presentó una demanda penal contra Coca-Cola ante la Corte del Distrito Sur de la Florida (Miami) en los Estados Unidos, invocando la llamada Ley Alien Torts Claims Act (ATCA), aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en 1789. El sindicato recibió la solidaridad de United Steel Workers y del Fondo Internacional de Derechos Laborales de los Estados Unidos. Pero los trabajadores colombianos no se quedaron sólo con la estrategia legal y lanzaron una movilización social por medio de una Audiencia Pública Popular. Con ella pretendieron crear mecanismos de protección, atención, acompañamiento y solidaridad para con los sindicalistas y la sociedad civil. Del mismo modo con la Audiencia se buscó “vincular de manera activa las luchas de los trabajadores colombianos contra el Terrorismo de Estado, la Impunidad, las transnacionales y el neoliberalismo, al movimiento mundial de resistencia contra la globalización y por la búsqueda de la justicia social.”

La Audiencia se propuso llevar a cabo denuncias contra la Coca-Cola en tres eventos públicos en el año 2002, en Atlanta, Bruselas y Bogotá, con el objetivo de juzgar y condenar a la transnacional Coca Cola y al Estado de Colombia por la sistemática violación de los Derechos Humanos de los trabajadores, reflejada en asesinatos, detenciones, desplazamientos forzados, amenazas, despidos, violaciones a los convenios nacionales e internacionales y el daño al medio ambiente. “Presionar tanto a la empresa Coca Cola como al Estado Colombiano para que desistan de su política de persecución, criminalización y exterminio de los trabajadores y la organización sindical y apliquen la normatividad vigente para el respeto de los Derechos Humanos y la preservación del medio ambiente.” La Audiencia también pretendió “Programar acciones de lucha contra la Transnacional Coca-Cola y de solidaridad con sus trabajadores. La Audiencia fortalecerá la lucha contra la impunidad y la construcción del gran movimiento antiglobalización.” La iniciativa popular fue muy interesante y se erigió como una especie de tribunal popular que estaría integrada por personalidades y representantes de organizaciones sociales de diferentes países que, por sus principios humanistas, garantizaran la imparcialidad de la investigación y de la declaración política que se emitiera. “SINALTRAINAL documentará los casos más significativos de crímenes y atropellos cometidos contra los trabajadores y la organización sindical. La presentación de los casos será jurídica, testimonial y documental y se entregará a los participantes. Los representantes de las organizaciones sociales y personalidades, dentro de su autonomía, valoraran los casos presentados y ordenaran las pruebas que crean necesarias para establecer la veracidad de los casos y los niveles de responsabilidad de los sindicados Coca Cola y el Estado Colombiano.”

El 31 de marzo de 2003, el juez José E. Martínez concluyó que los casos presentados por los demandantes colombianos bajo el Alien Tort Claims Act ("ATCA") sobre violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas paramilitares en nombre de los embotelladores de Coca-Cola Panamerican Beverages, Inc. ("Panamco") y Bebidas y Alimentos ("Bebidas") en Colombia, pueden avanzar. La corte decidió que los alegatos fueron suficientes para permitir que el caso continúe, bajo la teoría que los paramilitares tenían relación con el gobierno colombiano. Con esta teoría se llena el requisito del ATCA que dice que tiene que haber un componente de "acción del estado" en los actos de violencia contra los demandantes, y esto permite que las demandas proceden contra los actores privados Panamco y Bebidas. Así, el 4 de abril de 2003 los trabajadores de SINALTRAINAL llaman al boicot internacional contra los productos de la Compañía Coca-Cola afirmando que «Con el boicot defendemos nuestro derecho a la vida»

La Coca-Cola decide no quedarse atrás e interpone una demanda contra siete trabajadores sindicalizados de SINALTRAINAL acusándolos de injuria y calumnia. El abogado de Coca-Cola, Bernal Cuellar, quien fuera Procurador General de Colombia cuando fueron los crímenes denunciados, fue informado de que el Fiscal Seccional 61 Dr. Juan Carlos Lozada, había aceptado la acusación de la compañía el 6 de agosto del 2003 en contra de los trabajadores. Pero un mes después, el 10 de Septiembre el sindicato volvió a denunciar otros hechos. Cuatro sujetos con sus rostros cubiertos con capuchas bajaron de su bicicleta al muchacho de quince años David José Carranza Calle, en Barranquilla. Lo subieron a la fuerza a una camioneta blanca, se lo llevaron y lo torturaron preguntándole por el paradero de su padre, trabajador de Coca Cola y dirigente nacional de Sinaltrainal, Limberto Carranza. Varias horas más tarde lo arrojaron en el sitio conocido como Cañón de la Ahuyama. Mientras eso ocurría, en casa de Limberto Carranza se recibía una llamada telefónica con la siguiente amenaza: “sindicalista hijueputa, te vamos a quebrar, sino te quebramos a ti, haremos un atentado contra la vivienda”. El sindicato ha denunciado que “este hecho se suma a la lista asesinados, amenazados de muerte, desplazados forzosos, encarcelados, despidos masivos, atentados, siendo el más reciente el intento de asesinato el 22 de Agosto de este año contra Juan Carlos Galvis, vicepresidente de SINALTRAINAL en Barrancabermeja y las presiones intimidatorias que seguimos recibiendo en diferentes regiones”.

En opinión de la organización sindical, Coca-Cola Femsa S.A. reactivó nuevamente la “ofensiva criminal contra los trabajadores” a luego de iniciar su resistencia el 9 de septiembre de 2003. SINALTRAINAL denuncia que se “sigue encerrando a la fuerza en hoteles y en las embotelladoras a los trabajadores, presionándolos para que renuncien a sus contratos de trabajo a cambio de una indemnización económica”. El sindicato asegura que “Esta arremetida de Coca Cola Femsa SA forma parte de su estrategia de reducción de costos, subcontratación de mano de obra, eliminación de la organización sindical y el convenio colectivo de trabajo, para concentrar la producción en un número mínimo de embotelladoras (megaplantas) con menos trabajadores y desde allí abastecer el mercado con centros de distribución. Visionamos por muchos años que la empresa estaba preparando el camino para darle este golpe a los trabajadores y se aprovecha hoy de las ventajas que el actual gobierno de Álvaro Uribe Vélez le ha venido otorgando, con el llamado proceso de globalización y los beneficios que le traerá el ALCA”.

La Coca-Cola anunció el cierre de las líneas de producción de Barrancabermeja, Pereira, Cúcuta, Valledupar, Montería, Cartagena y Pasto. Luego notificó el despido de 300 trabajadores en todo el país. Esto provocó una movilización y repudio de la población y los trabajadores por la violación a los contratos colectivos de trabajo y los derechos laborales. Consignas se desplegaron en Barrancabermeja por parte de los trabajadores de la Embotelladora de Santander. William Mendoza, líder de SINATRAINAL, señaló que el personal de administración en todas las plantas del país está siendo despedido y señaló que "La ofensiva de la empresa es ahora con la administración. Nos enteramos que la empresa solicitó la aprobación del despido colectivo de los trabajadores al Ministerio de Trabajo". También informó que se instalarán carpas y tiendas para permanecer en paro en forma de protesta y de manera indefinida. También explicó que "Hay unos artículos convencionales que nos protegen y que hablan de la reubicación de los trabajadores afectados por cierres parciales o totales de las líneas de producción" acotó el dirigente sindical. Mendoza añadió que con el cierre de la línea de producción de la planta del Puerto Petrolero los trabajadores "no aceptarán el arreglo económico propuesto por la multinacional ya que esto implicaría la liquidación del sindicato". Sin embargo, se pudo constatar que entre los 70 trabajadores que fueron despedidos el pasado 10 de septiembre, algunos están llegando a un posible arreglo económico con la empresa.

El sindicato hace un llamamiento a “apoyar la campaña mundial contra Coca Cola, de no consumo, desinversión y protesta permanente de toda la población para garantizar que la empresa no logre su objetivo de llevar sus productos de otras ciudades y posiblemente de otros países, manteniendo su mercado, aumentando su rentabilidad y dejando en la calle a miles de familias”.

Tú, ¿cómo ves? Si no tienes suficiente, espera a que luego hablemos de la Coca-Cola en México y específicamente en Chiapas.

Fuentes: “Coca Cola, una historia empresarial de terror y crimen”, Sinaltrainal/Rebelión, 3 de septiembre del 2002; Grupo de Apoyo Suiza, “Colombia Nunca Más”; SINALTRAINAL; Boletín Informativo Comercio y Desarrollo, No.10, Abril 2002, Guatemala; Sinatrel; Reuters; Organic & Food News; Organic Consumers Association; UITA, Secretaría Regional Latinoamericana, Montevideo, Uruguay; Diarios de Urgencia, Resumen Latinoamericano No. 303; Edgar Omar Bustos, “Barrancabermeja: por cierre de las factorías protestan trabajadores despedidos de Coca Cola”, Sunday September 21, 2003 at 06:03 AM; Vanguardia.com Bucaramanga – Colombia

Gustavo Castro Soto
CIEPAC, A.C.
ciepac@laneta.apc.org.